Puigdemont, en un homenaje reciente a Pau Casals realizado en Francia
El laberinto catalán
Puigdemont prepara su regreso a España y empieza a desmantelar el Consell de la República
Las quejas internas y la desmotivación de sus seguidores no arrugan al expresidente catalán, que sigue empecinado en cerrar un acuerdo con Sánchez
La Guardia Civil acreditó que Puigdemont intentó desde el exilio seguir recibiendo ayuda de Putin
A finales de agosto, paralelamente al inicio de las conversaciones entre Pedro Sánchez y Puigdemont que desembocaron en la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados, el prófugo líder de Junts procedió a suprimir la Asamblea del Consell de la República para evitar que surgieran criticas desde su entorno a los acuerdos que se estaban empezando a fraguar entre socialistas y neoconvergentes. Puigdemont temía la críticas que pudiera recibir, ya que durante la campaña electoral negó cualquier posibilidad de acuerdo con el PSOE.
El Consell de la República es el instrumento creado por Puigdemont para mantener la apariencia de Gobierno en el exilio y, a la vez, financiar su estancia en Bruselas mediante las cuotas de los 100.000 socios de la entidad. La supresión del órgano participativo, que se elegía mediante sufragio entre los miembros del Consell, pilló desprevenidos a los seguidores de Puigdemont y se realizó sin previo aviso. Hasta el momento se había celebrado una única elección… y ya no habrá ninguna más.
Para acallar las críticas, Puigdemont envió un mail a sus, hasta entonces, incondicionales seguidores, informándoles de que la Asamblea se sustituiría por dos órganos de participación, uno representativo de las organizaciones locales que el Consell tiene en diversos municipios de Cataluña y el otro, un foro de expertos encargados de redactar el corpus legislativo de la futura república catalana. Para calmar a los militantes del Consell, en esa misma misiva electrónica Puigdemont informó de que esta nueva forma de organización sería ratificada por las bases en una consulta.
Dicha consulta se llevó a cabo esta semana y se saldó con un sonoro fracaso de participación y una tirada de orejas a Puigdemont. Solo 5.874 miembros del Consell de la República de los 90.841 llamados a participar en la votación ejercieron su derecho al voto, poco más del 6 %, y de estos un 20 %, 1.818, lo hicieron para discrepar de la propuesta de su líder, Puigdemont.
La votación se vio enrarecida por el clima tenso que se generó en las semanas precedentes. Un grupo de militantes del Consell de la República se dirigió por carta a Puigdemont acusándolo de tomar decisiones unilaterales y aprovecharon la misiva para cargar contra Toni Comín, compañero de fuga de Puigdemont y vicepresidente del Consell de la República. Los afiliados al Consell firmantes de la carta acusaban a Comín de gastos innecesarios y de poca transparencia.
Las quejas internas y la desmotivación de sus seguidores no arrugan a Puigdemont, que sigue empecinado en cerrar un acuerdo con Pedro Sánchez que le permita volver a España sin tener que pisar ni un juzgado ni mucho menos una celda, aunque sea preventivamente.
Dando por sentando que el PSOE y Junts llegarán a un acuerdo, una vez desarmado el Consell de la República y suprimidos sus órganos de participación, Puigdemont ha convocado una consulta entre los socios del Consell a los que entre el 17 y el 23 de octubre preguntará si creen que se debe bloquear o facilitar la elección de Pedro Sánchez.
El 27 termina el plazo legal para formar Gobierno. Si Puigdemont lleva al extremo su consulta, el pleno de investidura no podría convocarse hasta el día 24
Puigdemont y su entorno, para evitarse disgustos, se han apresurado a explicar que la consulta a las bases del Consell es meramente consultiva y no vinculante. No deja de ser paradójico que Junts reclame al Gobierno español la celebración de un referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña, pero la opinión de sus seguidores sea meramente orientativa.
El 27 de noviembre llega a su fin el plazo legal para formar Gobierno, con lo cual, si Puigdemont lleva hasta el extremo su paripé de consulta, el pleno de investidura no podría convocarse hasta el 24 de noviembre, viernes, y la segunda votación, si fuera necesaria, debería llevarse a cabo el 26 domingo o el mismo lunes 27.
Hay que tener en cuenta que el pacto que firmen Sánchez y Puigdemont deberá pasar un doble filtro, por un lado, el aval no vinculante de los miembros de los Consell de la República y por el otro, la consulta a la militancia de Junts. La última consulta a los militantes de Junts terminó con la salida de este partido del Gobierno catalán.
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