Un salón dividido en cuatro cuartos o locales con camas en el altillo: el drama de los 'pisos patera' en Baleares

La vivienda en Baleares muestra una bipolaridad digna de tratamiento psiquiátrico. Mientras las islas copan los rankings nacionales e internacionales de mansiones de lujo y súper lujo, sufren al mismo tiempo un sarampión difícil de atajar: el de las infraviviendas y viviendas sobreocupadas. El crecimiento demográfico (la España que se llena), los sueldos y los precios de los alquileres son el caldo de cultivo para este modo de (sin)vivir al que el Govern de Marga Prohens quiere poner coto, y quiere hacerlo entrando (metafóricamente y cuando proceda también con la inspección) allí donde una vivienda ha dejado de parecerse a una vivienda. Pisos patera con más moradores de los que pueden albergar, salones troceados para multiplicar las habitaciones o locales reconvertidos en alojamientos y aprovechados hasta el último metro con altillos para colocar camas. El nuevo Plan de Inspección de Vivienda 2026-2027 sitúa entre sus objetivos expresos localizar y verificar situaciones de infravivienda y sobreocupación, especialmente en las zonas de mayor riesgo social.

La campaña, presentada por el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, arranca este mes y se prolongará hasta diciembre de 2027. No se limitará a los pisos patera. El Govern pretende sellar las grietas por las que se cuelan los abusos en el mercado residencial: desde las condiciones de habitabilidad hasta el fraude con viviendas protegidas, pasando por los grandes tenedores, los agentes inmobiliarios o las fianzas de los alquileres.

Multas de hasta 90.000 euros

En el caso de las infraviviendas, las multas dan una idea de la gravedad que la normativa atribuye al problema. Vender o alquilar viviendas que incumplan las condiciones de habitabilidad constituye una infracción grave, sancionable con entre 3.001 y 30.000 euros. Dar lugar a espacios considerados infraviviendas o a situaciones de sobreocupación (pisos patera) sube un peldaño: se considera infracción muy grave y la factura puede oscilar entre los 30.001 y los 90.000 euros.

La inspección podrá actuar de oficio, pero también a partir de las denuncias de particulares o de otras administraciones. Es una pieza importante del dispositivo: muchas de estas situaciones quedan ocultas tras la puerta de un piso o un local y difícilmente afloran en una estadística. El Govern ha habilitado un canal específico para que cualquier ciudadano pueda comunicar posibles irregularidades.

El Ejecutivo autonómico acompañará las inspecciones con una campaña informativa para explicar qué está permitido y qué no, las obligaciones de propietarios y profesionales y las sanciones a las que se exponen. Hay, además, una cláusula especialmente dirigida a evitar que incumplir la ley salga rentable: si el beneficio conseguido con la infracción supera la multa que correspondería imponer, esta se incrementará en una cuantía equivalente al beneficio obtenido.

Guerra al negocio con la vivienda protegida

El otro gran frente será la vivienda protegida. Entre octubre de 2026 y diciembre de 2027 se inspeccionarán 60 promociones en Mallorca, diez en Ibiza y Formentera y cuatro en Menorca. En los municipios turísticos se priorizarán las visitas durante la temporada turística. Los inspectores comprobarán los contratos, los precios de alquiler y compraventa, que quienes ocupan esos inmuebles cumplen los requisitos para ser beneficiarios y las comunicaciones de tanteo y retracto cuando se produce una venta. También pasarán por inspección un mínimo de diez viviendas de precio limitado ya inscritas en el registro.

Aquí las sanciones tampoco son menores. Cobrar por encima del precio máximo permitido en una vivienda protegida o de precio limitado puede suponer entre 3.001 y 30.000 euros de multa. La misma horquilla se aplica al incumplimiento de los requisitos de los beneficiarios. Y mentir en una declaración responsable para acceder a una vivienda con protección pública se considera una infracción muy grave: entre 30.001 y 90.000 euros.