07 de diciembre de 2022

Un profesor impartiendo clase en un aula, en una imagen de recurso.

Un profesor impartiendo clase en un aula, en una imagen de recurso.Pexels

Cataluña  Una asociación denunciará a los directores de las escuelas que no apliquen las medidas cautelares del 25 % de español

Asimismo, también demandarán al consejero de Educación, González Cambray, y a la secretaria del departamento

Los alumnos de primaria y secundaria, 1,6 millones, empezaban este lunes el curso escolar en Cataluña, marcado no solo porque no se va a aplicar la sentencia del 25 % de castellano en todo el sistema educativo catalán, sino también porque el consejero de Educación, Josep González Cambray, ha ordenado que ni tan siquiera se cumplan las medidas cautelares que habían conseguido una treintena de familias, para que se diera más español en las aulas de sus hijos. En algunos casos, con sentencias ya firmes.
Es el caso por ejemplo de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar. La dirección del centro ya informó hace unos días a la familia afectada que no se iba a cumplir con ese 25 %. Una situación que se ha repetido en la escuela La Falguera o en el Instituto del Prat. Ante este panorama la Asamblea por una Escuela Bilingüe ya ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la dirección de la escuela de Canet no está aplicando las medidas cautelares, y en los próximos días, además, la entidad tiene intención de denunciar al consejero de Educación, González Cambray, a la secretaria del departamento, pero sobre todo a los directores de los centros, porque según la presidenta de la AEB, Ana Losada, «son funcionarios y tienen que cumplir en cualquier caso las sentencias judiciales».
Losada lamenta el comportamiento del Govern «que no es democrático», y no está basado, dice, en criterios lingüísticos o pedagógicos, sino en la «hispanofobia». Y si la presidenta de la AEB considera «grave» que el gobierno catalán «se salte las leyes» y actúe con total «impunidad», también denuncia el «silencio cómplice» del gobierno de España. Una muestra, dice Losada de que el ejecutivo de Sánchez no va a hacer nada, es que no ha recurrido ni la ley ni el decreto aprobado recientemente por la Generalitat y el Parlament para que no se aplicara la sentencia del 25 % de castellano. Y a eso hay que añadir, decía, que la ministra de Educación «lleva días callada».
Losada también ha reprochado al PSC su apoyo a la norma que ahora utiliza el Govern para que no haya más castellano en las aulas. Y ha pedido explicaciones a sus dirigentes, especialmente al líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa y a la diputada responsable de educación, Ester Niubó, porque «dijeron que con la ley se garantizaba el cumplimiento de la sentencia y que el castellano fuera lengua vehicular y está ocurriendo lo contrario».
Pero una de las cuestiones que más duele a la presidenta de la AEB es que lleva «años luchando para conseguir que tus hijos puedan estudiar también en español. Soportar la presión de los centros, el acoso nacionalista y que ahora se retire ese derecho a las familias».
Familias como las de Jordi López, que tiene un hijo que estudia en primaria y otro en secundaria, y al que los tribunales le habían reconocido el derecho para que tuvieran más educación en castellano. Además, uno de ellos, que cursa ESO, tiene necesidades especiales. En declaraciones a El Debate decía que esta situación «a mi hijo le viene afectando de hace mucho tiempo, porque por el trastorno que tiene avanzaría más en su lengua materna, tiene un trastorno en el lenguaje. Está reconocido por psicólogos y por el equipo de psicoterapia. El tener un poco más de castellano le hubiera ayudado a mejorar».
Pero el director del centro le ha dejado claro que no va a aplicar las medidas cautelares y tampoco le va a dar ninguna alternativa. Jordi explica que al director le dejó claro que «solo un juez las podía retirar». Y lamenta que a diferencia del consejero de Educación «no podemos llevar a nuestros hijos a colegios de pago que son trilingües». Eso sí, deja claro que «vamos a luchar, interpondremos las denuncias que hagan falta. Los derechos de mis hijos no los va a tocar una administración, sino un juez».
Y también lamenta que todas las familias «nos sentimos abandonadas. La administración nos deja de lado». Jordi también precisa que estos padres que piden una educación bilingüe «no queremos eliminar el catalán, ni mucho menos, porque nuestros hijos tienen la obligación de estudiar el catalán, pero también el derecho de aprender el castellano en igualdad de condiciones».
Jordi también había denunciado esta situación ante el Parlamento Europeo. Hace unos días había enviado una petición a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara para pedir amparo porque la Generalitat tenía intención de «dejar de cumplir medidas cautelares impuestas a mis hijos». Entonces, el consejero de Educación había dejado caer esa posibilidad que se confirmó unas semanas antes del inicio de curso.
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