Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.
Cinco detenidos en Guadalajara y dos en Toledo por ofrecer trámites de residencia falsos a migrantes ilegales
La Policía Nacional ha detenido a doce personas en la trama que ofrecía trámites a cambio de 8.000 euros
El entramado criminal desarticulado por la Policía Nacional, ofrecía tramitaciones falsas a migrantes ilegales en España. A cambio de 8.000 euros les concedían los trámites de residencia falsos realizados mediante la manipulación de arraigos sociales, laborales y familiares.
Además, emitían falsos resguardos de protección internacional por hasta 1.000 euros, haciendo creer a los afectados que ya constaban de manera legal en España. Tras seis registros domiciliarios de agentes de la Policía Nacional, se ha culminado además en la detención de cinco personas en Guadalajara, dos en Toledo, cuatro en Madrid y una en Barcelona.
La investigación comenzó en octubre de 2024 cuando, en la provincia de Teruel, se detectó una solicitud de autorización de residencia inicial por reagrupación familiar que no contaba con el correspondiente certificado de inscripción de pareja. Además se constató que se había presentado ciertos documentos que podrían haber sido falsificados, según ha informado el cuerpo en un comunicado.
A raíz de ese hallazgo, se identificaron decenas de trámites administrativos de extranjería en distintas provincias del país, en los que se constató que varias personas estaban siendo utilizadas como reagrupantes sin su consentimiento, con el objetivo de beneficiar a extranjeros en situación irregular. La organización operaba en varias provincias, manteniendo una red estructurada de captación y derivación de clientes.
Un funcionario del Ayuntamiento de Toledo clave en la actividad
Para lograr estas gestiones, se contó con la ayuda directa de un funcionario del ayuntamiento de Toledo que facilitaba de manera ilegal el acceso a procedimientos administrativos, alteraba datos oficiales y asesoraba a la organización con empadronamientos falsos.
Su colaboración, según la Policía, habría sido esencial para el funcionamiento de la red, proporcionando una vía directa para dar apariencia de legalidad a trámites fraudulentos. La trama hacía uso de los datos obtenidos en bases de datos de acceso exclusivo a funcionarios, para posteriormente emplearlos en la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular a cambio de elevadas sumas de dinero.
La red criminal tenía como objetivo principal captar a migrantes que carecían de permisos de residencia, ofreciéndoles supuestas vías de legalización a través de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, como arraigo social, laboral o familiar.
Para ello, los responsables de la organización elaboraban expedientes falsos en los que simulaban vínculos laborales o familiares inexistentes y elaboraban documentación fraudulenta para presentar ante las administraciones públicas.
Cobros de entre 3.000 y 8.000 euros
A las víctimas, la mayoría de ellas en situación de vulnerabilidad, al encontrarse en un país que no es el suyo y con escaso conocimiento del marco jurídico, se les cobraban cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 8.000 euros, dependiendo del tipo de trámite.
Uno de los métodos más frecuentes utilizados por la red era la falsificación de resguardos de solicitud de protección internacional, los cuales eran vendidos por hasta 1.000 euros por unidad. Este tipo de documento, que normalmente se entrega a personas que inician un proceso de solicitud de asilo, era completamente falso y sin validez alguna. Aun así, era utilizado para dar tranquilidad a las víctimas, quienes creían estar protegidas frente a posibles órdenes de expulsión.
