
Inmersión lingüística en catalán
Cataluña
Así arrincona la Generalitat al español
El Govern defiende que el catalán está en situación de «emergencia» y hay que potenciarlo, especialmente en el ámbito educativo
A situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Es lo que piensa la Generalitat sobre la situación del catalán, que se encuentra en situación de «emergencia», según repiten una y otra vez desde el ejecutivo catalán y desde las entidades independentistas. De ahí que en los últimos meses se haya pisado el acelerador presentando planes o aprobando leyes para potenciar, aún más, el uso del catalán en detrimento del español. Y con la educación como objetivo número uno.
Este curso que arrancó en septiembre tendría que haber sido el primero en el que se aplicara la sentencia del 25 % de castellano, tal y como ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y posteriormente el Tribunal Constitucional. Desde un primer momento, el Govern dejó claro que no tenía intención de cumplir la sentencia. Por ello, presentó recurso tras recurso para dilatar su aplicación lo máximo posible, y la jugada le salió bien porque se aprobó in extremis una legislación que prohibía el uso de porcentajes para la enseñanza de las lenguas. Se trata del decreto aprobado por el Govern por el que se fijan los criterios para la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos; y también la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que salió adelante en el Parlament con el voto de los partidos independentistas, de los comunes y del PSC.
Con estas leyes aprobadas, el TSJC reconoció que la sentencia era inaplicable, aunque eso sí, elevó al Tribunal Constitucional esta normativa al considerar que podía ser inconstitucional, entre otras cosas porque excluye el castellano como lengua vehicular en la educación. Es más, el alto tribunal catalán llegó a reprochar al Govern y al Parlament su propósito de «bloquear» la aplicación de la sentencia del 25 %.
Junto con la normativa, la Generalitat ha puesto en marcha la creación de los 'coordinadores lingüísticos'. ¿Esto qué significa? Que cada centro tiene que constituir un grupo formado por tres miembros del equipo directivo, que será una especie de comisariado lingüístico, porque tiene que controlar en qué lengua se dan las clases, en qué idioma hablan los alumnos entre sí, pero también los alumnos con el profesor. Y no sólo en las aulas, sino también «en los pasillos», en el comedor o incluso en las actividades extraescolares.Más presión en las universidades
Es en la educación obligatoria donde se ejerce más presión para utilizar el catalán, pero este Govern también ha puesto en el punto de mira a las universidades. Recordemos, además, que los rectores de las universidades públicas catalanas suscribieron un documento por el que se comprometían a que un 80 % de las clases se dieran en catalán. Una medida que han denunciado las asociaciones a favor del bilingüismo, que los porcentajes sí valgan para la universidad, pero no así para infantil, primaria y secundaria.
Potenciar el uso del catalán en este ámbito había sido una de las obsesiones de la ya exconsejera de Junts, Gemma Geis. Bajo su dirección se han impulsado las delaciones. Y es que los centros tienen que hacer un informe semestral en el que se recogen las incidencias que pueda haber sobre cambios en la lengua de las asignaturas, las causas, y también el seguimiento y la respuesta que se da por parte del centro universitario. Pero lo cierto, y según datos de la consejería, es que las quejas presentadas sólo representan un 0,1 % de la oferta de asignaturas de grados y másteres en el conjunto del sistema universitario catalán. Además, algunas universidades han habilitado buzones de queja u otros canales para denunciar a aquel profesor que cambie de lengua.
También se quiere poner más presión a los docentes, porque sobre la mesa hay otras propuestas, como exigir el nivel C1 de catalán al profesorado, excepto para los docentes visitantes, los eméritos o los temporales; también los profesores asociados de las universidades públicas, como la Universidad de Barcelona, han recibido correos electrónicos en los que les instan a «acreditar el conocimiento de la lengua catalana, para evidenciar que es competente en las dos lenguas oficiales». Y, es más, en el mensaje se advierte que no podrán continuar como docentes en el curso 2023-2024 si no ha aportado la acreditación que requiere la normativa aplicable. Y en la propia UB se ha puesto en marcha desde septiembre una prueba piloto de traducción simultánea que tiene como objetivo que los docentes no se pasen al español en sus clases, aunque haya alumnos del resto de España o extranjeros.
Pacto Nacional por la Lengua
En el marco del llamado Pacto Nacional por la Lengua, impulsado por el Govern, se presentó un informe sobre la situación del catalán que si bien decía no está en una situación de «peligro inminente», si apuntaba que la «tendencia es preocupante». Un informe en el que se recogían propuestas para potenciar su uso.
Así, por ejemplo, en el ámbito de las empresas y del comercio, se propone la posibilidad «de fijar obligaciones o responsabilidades» para asegurar que el personal que «tiene encargada la relación oral o escrita con el público cuenta con la capacitación necesaria en las dos lenguas oficiales». En definitiva, se trata de que las empresas a la hora de buscar perfiles especifiquen como requisito el conocimiento de idiomas, y en este caso, del catalán. Hay que tener en cuenta
Y del mismo modo que en las empresas, también se propone que en el ámbito de la salud se tenga en cuenta el conocimiento de lenguas oficiales en los procesos de selección. Y especialmente teniendo en cuenta que en los últimos años en Cataluña no solo se han colegiado un número importante de profesionales extranjeros, sino que en los próximos diez años se jubilarán más de una cuarta parte de los colegiados actuales, «mayoritariamente nacidos o formados en Cataluña».
El español, residual institucionalmente
Y más allá de estos ámbitos, el español es residual en la comunicación institucional de la Generalitat. En las páginas web gubernamentales, en muchos casos, o los contenidos sólo aparecen en catalán sin posibilidad de cambiar de idioma, o bien, lo que ocurre con más frecuencia: «contenidos anunciados o titulados en castellano que enlazan a su desarrollo o explicación con textos o audios en catalán». Y en otras, como en la del Parlament, se ofrece la opción de Google Translate, aunque ya se advierte de que la traducción no es oficial.
Y hay más ejemplos: los trámites para pedir ayudas a personas dependientes, pensiones no contributivas, la renta mínima garantizada y otras prestaciones sociales básicas están en catalán. Sí se anuncian en castellano las plazas para cuerpos docentes o de bomberos, pero el enlace del desarrollo de la convocatoria está solo en lengua catalana. O se deja en blanco la página web en español sobre la actividad de los Mossos.
Por otro lado, desde el departamento de Políticas Digitales se está impulsando desde hace meses el proyecto Aina, que tiene como objetivo, según el que fuera consejero, Jordi Puigneró, «garantizar el derecho» de los catalanes a relacionarse con las máquinas en su lengua. Aina tiene como objetivo generar recursos digitales y lingüísticos para desarrollar aplicaciones basadas en la inteligencia artificial y las tecnologías de la lengua, como los asistentes personales, traductores automáticos o sintetizadores de voz. Y por supuesto, usar solo el catalán y el inglés, porque tal y como se asegura en la web, Aina, es «el proyecto para garantizar el catalán en la era digital».
También desde la Generalitat se ofrece una guía para «hacer crecer el catalán en Internet». Y uno de los recursos que se ofrece es el destinado a 'catalanizar' el ordenador mediante un programa específico, Softcatalà, «que convierte el sistema operativo y las aplicaciones» al catalán. Softcatalà pertenece a una entidad independiente, aunque colabora con la Generalitat a través del portal oficial Llengua Catalana.