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Las exmonjas de Belorado se enfrentan a 12 años de cárcel por tratos vejatorios a las religiosas más ancianas
La causa se centra en un presunto trato vejatorio hacia las cinco mujeres de avanzada edad que estuvieron bajo su cuidado, primero en el monasterio burgalés de Belorado y posteriormente en el vizcaíno de Orduña
La Fiscalía y la acusación particular piden una pena de 12 años de cárcel para cada una de las exmonjas de Belorado. La causa, que también contempla el pago de diversas multas, se centra en un presunto trato vejatorio hacia las cinco religiosas de avanzada edad que estuvieron bajo su cuidado, primero en el monasterio burgalés de Belorado y posteriormente en el vizcaíno de Orduña.
El proceso, que tuvo lugar en Bilbao, sitúa a las acusadas ante posibles delitos de coacciones, trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal. La magistrada encargada del caso es quien determinará la responsabilidad penal de las antiguas clarisas.
Tras conocer las peticiones de las partes –lideradas por la acusación que ejerce el arzobispo de Burgos y comisario pontificio, monseñor Mario Iceta–, el grupo encabezado por Laura García de la Viedma, conocida como sor Isabel de la Trinidad en la vida religiosa, ha expresado su firme rechazo a estas pretensiones. Las exmonjas insisten en su inocencia respecto a las acusaciones de maltrato hacia sus compañeras de mayor edad.
«Caza de brujas»
En un comunicado, aseguran afrontar este procedimiento con «serenidad y confianza en que la justicia termine por aclarar lo sucedido». Asimismo, han tildado la situación actual de «caza de brujas» y denuncian una presión constante sobre su colectivo. En su escrito, el grupo sostiene que, lejos de buscar puntos de encuentro, perciben un interés deliberado por desmantelar su proyecto de vida y fracturar su comunidad.
Pese a este escenario, reafirman su decisión de continuar adelante con sus convicciones y se presentan como «mujeres de fe» que han actuado bajo decisiones conscientes y meditadas. Para las procesadas, este episodio judicial no es más que «una persecución y un castigo» motivado por haber desafiado a la jerarquía eclesiástica. Aunque admiten que la situación les genera un profundo sufrimiento, aseguran que su respuesta no será el «odio ni el resentimiento».
Por el contrario, han subrayado su compromiso de seguir defendiendo su libertad de conciencia y su dignidad, al tiempo que piden respeto para su comunidad y solicitan a la opinión pública que reserve su juicio hasta que se conozcan todas las circunstancias del caso.
