Fachada del Ayuntamiento de Soria, en una imagen de archivo
La socialista Estela Vallejo sustituirá a la detenida Yolanda Santos como concejal de Medio Ambiente de Soria
El movimiento se produce después de que la ya exconcejal quedara hoy en libertad con cargos y anunciara su renuncia al acta y a la militancia socialista
La socialista Estela Vallejo Latorre, que concurrió en el puesto número 16 de la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Soria en las elecciones municipales de 2023, sustituirá a Yolanda Santos en la Corporación Municipal después de que la ya exconcejal quedara hoy en libertad con cargos y anunciara su renuncia al acta y a la militancia socialista.
Santos prestó declaración durante toda la mañana ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Soria, que acordó dejarla en libertad con cargos y con la obligación de comparecer cada 15 días ante la autoridad judicial. La edil había pasado la noche en las dependencias de la Guardia Civil tras ser detenida el martes durante la operación desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial.
Los otros seis detenidos quedaron también en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos. No obstante, una vecina de Soria fue detenida a las 17.00 horas en la Comandancia de la Guardia Civil, por lo que ya son siete las personas implicadas. Sin embargo, tras la práctica de las diligencias pertinentes se espera que quede también en libertad.
La investigación se centra en contratos relacionados con Biosfera Soria Sociedad Limitada, empresa de la que Santos fue administradora antes de incorporarse en 2019 al equipo de Gobierno municipal encabezado entonces por Carlos Martínez, actual secretario general del PSOE de Castilla y León. La Guardia Civil investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental, organización criminal y blanqueo de capitales en una causa que permanece bajo secreto de sumario.
Tras conocerse la decisión judicial, Santos comunicó su renuncia al acta de concejal y su baja en el PSOE. En un comunicado, aseguró que adoptaba esta decisión «desde la responsabilidad personal e institucional» y «con el único objetivo de no perjudicar ni al Ayuntamiento de Soria ni al Partido Socialista».
En este aspecto, la exedil expresó además su «plena tranquilidad» y su confianza en que la Justicia esclarezca los hechos, al tiempo que pidió respeto para las personas afectadas y sus familias.
La renuncia llegó después de que el Ayuntamiento de Soria acordara retirarle cautelarmente las delegaciones de Medio Ambiente y Turismo y de que el PSOE suspendiera también de forma cautelar su militancia.
Por su parte, el alcalde de Soria, Javier Antón, apeló a la prudencia y garantizó la colaboración absoluta del Consistorio con la Justicia. El regidor reconoció el impacto que supuso el registro del Ayuntamiento y la detención de una integrante del equipo de Gobierno. «Son momentos muy complicados. Conocer que se va a registrar el Ayuntamiento y que hay compañeros afectados sorprende y te deja un poco en shock», afirmó.
Antón defendió la actuación municipal durante el operativo y aseguró que desde el primer momento se facilitó toda la documentación requerida por los investigadores. «Lo que hicimos fue lo que teníamos que hacer: dar todas las facilidades a los responsables policiales para que realizaran las actuaciones oportunas. Máxima transparencia y máxima colaboración», señaló.
Asimismo, pidió cautela ante las informaciones aparecidas en las últimas horas, y trasladó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía al asegurar que el Ayuntamiento continúa funcionando con normalidad.
La operación desarrollada el martes incluyó el registro durante más de once horas de dependencias municipales y varios inmuebles relacionados con la investigación. A raíz de estos hechos, el Partido Popular reclamó explicaciones tanto al actual alcalde como al exregidor Carlos Martínez, mientras que Vox presentó una querella criminal para investigar una supuesta filtración de información relacionada con el operativo.
La formación pidió que Martínez preste declaración para aclarar quién le informó de la actuación policial, después de que el dirigente socialista manifestara en un periódico de tirada nacional que conocía con antelación que los agentes iban a acudir al Ayuntamiento por un «caso leve de tráfico de influencias». Vox considera que, de confirmarse los hechos, podría haberse producido un delito de revelación de secretos y ha solicitado diversas diligencias para determinar quién tuvo acceso a la información antes de la ejecución del registro.
