Mallorca se pone seria con el alquiler turístico ilegal y llevará a Fiscalía a los reincidentes

Mallorca endurece su ofensiva contra el alquiler turístico ilegal. El Consell de Mallorca ha tramitado hasta el pasado mes de julio un total de 146 expedientes sancionadores por oferta turística ilegal, una cifra que supone un incremento del 40% respecto a todos los incoados durante 2025. La institución insular da ahora un paso más y, a partir de este otoño, comenzará a derivar a la Fiscalía los casos de propietarios reincidentes que se nieguen a cesar la actividad o vuelvan a anunciar sus viviendas en plataformas después de haber recibido la correspondiente orden.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha detallado que durante los siete primeros meses del año se han registrado 42 expedientes más que en todo el ejercicio anterior, cuando se tramitaron 104. El incremento refleja la intensificación de las labores de inspección y control de una actividad que el gobierno insular pretende perseguir tanto mediante sanciones económicas como con procedimientos que permitan retirar rápidamente del mercado los alojamientos que operan sin autorización.

De los 146 expedientes sancionadores tramitados hasta julio, 61 ya han sido resueltos. De ellos, 36 corresponden a infracciones consideradas muy graves y otros 25 a infracciones graves. La cuantía de las sanciones impuestas supera ya los 2,1 millones de euros.

El Consell considera que el endurecimiento del régimen sancionador tiene también un importante efecto disuasorio. Las nuevas normas turísticas impulsadas por la institución han elevado las multas previstas para combatir la oferta ilegal y, en el caso de las infracciones muy graves, las sanciones pueden oscilar actualmente entre 50.000 y 500.000 euros.

Diez días para retirar el anuncio

El cambio más relevante en la estrategia del Consell tiene que ver, sin embargo, con los propietarios que continúan comercializando sus viviendas pese a haber sido requeridos para que cesen la actividad. La institución insular ha iniciado 60 expedientes de declaración de ilegalidad abreviada (DIA), un procedimiento que obliga al cese inmediato de la actividad turística y a la eliminación del anuncio de las plataformas en las que se comercializa el alojamiento. De esos 60 procedimientos, 54 ya han quedado resueltos.

Una vez dictada la orden, los propietarios deben dejar de ofrecer la vivienda y retirar su publicidad. Si incumplen la resolución o reinciden y mantienen o vuelven a publicar el alojamiento en un plazo de diez días, el Consell prevé poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía a partir de este otoño.

Ginard ha explicado que los expedientes sancionadores y las declaraciones de ilegalidad abreviadas son procedimientos compatibles y pueden tramitarse paralelamente. Esto significa que un mismo propietario puede verse obligado a cesar inmediatamente la actividad y, al mismo tiempo, afrontar una sanción económica por haber comercializado ilegalmente el inmueble.

La ventaja de las DIA, según el responsable insular de Turismo, es que permiten agilizar las actuaciones. Estos procedimientos se tramitan aproximadamente en un periodo de entre cinco y siete meses. Además, si transcurrido el plazo concedido el propietario no ha retirado el anuncio, la respuesta económica se endurece.

Se trata de una herramienta nueva en la lucha contra la oferta clandestina: las declaraciones de ilegalidad abreviadas entraron en vigor el pasado 1 de enero y se aplican a viviendas que carecen del título habilitante necesario para su comercialización turística.

El incremento de los expedientes coincide con el refuerzo de la campaña intensiva de inspección que desarrolla el Consell durante la temporada turística. La campaña de verano se extiende del 15 de mayo al 15 de noviembre y presta especial atención a establecimientos y viviendas que no han operado legalmente durante los últimos tres años. Solo hasta julio, los inspectores habían realizado 1.546 actuaciones relacionadas con la oferta turística ilegal.

La vigilancia no se limita a localizar viviendas que se comercializan sin autorización. Los técnicos comprueban también que los establecimientos y alojamientos legales respeten las condiciones bajo las que pueden operar y persiguen irregularidades como la sobreocupación, las prácticas relacionadas con el denominado turismo de excesos o la utilización de camas elevables cuando incumplen los parámetros establecidos.

Más efectivos

Actualmente, la institución dispone de 31 efectivos dedicados a inspección y otros 17 trabajadores en el departamento de sanciones.

Ginard ha defendido que este refuerzo resulta fundamental para evitar que el incremento de las inspecciones termine provocando un cuello de botella en la tramitación administrativa de los expedientes.

«En Mallorca no hay lugar para la oferta turística ilegal. No podemos permitir que quien incumple la normativa compita en igualdad de condiciones con aquellos que hacen las cosas bien», ha sostenido el conseller, que también ha animado a los ciudadanos a comunicar de manera anónima posiblw.