La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una imagen de archivo
Las polémicas y problemas de Colau ante el reto de presentarse a la reelección por tercera vez
Los Juegos Olímpicos de 2030, el turismo y sus frentes judiciales protagonizan el momento de la candidatura de la alcaldesa de Barcelona
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se va a presentar a la reelección por tercera vez. Una decisión que no ha sido fácil, asegura, y que no ha tomado a la ligera. «Será un honor y una alegría poder optar al tercer mandato para seguir trabajando por un nuevo modelo de ciudad», decía Colau, que de esta forma aceptaba la propuesta de las bases de Barcelona en Comú para que volviera a ser candidata. Un aval de la militancia que era necesario, porque el código ético de la formación establece que los cargos electos pueden permanecer hasta dos mandatos en el Ayuntamiento, aunque deja abierta la puerta a un tercero si las bases dan su visto bueno en una votación.
Juegos Olímpicos
A la alcaldesa de Barcelona nunca le ha gustado la posibilidad de que los Juegos Olímpicos de Invierno se puedan celebrar en el Pirineo, y que la capital catalana pueda actuar como palanca. No ha mostrado claramente un 'no' rotundo, pero siempre se ha escudado en que el territorio dé su aval, que tenga los consensos necesarios y que sean sostenibles. Ella no lo ha dicho claro, pero su partido, Barcelona en Comú, sí: «STOP Juegos Olímpicos» es lo que se podía leer en una pancarta que habían colgado en unas carpas que la formación había instalado en el barrio de Gracia, concretamente justo a la estación de Fontana. También se podía leer: «Treinta años de fiesta, treinta años de miseria».
El partido de Colau hace campaña en contra de los Juegos Olímpicos, en un momento en que la candidatura pende de un hilo por las desavenencias entre los gobiernos catalán y aragonés. La postura de Barcelona en Comú y de la propia alcaldesa contrasta con la de sus socios de Gobierno, los socialistas. El teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha asegurado que la capital catalana quiere estar «en el puente de mando» de los Juegos Olímpicos de invierno, una cita que, añade, no duda en que traerá muchos beneficios y puede «ayudar» a que Barcelona esté nuevamente «en el lugar que le corresponde».
De hecho, un alcalde del PSC, Jordi Hereu, ya intentó que en Barcelona se celebraran unos nuevos Juegos Olímpicos, de invierno. Lo anunció en enero de 2010. Él habló entonces de la candidatura Barcelona-Pirineus para 2022. La capital catalana albergaría las ceremonias de inauguración y clausura y algunas pruebas, como las de patinaje, curling o hockey sobre hielo en algunas instalaciones que ya tenía la ciudad, como el estadio Olímpico o el Palau Sant Jordi. Otras pruebas, como las de esquí o saltos, se celebrarían en estaciones del Pirineo, como La Masella o La Molina. Pero aquel sueño olímpico se esfumó. Y la llegada, precisamente, de la actual alcaldesa de Barcelona supuso el cierre de la oficina olímpica.
«Barcelona no se puede gobernar desde la mentira y la hipocresía, el separatismo ya ha hecho suficiente daño como para tener a una alcaldesa que intenta aplicar la ideología obligada de unos pocos en toda la ciudad. El espíritu antisistema de Colau sigue presente después de siete años de alcaldesa y su agotamiento frente al Consistorio es cada día más evidente», decía la líder de Valents en el Ayuntamiento de Barcelona, Eva Parera.
Turismo
Otro de los frentes que tiene abiertos Colau, cómo no, continúa siendo el turismo y, en concreto, los cruceros. Su última idea es la de limitar a tres el número de cruceros en el puerto de Barcelona, una medida que ya se ha puesto en marcha en Baleares. Unos planes que ha comunicado tanto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como al presidente del puerto de Barcelona, Damià Calvet, y a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Pide una mesa de trabajo para tratar el tema con «datos objetivos», asegura. Según Colau, este tipo de turismo viene acompañado de problemáticas varias, como la masificación, además del fuerte impacto que tiene, dice, sobre el medio ambiente, los servicios de la ciudad y la salud de las personas.
