El secretario autonómico del PSOE Carlos Martínez, ofrece una rueda de prensa

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ofrece una rueda de prensaRubén Cacho

Trama corrupta del PSOE

La aclaración judicial sobre el chivatazo al Ayuntamiento embarra a Martínez y a su delfín en Soria

El Tribunal de Instancia envió un oficio al Consistorio el lunes, cuando el líder del PSOE indicó en un primer momento haber conocido que se iba a producir un registro para después desdecirse

El nuevo presunto caso de corrupción del PSOE en Soria, sobre el que se investigan seis delitos, lleva aparejada una derivada no menos grave: la posible filtración de la operación al líder del PSOE en Castilla y León y alcalde de la pequeña ciudad castellana durante casi dos décadas, Carlos Martínez. Sobre este peliagudo asunto se ha tenido que pronunciar este viernes el Tribunal de Instancia de Soria, que, mediante un escrito difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha despejado varias dudas sobre qué ocurrió a comienzos de esta semana en el Consistorio y cómo se manejó la información.

Las revelaciones judiciales podrían alejar en parte la sombra de sospecha sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero, sin embargo, embarran tanto a Martínez como a su delfín en el Consistorio soriano, el actual alcalde, Javier Antón. Y es que el martes, Martínez, regidor soriano hasta abril, apuntó en declaraciones a El País a que supo el lunes que se iba a producir el martes un registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento para «pedir documentación sobre un posible caso de delito leve de tráfico de influencias».

El supuesto delito no era precisamente leve, sino que derivó en la detención de siete personas, cinco en Soria y otras dos en Madrid –una de ellas, subordinada de la ministra Sara Aagesen en el Miteco–, incluyendo a la concejal socialista Yolanda Santos y a su marido. Además, ese presunto tráfico de influencias venía acompañado de otros posibles delitos: prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

El diario de Prisa 'corrigió' el entrecomillado de Martínez, quien, en vez del lunes, se habría enterado de la actuación de Policía Judicial del Instituto Armado ya el martes por la mañana. ¿Qué sabía en realidad Martínez, desde cuándo y quién se lo contó? Sendas querellas de PP y Vox podrían desembocar en la respuesta, aunque, por ahora, lo único que se conoce es la –escueta– explicación del Consistorio soriano, corroborada por el mencionado Tribunal de Instancia.

En el escrito afirmaba que informó al Consistorio y al sucesor de Martínez en Soria, quien accedió al cargo tras la marcha de éste a las Cortes de Castilla y León mediante la dimisión de una concejal, lo que permitió correr la lista para poder nombrarlo concejal y entregarle el bastón de mando.

El Tribunal no dio detalles del registro

«El artículo 564 dispone que, en estos casos, el órgano judicial debe dirigirse a la autoridad o responsable del lugar –en este caso, quien ostenta la custodia de la documentación municipal– a fin de posibilitar la práctica de la diligencia, previendo asimismo que, en caso de no atenderse el requerimiento en el plazo fijado, la notificación pueda realizarse al encargado de la conservación o custodia del edificio», precisaban desde el Tribunal de Instancia, que «remitió un oficio al alcalde de Soria el día 22 de junio, limitándose a dar cumplimiento a dicha previsión legal».

Registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria, este martes

Registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria, este martesical

Según el escrito, el órgano judicial «puso en su conocimiento la posibilidad de practicar una actuación de entrada y registro en dependencias municipales, sin que se concretaran ni la fecha ni la hora de la actuación, ni se detallaran el objeto de las diligencias, los hechos investigados y las posibles infracciones penales, como tampoco las personas afectadas». Asimismo, señala que el oficio incorporó «una advertencia expresa sobre el carácter secreto de las actuaciones y sobre las posibles consecuencias jurídicas derivadas de la revelación de cualquier información relacionada con las mismas».

«En respuesta a dicho requerimiento, el alcalde trasladó su total disponibilidad y colaboración con el tribunal», añade el comunicado, que, sin pretenderlo, acota el posible aviso a Martínez a su hombre de confianza en el Ayuntamiento que gobernó durante 19 años, antes de pasar a ser el secretario general del PSCyL y portavoz del Grupo Socialista en la Cámara autonómica; un cargo que estrena en mitad de una grave crisis.

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