El secretario general del PSOE de Castilla y León y exalcalde de Soria, Carlos Martínez, este miércoles
Operación 'Fuentona'
Así avanza la investigación del caso de corrupción del PSOE en el Ayuntamiento de Soria
El líder socialista afirma que el presidente de la Junta «ignora los problemas» de Castilla y León
Este jueves se cumple un mes desde que estalló uno de los últimos presuntos casos de corrupción que implican al PSOE: el del Ayuntamiento de Soria, un bastión que llevan gobernando dos décadas. La causa, sobre la que este miércoles ha habido movimientos, incluye la investigación de numerosos delitos de corrupción: tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.
La Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria acaba de acordar la prórroga durante un mes más de las actuaciones de la denominada Operación 'Fuentona', en el marco de la cual se llevó a cabo un registro en el Consistorio soriano y se detuvo inicialmente a siete personas. Asimismo, ha aceptado la personación de Vox como acusación popular, según han difundido fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) recogidas por este diario.
Entre los detenidos en el registro del Consistorio soriano, el 23 de junio, se encontraba la exconcejal de Medio Ambiente, Turismo y Comercio del Ayuntamiento, Yolanda Santos, quien posteriormente fue puesta en libertad.
La Policía judicial registra el Consistorio
Agentes de la Guardia Civil realizan un registro en el Ayuntamiento de Soria
La operación a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3 fue desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Soria y la autoridad judicial declaró secretas las actuaciones llevadas a cabo. Ahora este secreto se prorroga durante un mes desde este miércoles, si bien ya se conoce que la causa se fundamenta en varias adjudicaciones de contratos municipales a Biosfera Soria S.L., empresa vinculada a la edil imputada.
Un caso que enturbia a Martínez
El Ayuntamiento estaba gobernado por el PSOE y hasta abril de 2026 su alcalde había sido Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León, quien dimitió del cargo tras 19 años para poder recoger su acta como procurador en las Cortes de Castilla y León. Ahora el alcalde es Javier Antón, también del PSOE y considerado el delfín de Martínez en la capital soriana. No en vano, Antón se quedó fuera de la Corporación Municipal tras los últimos comicios y solo ha podido convertirse en primer edil después de la renuncia de una concejal que sí fue electa.
Martínez niega el chivatazo
El presunto caso de corrupción que investiga la Justicia derivó a su vez en otro posible delito de revelación de secretos por el supuesto chivatazo sobre el registro después de unas declaraciones de Martínez a El País en las que se desprendía que el líder del PSOE de Castilla y León conocía que la Benemérita iba a entrar en el Ayuntamiento.
El PP y Vox anunciaron acciones y querellas para esclarecer si hubo una filtración previa sobre la entrada de los agentes del Instituto Armado en dependencias municipales y si esa información llegó también a Martínez.
Yolanda Santos, concejal socialista en Soria detenida por corrupción
Según trasladaron PP y Vox tras una reunión con el alcalde, Antón les reconoció que el lunes 22 de junio el Ayuntamiento había recibido una comunicación informando de que al día siguiente podía producirse un registro.
Posteriormente, el TSJCYL confirmó que el Tribunal de Instancia remitió ese 22 de junio un oficio al alcalde en su condición de custodio de la documentación municipal para comunicar la posibilidad de una entrada y registro, pero sin concretar fecha, hora, hechos investigados, infracciones penales ni personas afectadas, como repasa Efe.
Según el TSJ de Castilla y León, incluía una advertencia expresa sobre el carácter secreto de las actuaciones y sobre las posibles consecuencias jurídicas derivadas de revelar cualquier información relacionada con ellas.
Martínez negó posteriormente haber tenido conocimiento del registro antes de las 9:22 horas del 23 de junio, cuando la Guardia Civil ya se encontraba en el Ayuntamiento, y rechazó que se hubiera producido ese chivatazo. En todo caso, la causa principal sigue muy viva, con esta prórroga de las actuaciones judiciales.
