El abuso de bebidas energéticas pasa factura
Baleares declara la guerra a las bebidas energéticas: hasta 60.000 euros de multa por venderlas a menores
El Parlament respalda por unanimidad la prohibición después de que el 47,7 % de los jóvenes de 14 a 18 años reconociera haberlas consumido en el último mes
Baleares prohíbe la venta de bebidas energéticas a los menores de 18 años. El Parlament ha convalidado este miércoles por unanimidad el decreto ley aprobado por el Govern el pasado 7 de agosto para proteger la salud de niños y adolescentes y que contempla multas de entre 6.001 y 60.000 euros por incumplir la prohibición.
La medida somete estos productos a las mismas restricciones de venta a menores que ya se aplican al alcohol y al tabaco. Su aplicación requerirá que supermercados, grandes superficies, pequeños comercios y distribuidores adapten sus procedimientos de venta y control de edad.
La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido ante el Parlament que la norma tiene «una única y clara finalidad»: proteger la salud de los niños y adolescentes.
«Nace de una realidad que no podemos ignorar», ha señalado García, en referencia al incremento «preocupante» del consumo de determinados productos y sustancias entre los menores, especialmente las bebidas energéticas y el uso recreativo del óxido nitroso, conocido como «gas de la risa».
La consellera ha advertido de que estos hábitos pueden afectar al desarrollo físico y neurológico y ha defendido que resulta «imprescindible» actuar. «La salud de nuestros menores merece una protección efectiva y no puede quedar condicionada por la inacción ante riesgos emergentes», ha concluido.
La bebida de los adolescentes
Los datos aportados por el Govern muestran la extensión del consumo entre los jóvenes. Según la encuesta Estudes 2023, el 47,7 % de los estudiantes de entre 14 y 18 años había consumido bebidas energéticas durante el último mes y el 19,5 % reconocía haberlas mezclado con alcohol durante ese mismo periodo.
La normativa considera bebidas energéticas aquellas bebidas no alcohólicas con un contenido elevado de cafeína, igual o superior a 15 miligramos por cada 100 mililitros, de acuerdo con el criterio establecido en el Reglamento (UE) 1169/2011, y que incorporan habitualmente azúcares y otros componentes estimulantes como taurina, guaraná o glucurolactona.
El consumo de estas bebidas se asocia, según la información trasladada por el Govern, a riesgos para la salud como la obesidad, la diabetes tipo 2 o el aumento del riesgo cardiovascular. Mezclarlas con alcohol puede además reducir la percepción de embriaguez, favorecer un mayor consumo y aumentar las conductas de riesgo.
Vender, suministrar o entregar bebidas energéticas a menores está tipificado como infracción grave en la Ley sobre drogodependencias y otras adicciones de Baleares. Las sanciones previstas oscilan entre 6.001 y 60.000 euros.
Unanimidad pese a las críticas
Todos los grupos han respaldado la convalidación del decreto, aunque desde la izquierda se ha cuestionado su alcance. La diputada socialista Patricia Gómez ha coincidido en la necesidad de proteger a los menores, pero ha calificado el decreto como una «propuesta parcial» que «nace pequeña ante la magnitud» del problema. El PSIB ha reclamado una ley de adicciones consensuada con entidades y sectores empresariales y ha cuestionado además la falta de consenso y las dudas que, a su juicio, genera la redacción del decreto.
Los socialistas han pedido que el texto se tramitara como proyecto de ley, una posibilidad que ha sido rechazada con los votos de PP y Vox.
MÉS per Mallorca también ha considerado insuficiente la respuesta. Su diputada Marta Carrió ha defendido que la actual ley necesita una revisión integral y no únicamente modificaciones puntuales.
Los representantes de Més per Menorca, Unidas Podemos y Formentera han coincidido igualmente en la necesidad de poner límites a estos consumos, sensibilizar a la sociedad y proteger a los menores.
Desde el PP, Isabel Maria Borrás ha defendido la urgencia de la medida porque el riesgo «existe hoy» y, por tanto, «no tiene ningún sentido» retrasar su aprobación.
Por último, la diputada de Vox Patricia de las Heras ha considerado que el consumo de bebidas energéticas y el uso recreativo del óxido nitroso constituían «un vacío legal que merecía una respuesta contundente». «Nuestra obligación es la protección de los jóvenes y la prevención de conductas adictivas», ha añadido.
