El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, llega a declarar a la Ciudad de la Justicia
Cataluña
Aragonès declara este miércoles por el caso Pegasus
El juez también tenía que interrogar a la exdirectora del CNI Paz Esteban, pero su declaración se ha retrasado a enero
A las 9:30 de la mañana está citado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el juzgado de instrucción 29 de Barcelona. Allí debe declarar como perjudicado a raíz de la querella que presentó contra la exdirectora del CNI Paz Esteban y la empresa NSO Group, propietaria del software Pegasus, por el espionaje que sufrió a través de su teléfono móvil.
Fuentes de Presidencia aseguran que Aragonès responderá a las preguntas de todas las partes, porque su objetivo es que se esclarezcan los hechos. Hay que tener en cuenta que el presidente de la Generalitat ha mostrado en más de una ocasión su satisfacción porque se está investigando este caso. Considera que se tiene que llegar «hasta el final», y poder saber quién autorizó este espionaje, con qué motivo, y para qué se ha utilizado la información que se obtuvo.
En esta declaración, Aragonès podrá relatar al juez detalles del espionaje que plasmó en la querella que presentó en julio de 2022, y en la que consideraba que Esteban y NSO Group pueden haber incurrido en presuntos delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos, de intercepción ilegal de comunicaciones, de espionaje informático y de «otros delitos contra los derechos fundamentales».
El juez también había citado para este miércoles a la exdirectora del CNI, pero su declaración se ha aplazado hasta enero a petición de su defensa, la Abogacía del Estado. Hay que tener en cuenta que la investigación por este caso de presunto espionaje a líderes independentistas a través de sus móviles está dispersa en varios juzgados, y éste de Barcelona es el primero que cita como investigado a un responsable del CNI.
Precisamente el juez ha pedido documentación al servicio de inteligencia español, a la empresa israelí propietaria de Pegasus y al Tribunal Supremo para que confirme si, efectivamente, autorizó el espionaje. También ha pedido al Consejo de Ministros que desclasifique informes del CNI relacionados con el caso.
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