La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un pleno del Ayuntamiento
Cataluña Colau y tres cargos municipales, imputados por prevaricación y coacciones
El origen es el llamado caso del Bloc Llavors, que estuvo okupado y finalmente fue desalojado por los Mossos. La empresaria propietaria acusó al ayuntamiento de actuar en connivencia con los okupas
La Audiencia Provincial de Barcelona ha admitido a trámite una querella contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y otros 3 cargos municipales por los delitos de prevaricación administrativa y coacciones. Todo ello, a raíz del llamado caso del Bloc Llavors, que estuvo okupado y finalmente fue desalojado después de varios intentos en marzo de 2020. El propietario de las viviendas, el fondo de inversión Vauras Investment, acusó al equipo de gobierno municipal de actuar en connivencia con los okupas.
De hecho, la empresa ya se querelló contra el Ayuntamiento en 2020, por «coacciones, extorsión, prevaricación, tráfico de influencias, usurpación de atribuciones, cohecho e infidelidad en custodia de documentos». Pero la titular del Juzgado de instrucción número 38 de Barcelona archivó la querella al considerar que no se había acreditado lo suficiente. Pero ahora, la Audiencia ha decidido revocar parcialmente la decisión del juzgado de Barcelona y ordena admitir a trámite esta querella «por coacciones y prevaricación administrativa».
Además de la alcaldesa de Barcelona hay tres cargos municipales imputados. Dos son concejales: Lucía Martín, concejal de vivienda y Marc Serra, concejal del distrito de Sants-Montjuic; también se incluye en la querella a Fuensanta Alcalá, que es la responsable de Disciplina de Vivienda e Inspección. Todos deberán declarar como investigados.
Okupación ilegal
Recordemos que esta batalla judicial entre el fondo de inversión y el ayuntamiento ya viene de lejos, de 2017. Entonces, la empresa compró unos edificios en Barcelona y en uno de ellos, situado en el Poble Sec, pidió permiso de obra para rehabilitarlo. Poco antes de que terminaran estas obras varias personas okuparon ilegalmente algunos pisos del inmueble, personas amparadas por el Sindicat de Barri, una entidad muy próxima los comunes de Ada Colau. Tras una larga batalla en los juzgados, finalmente los tribunales dictaron la orden de lanzamiento para estos pisos, orden que se ejecutó después de seis intentos.
Pero la empresa, a pesar de que un juez había declarado ilegal estas ocupaciones, recibió varias sanciones por parte del Ayuntamiento por no ofrecer un alquiler social a los ocupantes de estos pisos. Seis sanciones que iban de los 69.000 hasta los 75.000 euros. El total subía a 417.000 euros. Se amparaba el consistorio en la Ley de derecho a la vivienda, y consideraba que se había cometido una infracción grave del artículo 124,2i, que contempla sanciones por no hacer este ofrecimiento siendo un gran tenedor.
Y recordemos también, tal y como avanzó El Debate, que un juzgado contencioso administrativo de Barcelona dejó sin efecto una de estas sanciones y condenó al Consistorio a pagar las costas del juicio. En la sentencia se recordaba al ayuntamiento que la sanción es «anticonstitucional» y que además lo hizo «a sabiendas», puesto que ya existía una sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2021 que declaraba nulos los artículos en los que se basaban estas sanciones.
Pero éste no es el único problema al que debe hacer frente la alcaldesa de Barcelona cuando falta un poco más de un año para las elecciones municipales. Colau ya tuvo que declarar ante un juez a principios de marzo como investigada por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público.
Colau fue citada a declarar después de que el juez admitiera a trámite una querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), que acusaba a Colau de conceder subvenciones presuntamente irregulares a entidades afines. En la querella se recoge que la presunta malversación sube a 80 millones de euros
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