Vista aérea del puerto de Barcelona
La ministra le ha recordado a Colau que en 2019 la actividad de cruceros dio a Barcelona unos 500 millones de euros; el presidente del Puerto, Damià Calvet, niega que se haya producido un «alarmante» incremento de las escalas y sí se mostraba predispuesto a participar en una mesa de diálogo, pero que «mejore el turismo de calidad que representan los cruceros para Barcelona». Los hoteleros recuerdan que este tipo de turismo supone el 40 % de la facturación en los meses de máxima afluencia.
Ahora son los cruceros, pero ya desde Semana Santa varios concejales del Gobierno municipal han dejado caer que sería conveniente limitar el acceso de turistas a Ciutat Vella. Lo decía el concejal Jordi Rabassa, quien en Betevé apuntaba la posibilidad de limitar el número de personas que van con cada guía turístico o prohibir el uso de altavoces en estas visitas en barrios como la Barceloneta o el Gótico.
Movilidad
La «supermanzana del Eixample» es uno de los proyectos estrella y también más polémicos de Colau. La Fiscalía lo está investigando después de la denuncia presentada por la plataforma Salvem Barcelona, al considerar que el Ayuntamiento podría haber cometido un delito contra la ordenación del territorio al haberlo aprobado sin la modificación del Plan General Metropolitano.
Se trata de un proyecto de gran alcance que prevé cambios en las calles Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell y Girona para hacer más ejes verdes. Eso de entrada, porque la idea de Colau es que cuando esté completada toda la reforma se ganen unos 58.000 metros cuadrados para el peatón. Las obras tendrían que empezar ya en junio.
Pero desde la plataforma Salvem Barcelona consideran que estas reformas tendrán efectos muy importantes sobre la movilidad, el comercio y también la actividad residencial en el área metropolitana de la ciudad. Y además, creen que es «una actuación arbitraria de la Administración», que tiene una clara intención ideológica, vulnera el interés general y se salta la jerarquía normativa.
Recreación de la transformación de la calle Rocafort en un eje verde en el marco de la «supermanzana» del Eixample
Este proyecto de «supermanzanas» también ha sido duramente criticado por entidades como el RACC o la patronal Foment del Treball, por las graves consecuencias económicas que puede conllevar. Desde Foment estiman que, al poner más trabas de acceso a la ciudad para los vehículos, se podría perder alrededor del 20 % de la facturación del comercio y de la restauración, o lo que es lo mismo, unos 3.500 millones de euros, especialmente en el centro y en el Eixample. Y esto, a su vez, comportaría la pérdida de unos 25.000 puestos de trabajo, como mínimo.
Pero también hay otros proyectos que afectan a la movilidad que están siendo cuestionados, como la reforma de Via Laietana. La patronal Foment del Treball lo ha recurrido a los tribunales, para frenar unas obras que, dicen, colapsarán el tráfico y perjudicarán gravemente a los comercios de la zona.
Hay que recordar que la alcaldesa ya se llevó un revés judicial cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló hace unos meses la ordenanza municipal de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al considerar que faltaban «informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y demasiada restricción del tipo de vehículos afectados». De esta forma, el tribunal estimaba seis recursos presentados por diez colectivos. Esta ordenanza, que se aprobó a finales de 2019 y entró en vigor en enero de 2020, restringía la circulación a los vehículos sin etiqueta medioambiental al considerarlos más contaminantes.
Problemas judiciales
Una de las querellas a las que Colau debe hacer frente es la de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Se investiga a la alcaldesa por malversación, prevaricación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público por conceder de forma irregular subvenciones a entidades afines, como la plataforma de Afectados por la Hipoteca, el observatorio DESC o la Alianza contra la Pobreza Energética. En algunas de ellas, Colau no sólo colaboró, sino que también trabajó. En la querella se cifra la presunta malversación en 80 millones de euros.
Ya tuvo que declarar en los juzgados por esta cuestión. Entonces, defendió su gestión. Aseguró que estas ayudas públicas ya se daban antes de que ella entrara en el Ayuntamiento y que en cualquier caso, no las tramitaba. También explicó que el secretario general del Consistorio tampoco vio nada ilegal por el hecho de que Colau se abstuviera en la votación para aprobar estas subvenciones, precisamente porque ella no intervino en su tramitación.
