Castilla y León digitaliza e integra todos sus servicios sociales para completar la transformación tecnológica del sistema

La Junta de Castilla y León impulsa la digitalización y agilización de todos los procesos en el ámbito de los Servicios Sociales con el lanzamiento de una Historia Social Única accesible, no sólo para los profesionales, sino para todos los ciudadanos de la Comunidad. Todas las personas que lo deseen podrán consultar tanto su propia información como realizar búsquedas generales a través del Portal del ciudadano que va a lanzar la Junta de Castilla y León.

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha inaugurado la jornada 'Ecosistema digital para la atención integrada en los Servicios Sociales', cuyo lema es 'La innovación tecnológica al servicio de las personas', un foro en el que los profesionales del Ejecutivo autonómico han analizado los logros y los retos de la aplicación de las tecnologías en el sistema social de Castilla y León.

En este espacio, Isabel Blanco ha destacado que el éxito de los Servicios Sociales de Castilla y León es de responsabilidad pública fraguada a través de una progresiva unificación integrada, ya que uno de los ejes principales es la participación de las entidades locales –ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con los centros de acción social como puerta de entrada al sistema–, así como el papel de un equipo de profesionales cercanos al ciudadano y la firme apuesta por la aplicación de la innovación tecnológica y la digitalización en el proceso. Esto ha dado como resultado un modelo ágil, solvente y eficaz, reconocido por su excelencia en la gestión y cuyo buque insignia es el liderazgo de Castilla y León en el ámbito de la dependencia.

Isabel Blanco ha querido destacar especialmente la mencionada colaboración con las entidades locales como pieza esencial del engranaje social de la Comunidad. Un trabajo conjunto que se enmarca en el Acuerdo Marco en materia de Servicios Sociales, cuya financiación ha alcanzado las cifras más altas, con casi 750 millones para el periodo de cuatro años y 189 millones de euros para el próximo año, casi un 40 % más que al inicio de la legislatura. Ello ha implicado un incremento de todos los grandes servicios financiados por la Junta: la ayuda a domicilio, que cuenta con 41.000 usuarios –3.000 más que al inicio de la legislatura–. La última adenda al Acuerdo Marco establece para este servicio un gasto de 415 millones de euros en 4 años, lo que supone un aumento de más de 109 millones respecto al Acuerdo Marco anterior, un 36 % más. También crece en la atención a la dependencia, con un 45 % de incremento hasta los 115,3 millones; en las ayudas de urgencia social y protección a las familias, que crecen un 33 % y alcanzan los 33,6 millones; y en los equipos de atención social básica que, con 35,9 millones de presupuesto, han aumentado un 19 %.

Todos estos factores —colaboración con entidades locales, profesionales y apuesta por la tecnología— se ha ido materializando en grandes avances: la configuración de grandes plataformas digitales como Catdiss – catálogo de Servicios Sociales al alcance de profesionales y ciudadanos, con 4.400 entidades, 2.100 centros y 5.700 servicios geolocalizados y accesibles– o el sistema Repriss, con el que se ha digitalizado y automatizado el flujo de información entre todos los actores que participan en la gestión de los Servicios Sociales para reducir la carga burocrática y que todos los datos estén permanentemente actualizados.

Familia e Igualdad de Oportunidades ha dado un paso más con el lanzamiento de la Historia Social Única, el Portal Profesional y el Portal del Ciudadano, que implica la total integración de las actuaciones de los profesionales de los 190 Ceas de la Comunidad, de los que prestan servicio en las nueve gerencias territoriales de Servicios Sociales y en los servicios centrales de la Consejería. En total se integran los datos que manejan 4.000 trabajadores del ámbito social y que se continuarán ampliando.

Esto supone la interconexión de las distintas herramientas informáticas que utilizan quienes gestionan todo tipo de prestaciones, es decir, más de 50 bases de datos que se van a integrar en esta plataforma. El tamaño de estos datos es de gran envergadura, puesto que sólo en 2024 se otorgó información a 352.372 personas sobre derechos, prestaciones y procedimientos, entraron 86.061 usuarios con prestaciones nuevas, se atendió a 126.194 ciudadanos en situación de dependencia y hubo 1.695.270 prestaciones activas.

Tras ser Castilla y León la primera comunidad en regular la Historia Social Única, este ingente proceso se materializa ahora con la centralización de todos los datos relevantes de los usuarios relacionados con su proceso de atención social. Esto permitirá a todos los profesionales del sistema que puedan acceder a esa información, siempre actualizada, de manera segura y, sobre todo, coordinada.

De todo ello van a resultar unos procedimientos más ágiles, coherentes y eficaces, que va a conllevar también la eliminación del uso del papel. Los profesionales van a poder dar continuidad a las necesidades de los ciudadanos a lo largo de su vida de una manera plenamente organizada y, a la vez, se van a optimizar recursos mientras se facilita el acceso a los Servicios Sociales.

