Así abordarán ahora PP y Vox la gestión de los menas tras dinamitar su primer Gobierno en Castilla y León

En julio de 2024, el presidente de Vox, Santiago Abascal, anunciaba la ruptura de los cinco Ejecutivos de coalición con el PP en las cinco comunidades autónomas que cogobernaban, incluyendo Castilla y León. Era el 'proyecto piloto' de lo que todavía a día de hoy está llamado a ser la fórmula que permita a nivel nacional una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez, según todas las firmas demoscópicas. El motivo de la ruptura fue la política nacional de los 'populares' de aceptación del reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) promovido por Moncloa.

El entonces y ahora presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se veía obligado a gobernar dos años en minoría, prorrogando los Presupuestos de 2024, aprobados con los de Santiago Abascal, y ante un futuro electoral que apuntaba a que se iban a parecer bastante los resultados del 15 de marzo al de resto de comunidades donde se habían celebrado elecciones recientemente.

Así finalmente sucedió, con lo que el dirigente salmantino vuelve al punto de partida, aunque ahora con la promesa de Vox de sostener el Ejecutivo durante los cuatro años que dure la legislatura y con un nuevo pacto que supone otro escaparate que puede permitir demostrar a los ciudadanos, con los comicios generales en el horizonte, que la derecha puede entenderse y gobernar tras el sanchismo.

En ese primer acuerdo entre Vox y los 'populares' en una comunidad autónoma apenas se pasaba por alto, al igual que en el resto de temas, por el asunto migratorio y mucho menos se especificaba cómo gestionar a los menores extranjeros desde la Administración autonómica. Ahora, ambas fuerzas han puesto negro sobre blanco cómo abordarán este tema desde sus competencias, a la vez que ponen en común una postura de oposición total a las políticas de Sánchez al respecto.

«Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León», se limitaba a señalar el acuerdo de 2022. Ahora, por el contrario, la posición común de ambas formaciones, mantiene un punto de equilibrio más desarrollado y que se replica en términos muy parecidos donde las urnas han llamado a que gobiernen juntas.

En el caso de la Comunidad, el pacto firmado por Mañueco y Carlos Pollán, nuevo vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, contiene varios puntos específicos sobre los menas, además de ese «principio inspirador», en palabras de Mañueco, que supone la «prioridad nacional» que, como en Aragón o Extremadura, ha conseguido imponer Vox durante las negociaciones, como una máxima antes de sentarse a hablar, según fuentes del partido en Castilla y León, desde donde añaden que la huella ideológica del partido se ve reflejada en distintos temas del pacto.

Uno de ellos es la creación de un «Plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal» en el que el lenguaje tiene la impronta del lenguaje de los de Abascal, quienes asumen en el nuevo Ejecutivo de la Junta las competencias migratorias. «Frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que promueve la llegada masiva de menores ilegales mientras hipoteca el futuro de nuestros jóvenes, la Junta de Castilla y León trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a su origen», recoge el acuerdo, que avanza la oposición a las políticas del Gobierno central «por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad».

Verificaciones de edad

El acuerdo también estipula que «dentro de sus limitadas competencias» se promoverán acuerdos con los países emisores para que «agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres». «No más menores extranjeros no acompañados», sintetiza el pacto, que, asimismo, incluye un «endurecimiento del régimen interno de los centros de menores». Asimismo, se llevará a cabo la «verificación de edad de los inmigrantes ilegales» para «evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de servicios».

Pero, ¿será suficiente el acuerdo para que ambas fuerzas, tanto en Valladolid como en Madrid, logren alcanzar el punto de equilibrio que dé estabilidad a sus gobiernos? Preguntado sobre los menas hace unos días, Mañueco recordaba que Castilla y León ya estaba por encima de su capacidad de acogida de menores inmigrantes. Ahora habrá que espera a ver cómo se desarrolla en esta materia el nuevo Gobierno que ha echado a andar este lunes.