Rubén Marchamalo, alcalde de Robledillo de Mohernando, Guadalajara
Un alcalde de Vox, en el foco por el infierno de Guadalajara: investigan si lo provocó mientras cosechaba
Las llamas han arrasado ya 2.000 hectáreas en La Mierla, mientras APAG defiende al agricultor y responsabiliza a la Junta de sus restricciones
La investigación sobre el devastador incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) ha abierto un nuevo frente. La Guardia Civil investiga a un agricultor como presunto responsable del fuego, que podría haberse originado mientras realizaba labores de cosecha y que ya ha arrasado alrededor de 2.000 hectáreas.
Fuentes próximas al caso han señalado que el investigado sería Rubén Marchamalo, el alcalde de Vox de Robledillo de Mohernando, una localidad cercana al lugar donde comenzaron las llamas. Los agentes medioambientales y la Guardia Civil trabajan ahora para esclarecer el punto exacto de origen y determinar si la cosechadora pudo provocar el incendio.
La subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, ha confirmado que existe una investigación abierta y que el presunto responsable ha sido identificado, aunque ha pedido dejar trabajar a los investigadores mientras todos los esfuerzos siguen centrados en controlar el fuego.
«El Estado de Derecho tiene que buscar responsables de un incendio», ha señalado Cabellos, quien también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad ante la gravedad de una emergencia que mantiene movilizado un amplio dispositivo.
APAG sale en defensa del agricultor
La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) ha respondido con una «defensa a ultranza» del investigado. Su presidente, Juan José Laso, sostiene que el agricultor estaba trabajando dentro de la legalidad y que podía cosechar en ese momento.
«Ese señor estaba trabajando en condiciones legales. Se podía cosechar perfectamente y hacía su trabajo», ha afirmado Laso, quien ha dirigido sus críticas contra las restricciones impuestas por el Gobierno de Castilla-La Mancha durante el mes de julio.
Según el presidente de APAG, la parcela en la que presuntamente comenzó el fuego debería haber sido cosechada más de diez días antes. Las limitaciones establecidas por la Administración regional, asegura, retrasaron las tareas y dejaron el rastrojo más seco y con una mayor capacidad para transmitir las llamas.
«Sin estas limitaciones tan ridículas, este fuego no se habría producido porque habría estado ya segado», ha denunciado. Laso también considera que el incendio demuestra un error en el cálculo del Índice de Propagación Potencial (IPP), pues, a su juicio, el fuerte viento existente obligaba a declarar el riesgo extremo y a paralizar completamente los trabajos agrícolas.
La Junta defiende las restricciones
En el momento en que comenzó el incendio, el IPP se encontraba en nivel de riesgo muy alto. En esas condiciones, la normativa autonómica permite cosechar, aunque obliga a detener la actividad entre las 14.00 y las 17.00 horas, salvo que se disponga de un tractor con apero.
Fuera de ese horario, cada máquina debe contar con un extintor de carga ABC, una mochila de agua de al menos 15 litros, batefuegos y la correspondiente declaración responsable.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha defendido que este índice «no es un capricho», sino una herramienta destinada a proteger a las personas, a los agricultores y al patrimonio natural. También ha asegurado que los investigadores deberán determinar si se cumplieron todas las medidas de seguridad y si existe algún responsable.
Por su parte, APAG insiste desde hace años en la necesidad de crear un cinturón de seguridad alrededor de la Sierra Norte y del Parque Natural del Alto Tajo para impedir que incendios originados en zonas agrícolas alcancen espacios forestales de enorme valor ecológico.