No obstante, esto va mucho más allá: si todos los datos se integran y si todos los profesionales pueden acceder a través de su propio portal, también los ciudadanos van a tener la capacidad de consultar, de forma privada, todos sus datos, desde su propia Historia hasta contenidos generales relacionados con los Servicios Sociales. Esto se va a poder llevar a cabo a través del Portal del ciudadano, otro avance más para seguir fortaleciendo, agilizando y mejorando un sistema social cada vez más transparente y que garantiza a los ciudadanos tanto el ejercicio como la defensa de sus derechos en las relaciones con las administraciones en Castilla y León.

Además, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está trabajando en que la Historia Social Única integre también todas las actuaciones que desarrolla otra de las piezas clave del sistema: las entidades del Tercer Sector.

Medida clave del Pacto por las Familias de Castilla y León

La Historia Social Única es una de las actuaciones recogidas en el Pacto por las Familias de Castilla y León firmado a principios de año por el presidente Mañueco y 45 entidades del Tercer Sector. Se trata de una medida demandada por estas organizaciones a la que la Junta ha dado respuesta.

Precisamente, en la última reunión de la Comisión de Seguimiento de este acuerdo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades trasladó a las entidades sociales la pronta puesta en marcha de esta iniciativa, ante lo que mostraron un alto grado de satisfacción, ya que se trata de una medida esencial para agilizar los procesos que afectan a los colectivos más vulnerables y reforzar sus derechos.

Además, en esa reunión mantenida en Valladolid entre las consejerías de Familia, Industria, Comercio y Empleo, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y Educación y las entidades Unicef, EAPN, Poicyl y Proyecto Hombre se abordaron el resto de las áreas recogidas en el Pacto orientadas a acabar con la pobreza y las desigualdades.

Uno de ellos fue el de la vivienda, especialmente el análisis de las políticas de la Junta dirigidas a facilitar el acceso de los jóvenes a un hogar. El Ejecutivo autonómico ha concedido 48,9 millones de euros –de los cuales 15,5 millones los aporta el Estado– en ayudas al alquiler, de los que 17 millones han ido a parar a los jóvenes castellanos y leoneses. De los 21.006 beneficiarios totales, 6.280 son menores de 36 años, lo que refleja la apuesta decidida del Gobierno autonómico por facilitar la emancipación de este colectivo. Unas ayudas que, de media, cubren el 50 % de la mensualidad –unos 2.500 euros anuales– de todos los beneficiarios, pero que, si se analizan únicamente las concedidas a los jóvenes, estas oscilan entre el 60 % y el 75 % del alquiler si estos residen en el medio rural. Estas subvenciones corresponden al periodo subvencionable de todo 2024 y se han resuelto durante este ejercicio.

Además, durante el encuentro se abordó la respuesta de la Junta a las necesidades del colectivo más vulnerable como son las personas sin hogar. El importe global destinado a este grupo crece un 13 %, pues va a pasar de los 434.000 euros a los 491.000 euros. En lo que respecta a la atención diurna o en albergues, la cantidad casi se duplica, pues de los 184.000 euros se llegará a los 347.000 euros. Por último, los recursos destinados al alojamiento de personas migrantes se incrementa un 55 %, de los 546.000 euros a los 850.000 euros.

Durante la reunión, se hizo balance de las medidas que se han venido intensificando durante este año en materia educativa, que va de la mano de la reducción de la pobreza infantil y del acceso a todas las familias a una educación gratuita desde el principio. En ese sentido, se abordó la gratuidad de 0 a 3 años, pero también el fomento de la escolarización en el periodo de 3 a 6 años, que si bien no es obligatorio, es una vía clave para paliar las desigualdades e impulsar la igualdad de oportunidades. También la lucha contra el absentismo escolar, fundamental para la transmisión de la pobreza entre generaciones. Igualmente, se han tratado medidas como la gratuidad de los libros de texto o de los comedores escolares para familias vulnerables.

En cuanto al empleo, la Junta invierte en la integración de los colectivos en riesgo de exclusión en el mercado laboral un total de 111 millones de euros, distribuidos en 20 líneas de ayuda. De este modo, se facilita a estas personas que obtengan un puesto de trabajo en una de la veintena de empresas de inserción que hay en Castilla y León para, posteriormente, lograr el objetivo último: que se integren en el mercado laboral ordinario.

En cuanto a los Servicios Sociales, la puerta de entrada al sistema autonómico son los centros de acción social –CEAS–, donde desarrollan su actividad los equipos de acción social básica –el primer nivel–, destinados a funciones de información, orientación y asesoramiento acerca de los recursos existentes. El segundo nivel está integrado por los equipos multidisciplinares específicos, que son los que pueden intervenir y acompañar a las personas que precisen de apoyo social.

No obstante, las entidades del Tercer Sector, coordinadas con los CEAS, juegan un papel clave en el marco de la Red de Protección a las familias que coordina la Junta, ya que pueden realizar todas las funciones que llevan a cabo los equipos del primer y segundo nivel. En el ámbito de la inclusión social, es decir, atención a colectivos socioeconómicamente vulnerables, su actividad se financia a través de las subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF e Impuesto de Sociedades destinado a fines sociales. Este ejercicio, el Gobierno autonómico incrementa su financiación hasta llegar casi a los 4,6 millones de euros.