Los funcionarios de prisiones de Soria estallan contra el Gobierno: «El sistema está llegando a un punto límite»

Un cacheo rutinario en uno de los módulos del Centro Penitenciario de Soria desembocó el pasado fin de semana en un grave altercado. Durante el registro, un funcionario localizó medicación que no pertenecía a uno de los internos, que reaccionó de forma violenta. El incidente se saldó con un funcionario herido y varios reclusos aislados de forma preventiva.

El sindicato mayoritario en prisiones, ACAIP-UGT, subraya que lo ocurrido no fue un episodio aislado ni imprevisible. «El sistema está llegando a un punto límite», advierte su portavoz a este periódico, que sitúa el altercado dentro de un contexto de falta de personal, carencias sanitarias y un aumento sostenido de la conflictividad en los centros penitenciarios. La prisión de Soria acumula 37 agresiones entre presos y no tiene médicos en plantilla.

En concreto, en 2024 se registraron 46 agresiones a trabajadores penitenciarios en Castilla y León y 504 en el conjunto de España, según datos del sindicato. En Soria, el balance fue de una agresión tanto en 2023 como en 2024. «Una agresión al año no refleja la conflictividad diaria», advierten.

A estas cifras se suman las agresiones entre internos: 37 en la prisión de Soria, 808 en Castilla y León y más de 7.000 en el conjunto del sistema penitenciario, lo que, a juicio del sindicato, evidencia un deterioro general del clima de seguridad en los centros.

Aunque la prisión de Soria no está considerada especialmente conflictiva, desde ACAIP-UGT alertan de que el centro funciona con una dotación muy ajustada. Cuenta con once módulos, pero solo tres están operativos, con alrededor de un centenar de internos en cada uno. «En estos módulos de servicio normal hay dos, tres funcionarios como mucho», explica el portavoz sindical.

El problema, insiste, es estructural. «Las relaciones de puestos de trabajo están reguladas con parámetros de finales de los años 90», pese a que el perfil del interno ha cambiado de forma sustancial. «Ahora tenemos una población reclusa mucho más heterogénea», multicultural y con necesidades más complejas, «pero sin el personal necesario para atenderla».

Sin médicos en la plantilla

Uno de los factores que más preocupa a los funcionarios es la falta de personal sanitario. El Centro Penitenciario de Soria no cuenta actualmente con ningún médico en plantilla: las tres plazas previstas están vacantes. «En Soria no hay ningún médico», confirma el portavoz sindical a este medio, que sitúa aquí uno de los orígenes del problema. «Es un gran problema y, en el fondo, el origen de lo que ha ocurrido».

La ausencia de facultativos obliga a recurrir a contrataciones externas, telemedicina o derivaciones hospitalarias. «El servicio médico es imprescindible, no solo por la salud del preso, sino porque el médico interviene en medidas regimentales», explica. Sin esa supervisión, añade, el reparto de medicación acaba realizándose «por criterios operativos y no por criterios médicos», lo que facilita el acopio y el tráfico interno.

Política penitenciaria basada en el «buenismo»

En este contexto, el sindicato denuncia una aplicación cada vez más laxa del régimen disciplinario. «Hay una política penitenciaria basada en un cierto buenismo», sostiene el portavoz, lo que genera, a su juicio, una percepción de impunidad entre los internos. «El interno no tiene sensación de que sus acciones tengan consecuencias y vive una sensación de impunidad constante».

Según explica, las herramientas legales existen, pero no se aplican de manera proporcional a los hechos. «Las armas que la ley y el reglamento nos proporcionan no se están aplicando de manera adecuada», afirma, mientras las agresiones a trabajadores penitenciarios continúan aumentando año tras año.

Ante este escenario, los funcionarios reclaman medidas urgentes al Ministerio del Interior dirigido por Grande Marlaska. La principal, el reconocimiento legal como agentes de la autoridad. «El trabajador penitenciario no es agente de la autoridad», recuerda el portavoz, lo que obliga a «hacer una ficción jurídica» para que una agresión sea considerada atentado contra la autoridad.

También exigen una clasificación interior más ajustada a la peligrosidad real de los internos y una actualización de las plantillas. «Si tenemos localizados a los internos más conflictivos y los tenemos controlados, es mucho más fácil realizar el trabajo penitenciario», sostiene.