Pero también está pendiente de que otro juzgado de Barcelona la cite para declarar como investigada, junto con tres cargos municipales, por presuntas coacciones y prevaricación administrativa. Todo ello, después de que la Audiencia de Barcelona revocara parcialmente la decisión del juzgado de instrucción número 38 de Barcelona de sobreseer una querella presentada por el fondo Vauras Investment.
Querella que nace del llamado caso del Bloc Llavors, que estuvo okupado y finalmente fue desalojado después de varios intentos en marzo de 2020. Un lanzamiento que autorizó el juez. Pero, aun así, el Ayuntamiento sancionó a la empresa con hasta seis multas que iban desde los 69.000 hasta los 75.000 euros por no ofrecer un alquiler social a los okupas. El consistorio consideró que se había cometido una infracción grave de la Ley de Derecho a la Vivienda. Y Vauras entendió que se le estaba coaccionando para que hiciera este ofrecimiento.
También Llibertats, la Asociación de Juristas constitucionalistas por las libertades, ha presentado un contencioso-administrativo contra Ada Colau por haber realizado una selección de personal con la finalidad de favorecer a altos cargos de su entorno. La entidad quiere impugnar la convocatoria de ampliación de bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona y las bases que la rigen por entender que el significativo número de miembros del Consistorio municipal presentados a la convocatoria podría vulnerar el principio de igualdad en el acceso a la función pública y perjudicar los derechos y oportunidades de otros aspirantes.
Entre las personas vinculadas al consistorio y a los comunes que han superado la prueba están Tatiana Guerrero, asesora de la tenencia de alcaldía de Derechos Sociales, y que se da la circunstancia también de que es la pareja del concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia. Badia, por cierto, también aspiraba a formar parte de esta bolsa de trabajo, pero tras el revuelo, decidió apartarse de la convocatoria. Además de Guerrero han superado las pruebas Elia Gran, asesora de la concejalía de Salud; David Pequeño, consejero de Barcelona en Comú en Ciutat Vella; Eduard Corbella y Pau Campderrós, en el Eixample; o Martín Berruezo, en Sants-Montjuïc. Así, hasta llegar a 17. Por parte del PSC estamos hablando de Alberto Lacasa y Marc Martínez, ambos consejeros de distrito.
Los concejales ante la justicia
Y otro frente judicial, no para Colau, sí para su concejal de Medio Ambiente, Eloi Badia, a quien un juez investiga por la cesión de la antigua comisaría de la Policía Nacional en la plaza Lesseps de Barcelona. El local, propiedad municipal, estuvo okupado durante un tiempo. Posteriormente, el Consistorio cedió la gestión a la Asociación Joves de Gracia que puso en marcha el Casal dels Tres Lliris. Ahora, vecinos de la zona han acusado a Badia de prevaricación y malversación por haber cedido este espacio, teniendo en cuenta que se ha hecho sin que se haya convocado un concurso público, sin que se controle el pago del alquiler ni su uso. Además, los vecinos se quejan constantemente de los problemas que trae este espacio: fiestas, botellones y mucho ruido. Badia deberá declarar ante el juez en septiembre.
El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia, en rueda de prensa sobre la ZBE, en Barcelona
Y otra concejal de Colau, Janet Sanz, que es teniente de Alcaldía de Ecología Urbana y Urbanismo, está siendo investigada por los presuntos delitos de prevaricación, omisión de la obligación de perseguir delitos y obstrucción a la justicia. Todo ello a raíz del caso de la Casa Buenos Aires de Vallvidrera, que fue expropiada por el Consistorio para evitar que allí se construyera un hotel de lujo. Ya tuvo que declarar en marzo ante los tribunales y aseguró que esta operación obedecía a un «interés público». Presentaron la querella la Congregación de los Padres Paules y el fondo London Private Company. Acusaban a la concejal de favorecer la okupación y de retrasar los expedientes para las licencias de obras.
El último Barómetro municipal, de diciembre, eso sí, suspendía su valoración personal. Obtenía un 4,2. A eso hay que añadir que casi la mitad de los barceloneses encuestados consideraban que la gestión municipal era mala o muy mala. Un barómetro que también ponía de relieve los principales problemas de la ciudad: inseguridad, vivienda y limpieza.
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