El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, en el pleno del Parlament en una imagen de archivo
Cataluña
La Generalitat envía instrucciones a los centros para que desobedezcan la sentencia del TSJC sobre el 25% de castellano
La consejería les ha hecho llegar también un cuestionario para validar los proyectos lingüísticos de las escuelas
La consejería de Educación ha enviado esta mañana las instrucciones a los centros educativos y un cuestionario para validar que sus proyectos lingüísticos se adaptan al nuevo decreto aprobado por el Govern este lunes, con la intención de desobedecer la sentencia del 25% de castellano. Decreto, que recordemos, rechaza expresamente que haya porcentajes en la enseñanza de las lenguas, y que en ningún momento contempla que el castellano sea vehicular, tan siquiera «curricular», como así consta en la nueva ley del catalán pactada entre Junts, ERC, PSC y comunes. Ley que, recordemos, está paralizada a la espera del informe del Consejo de Garantías Estatutarias.
El cuestionario consta de siete preguntas con respuestas binarias: sí o no. Se pregunta si el proyecto prevé que el catalán, como «lengua propia de Cataluña» es la normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje; si es el catalán la lengua de acogida de los nuevos alumnos; si contempla el uso curricular y educativo del castellano y del catalán; si el proyecto contempla criterios pedagógicos y desde un abordaje «global, integrador y de transversalidad curricular para determinar la presencia de las lenguas oficiales»; también se pregunta si tiene en cuenta la realidad sociolingüística del centro; si tiene en cuenta los resultados de las pruebas y evaluaciones periódicas; y el cuestionario se cierra con la pregunta sobre si el proyecto lingüístico «evita el uso de porcentajes» en la enseñanza y uso de las lenguas.
Si las direcciones de los centros responden afirmativamente a las siete preguntas, quedará validado el proyecto lingüístico a efectos de la normativa vigente. Si no es así, si hay alguna respuesta negativa, será necesario que los colegios adapten el proyecto y estas modificaciones tendrán que ser aprobadas por el consejo escolar, en el caso de los centros públicos, o la titularidad del centro en el caso de los concertados. Posteriormente, se remitirá el nuevo proyecto a los servicios territoriales de la consejería.
En las instrucciones se deja claro que es el Departamento de Educación el que «asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos que valida» y también que la Inspección de Educación hará «un seguimiento de la aplicación del proyecto lingüístico de cada centro, sea en el marco de sus visitas ordinarias o del plan de impulso por la lengua o dentro de un plan de actuación específico».
Desde la Plataforma Escuela de Todos dejan claro que «el día 1 de junio, si las instrucciones enviadas a los centros no cumplen con lo exigido por la sentencia, la Asamblea por una Escuela Bilingüe presentará escrito ante TSJC denunciando la desobediencia y pidiendo medidas de ejecución inmediata».
Y desde la comunidad educativa, algunos profesores y directores consultados por El Debate no acaban de ver claras estas instrucciones porque, a su juicio, pone a las direcciones «entre la espada y la pared». ¿A quién desobedecemos? Se preguntaba el director de un colegio de Terrassa: al tribunal o a la consejería.
Recordemos que estas instrucciones parten del decreto-ley aprobado ayer por el Govern para evitar cumplir la sentencia del TSJC sobre el castellano y «blindar el modelo de escuela catalana», esto es la inmersión lingüística sólo en catalán. Un decreto que es complementario a la nueva ley del catalán, que como decíamos, está paralizada por un movimiento de última hora de Ciudadanos, PP y VOX, que han pedido un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre su legalidad. El PSC apoya, de hecho es partícipe de la ley, pero no así del decreto porque considera que «desafía a los tribunales».
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