El Gobierno de Sánchez defiende que Medina del Campo «es segura» mientras UGT pide darles techo a los magrebíes

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha recalcado este jueves que Medina del Campo es una localidad segura o muy segura donde no hay ningún problema y lamentó que parece existir un cierto interés en denostar el «buen nombre de Medina, la convivencia de sus ciudadanos y la seguridad que se respira en sus calles», algo que, según indicó puede redundar en que se cree una imagen negativa de Medina para los potenciales visitantes.

El representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la provincia vallisoletana ha explicado que esta polémica se origina a raíz una carta del alcalde de la ciudad, el 'popular' Guzmán Gómez, donde se dirige a la Subdelegación advirtiendo de la presencia de grupos numerosos de personas de origen magrebí y la concentración de estas personas en espacios públicos, como calles y parques, donde pernoctan, tienden la ropa y realizan otras actividades cotidianas, y asegurando que esta situación genera cierta inquietud en algunos vecinos.

Frente a esta carta, el subdelegado ha señalado que se ha trasladado al alcalde que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están a dispuestas a colaborar con el Ayuntamiento y con su Policía Local, pero también ha aseverado que en la evaluación de las necesidades sociales y la atención a personas en riesgo de exclusión social, así como la protección de la salubridad pública, sobre todo en espacios como parques y jardines, las competencias son municipales. «Nosotros no nos apartamos en absoluto de prestar todas las ayudas que sean necesarias en el ámbito de nuestra responsabilidad, que es la de la seguridad pública», ha resaltado Canales.

A su vez, el subdelegado ha indicado que, según datos aportados por la comisaría de la Policía Nacional de Medina, desde la llegada de los temporeros el pasado 23 de junio, la tasa de criminalidad ha descendido un 35 % y, además, el esclarecimiento de delitos en el último año ha pasado del 49 % al 62,8 %.

Por otra parte, el subdelegado ha afirmado que la mayoría de los temporeros que llegan a Medina del Campo están en situación legal, aunque siempre hay excepciones y en alguna de las inspecciones de trabajo se detectan trabajadores que no están legalmente en España. Por último, ha hecho una llamada a la tranquilidad de la población y ha insistido en que «Medina es una ciudad segura y tranquila, a la que se puede venir sin ningún tipo de problema».

UGT denuncia un «discurso xenófobo»

En este contexto, el secretario de UGT Valladolid, Jesús Vara, ha reclamado al alcalde de Medina del Campo que resuelva la «situación habitacional» de los temporeros legales llegados al municipio, a la vez que ha advertido que «los responsables políticos no deben crear problemas inexistentes ni buscar rédito político con el discurso xenófobo que están difundiendo últimamente. Medina del Campo necesita crecer y sus dirigentes deben asumir sus responsabilidades».

En un comunicado recogido por Ical, desde el sindicato se ha apuntado a que todos los temporeros magrebíes cuentan con un contrato legal de trabajo –aunque no es así, según Canales– y que se trata de una situación que se repite cada año por estas fechas.

En este sentido, Vara ha asegurado que en la Mesa del Diálogo Social del Ayuntamiento de Medina del Campo creada recientemente, después de año y medio sin actividad, se concluyó que se necesitaba mano de obra migrante para el sector agroalimentario y de servicios.

La Junta de Castilla y León ha defendido que los inmigrantes son necesarios para la actividad productiva

«Desde UGT se aseguró en aquel momento que esta mano de obra es necesaria, pero que era preciso «crear unas soluciones de habitabilidad y unas condiciones sanitarias y formativas adecuadas para su llegada. De hecho, el Ayuntamiento, junto con la Junta, tiene competencias en estas materias y puede dotar de unas condiciones dignas a estas personas que vienen a trabajar y asumir la responsabilidad».

Desde la Junta de Castilla y León, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que «en Castilla y León y en el conjunto de España los inmigrantes son necesarios para la actividad productiva». En declaraciones recogidas por Ical, se ha preguntado qué sería de sectores como la construcción, la agricultura, el transporte y la hostelería sin ese colectivo, en una Comunidad que cuenta con 98.500 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, «aportando con sus impuestos y esforzándose a diario para que Castilla y León pueda funcionar y ser competitiva».