El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo
Castilla y León eleva a 346 millones los recursos para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo
Se reparten en 28 medidas estructuradas en siete bloques estratégicos
La Junta de Castilla y León aumenta hasta los 346 millones los recursos de las 28 iniciativas para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo.
El Ejecutivo autonómico añade 59,1 millones a la cuantía que puso en marcha el pasado 1 de abril por un importe de 286.7 millones para financiar los recursos del paquete de 28 medidas estructuradas en siete bloques estratégicos dirigidos a la financiación empresarial, el empleo, el transporte colectivo de viajeros Buscyl, el apoyo a las familias vulnerables, la fiscalidad autonómica energética, la eficiencia y ahorro energético y para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
La aplicación de las 28 medidas de carácter coyuntural puestas en marcha desde el 1 de abril está generando efectos positivos sobre los operadores económicos y las familias, sin embargo, la prolongación y evolución del conflicto bélico aconseja la actualización de las cuantías económicas necesarias.
Dentro de este paquete se encuentren medidas de financiación a los sectores empresariales con 113 millones de euros para paliar los cambios extraordinarios en las variables del mercado y los incrementos energéticos, se han diseñado las siguientes líneas de apoyo.
También se contemplan medidas para favorecer la empleabilidad con siete millones; medidas para reforzar el transporte colectivo de viajeros, que se aumentan desde cinco hasta los doce millones; el refuerzo del apoyo a familias vulnerables con un millón; reducción de la fiscalidad autonómica en aplicación del Real Decreto-Ley de 20 de marzo y del Real Decreto-Ley de 29 de junio, que aumenta desde los 117,4 a los 164,5 millones.
Asimismo, se contemplan medidas para para la eficiencia y el ahorro energético, con 33,3 millones, y medidas para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos, que aumentan desde los diez hasta los 15 millones.