Puente ningunea a Mallorca: cinco peticiones de reunión sobre el convenio de carreteras siguen sin respuesta

Cinco cartas. Cinco peticiones formales. Más de un año de espera... Y ni una sola respuesta. Como quien oye llover. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha vuelto a dirigirse al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para solicitar una reunión que permita desbloquear uno de los grandes asuntos pendientes entre el Estado y Baleares: la firma de un nuevo convenio de carreteras para Mallorca.

Es la quinta vez que el presidente insular remite al Ministerio de Transportes o a la Secretaría de Estado desde que comenzó esta reclamación institucional. Cinco intentos por abrir una vía de diálogo que, según denuncia el propio Consell, han caído hasta ahora en saco roto. Ninguno ha obtenido respuesta.

La insistencia de Galmés llega, además, en un momento en el que la petición cuenta con un respaldo político que trasciende al propio Consell. El pasado 26 de mayo, la Comisión Mixta de Insularidad del Congreso de los Diputados y del Senado aprobó instar al Gobierno central a negociar un nuevo convenio de carreteras para Mallorca. La iniciativa salió adelante con el apoyo de prácticamente todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, lo que el Consell interpreta como un mandato político suficiente para que el Ministerio se siente, al menos, a negociar. Sin embargo, más de un mes después de aquel acuerdo parlamentario, la respuesta sigue sin llegar. Por ello, Galmés ha optado por volver a escribir al ministro con la esperanza de que, esta vez, el Gobierno atienda una reivindicación que considera estratégica para la isla.

350 millones: la importancia del convenio

El convenio de carreteras constituye uno de los principales frentes abiertos entre el Estado y las instituciones baleares en materia de infraestructuras. Sobre la mesa hay alrededor de 350 millones de euros destinados a financiar actuaciones consideradas esenciales para mejorar la movilidad y la seguridad de la red viaria mallorquina.

En su carta, el presidente del Consell recuerda que Mallorca no reclama un trato de favor, sino una financiación equiparable a la que ya disfrutan otros territorios insulares. En este sentido, vuelve a poner como ejemplo el convenio firmado por el Estado con Canarias, que contempla una financiación plurianual para inversiones en carreteras, mientras Mallorca continúa esperando que se abra siquiera una negociación.

Y no es un reclamo precisamente «sacado de la chistera» a menos de un año de elecciones. El convenio original entre el Estado y el Consell de Mallorca fue suscrito en 2007. Tras diversas modificaciones, el anterior equipo de gobierno de la institución insular acordó en diciembre de 2021 liquidar la parte ejecutada hasta octubre de 2020, quedando pendiente una importante cantidad económica destinada a infraestructuras que finalmente nunca llegó a materializarse. Con la actualización de costes, el volumen de inversiones pendientes ronda actualmente los 350 millones de euros.

Las finalidades

Ese dinero serviría para ejecutar o impulsar proyectos que el Consell considera prioritarios para la movilidad de la isla. Entre ellos figuran actuaciones como la mejora del enlace de Cala Major, las variantes de Inca, Artà y Campanet, la ronda de Sencelles, nuevos viales cívicos, aparcamientos disuasorios o diferentes intervenciones sobre la Vía de Cintura y otras carreteras de la red insular. En conjunto, la propuesta de inversiones que plantea la institución suma unos 230 millones de euros, a los que habría que añadir la actualización económica del convenio anterior hasta alcanzar esos 350 millones reclamados.

El desencuentro entre ambas administraciones viene de lejos. Ya en marzo de 2023, el Gobierno central comunicó al Consell que las inversiones en carreteras debían financiarse a través del factor de insularidad previsto en el Régimen Especial de Baleares y no mediante un convenio específico. Una interpretación que la institución mallorquina rechaza desde entonces al considerar que ambos instrumentos responden a finalidades distintas y que el fondo de insularidad no puede utilizarse para sustituir compromisos económicos previamente adquiridos por el Estado.

Frente común... frente a la tibieza del PSOE

Lejos de rebajar el tono de la reivindicación, el Consell ha ido reforzando el respaldo institucional a esta demanda. En marzo de este año, Galmés reunió a representantes de diferentes partidos para impulsar un frente común que acabó cristalizando en una moción aprobada por el pleno insular con el apoyo del PP, Vox, Més y El Pi, mientras el PSIB optó por la abstención. Dos meses después, la iniciativa dio el salto al Congreso y al Senado, donde obtuvo un amplio respaldo parlamentario.

Con ese aval político, el presidente del Consell considera que el Gobierno dispone ya de suficientes argumentos para abrir una negociación que permita avanzar hacia un nuevo convenio. En la carta remitida al ministro, Galmés sostiene que Mallorca «no pide privilegios», sino un trato equivalente al dispensado a otros territorios insulares y recuerda que esos recursos resultan imprescindibles para modernizar una red viaria sometida a una presión creciente por el aumento del tráfico y de la población. Mallorca (Baleares, en general) es la España que se llena –no la vaciada– y sus carreteras lo notan.