Los dirigentes de Junts Jordi Turull, Laura Borràs, Carles Puigdemont y Anna Erra, en Bélgica
Cataluña
Junts, de exigir el cierre de los centros de inmigrantes a pedir la expulsión de los extranjeros que delinquen
El partido que lidera el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont ha ido radicalizando su discurso en esta cuestión, coincidiendo con el auge de Aliança Catalana, partido independentista de extrema derecha
Mano dura contra la inmigración ilegal y contra el islamismo radical. Es lo que promete Aliança Catalana, un partido de extrema derecha independentista que gobierna Ripoll (Gerona). Y poco a poco ha ido calando este discurso en zonas donde el porcentaje de inmigrantes es importante y donde hay un problema con la gestión de la inmigración. En el caso de este municipio, de unos 10.000 habitantes, hay que sumar que la célula islamista que llevó a cabo los atentados de las Ramblas y de Cambrils de 2017, vivía allí. Y al fenómeno de la inmigración se ha sumado otro: el de la inseguridad ciudadana.
Con este panorama como telón de fondo, y el hecho de que Aliança vaya ganando adeptos, ha provocado la reacción de Junts per Catalunya, que hasta hace solo unos meses mostraba un discurso más tibio con la inmigración. Y la formación de Carles Puigdemont, que tiene como objetivo recuperar la Generalitat, no quiere perder terreno, ni votos, al menos por 'culpa' de este tema. De ahí que haya endurecido su discurso. De hecho, ha pasado de defender el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros, los CIE (lo hizo en la campaña de las autonómicas de 2021), a defender la expulsión de los inmigrantes que delinquen.
«Cataluña primero»
El referente es claro. El ayuntamiento de Ripoll llegó a publicar un tuit en verano del año pasado en el que se decía: «Esta mañana, la Policía Local de Ripoll ha localizado a una persona durmiendo en la zona de la Devesa del Pla. El hombre, de origen marroquí, ha manifestado que se encuentra en situación irregular. Los agentes han contactado con el Cuerpo Nacional de Policía, que, una vez hechas las comprobaciones, se lo ha llevado para abrir expediente de expulsión».
Y eso es lo que lleva Aliança Catalana en su programa sobre inmigración, que ya empieza con un «Cataluña primero: no regalaremos Cataluña». En este sentido, dejan claro que establecerán una política de «tolerancia cero con la inseguridad ciudadana, el radicalismo islámico y el terrorismo»; promoverán políticas inmigratorias que beneficien a los ciudadanos de Cataluña, no a los extranjeros; exigirán a los inmigrantes que vengan que dispongan de un contrato de trabajo en origen o que disponen de suficiente dinero para mantener «y no representar una carga social»; y también asegura que aplicará la Ley de Extranjería «deportando a los inmigrantes ilegales. Se pondrá fin a la criminalidad y el derroche de recursos públicos con el fenómeno de los MENA». Recuerda Aliança Catalana que la Generalitat ha destinado 150 millones de euros y «no ha podido evitar que un 18% delinca».
Junts no podía competir con este discurso en el ámbito de la inmigración. Y Aliança también es un partido claramente independentista e hispanófobo. Su líder y ahora alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha dejado claro que lucha por la reunificación y la independencia de toda la «patria catalana», poniendo fin a «siglos de ocupación colonial española y francesa». De hecho, por ejemplo, plantea que el español sea erradicado en Cataluña, prohibir que los inmigrantes puedan empadronarse y recibir ayudas. Además de que se ha presentado como la catalana que acabará con Vox.
Los alcaldes de Junts
El cambio de rumbo de Junts en esta materia se ha ido concretando a través de los alcaldes. El último llamamiento, y más sonado, es el del alcalde de Calella, Marc Buch, que aseguraba: «Tres multirreincidentes detenidos por incendiar una vivienda y atacar la policía. Tres días después, dos de ellos salen en libertad. Horas después, la policía interviene en una pelea donde participan los dos. Ellos impunes; nosotros indefensos. Si la ley permite esto, se tiene que cambiar». Lo que pedía, ni más ni menos, es que se les pudiera expulsar.
Se refería el alcalde a once jóvenes de origen magrebí, que acumulan más de 260 detenciones solo desde mayo del año pasado. Son jóvenes extutelados por la Generalitat, que al cumplir los 18 años se quedaron en la comarca del Maresme, y se han dedicado a ocupar casas de forma ilegal, a los robos y también son pequeños traficantes de droga. Ocho de ellos, por cierto, y tras un plan especial de los Mossos, ya están en prisión.
A este discurso de Buch se le sumaron otros alcaldes del Maresme, de los municipios más cercanos a Calella, como Arenys de Mar, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Palafolls, Santa Susanna, Sant Pol de Mar y Tordera, que también pedían que se expulsara a los extranjeros multirreincidentes. Pero, en definitiva, poco a poco los alcaldes y concejales de Junts han puesto en el foco el problema de la inseguridad.
Borràs y las políticas progresistas
Sin embargo, como decíamos, no hace tanto, la posición de Junts era diferente, hasta el punto de querer competir con PSC o con los comunes. En las últimas elecciones autonómicas, en 2021, la ahora presidenta de Junts, Laura Borràs, que era candidata de la formación independentista, pedía el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona. Decía que era un espacio en el que se vulneraban «los derechos humanos, que denigra la dignidad de las personas y se tiene que cerrar».
Es más, acusaba a socialistas y comunes de «falso progresismo» y de practicar una «política hipócrita». También recordaba que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska no había sido apartado de sus responsabilidades a pesar de haber sido condenado hasta seis veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «por amparar y proteger torturas». Pero Borràs añadía: «el gobierno más progresista de la historia necesita progresar en progresismo de verdad».
Y de querer aplicar políticas progresistas se ha pasado a pedir las competencias «integrales» en materia de inmigración. En definitiva, que Cataluña pueda decidir sobre el reparto de inmigrantes a las autonomías, permisos de residencia, cuestiones laborales o lingüísticas. Y, como no, decidir sobre la expulsión de inmigrantes. Borràs no acaba de ver claro que, si Cataluña representa un 16 % de la población, esté recibiendo cupos próximos al 23 %. Por lo tanto, aspiran a que una vez se concrete el acuerdo, Cataluña, la Generalitat, pueda decidir cómo se organizan esos flujos migratorios. «Queremos y vamos a poder decidir de qué manera y cómo se organizan todas estas políticas en materia de inmigración», explicaba Borràs recientemente en una entrevista.
Esta es la nueva postura de Junts, a quien molesta especialmente que les acusen de mantener posturas xenófobas. Lo ha llegado a hacer el líder de ERC, Oriol Junqueras: «abrazar discursos de extrema derecha pone en peligro la cohesión», aseguraba. Pero no hay que perder de vista otra cuestión. Durante años, la antigua Convergència i Unió, predecesora de Junts, con Jordi Pujol y con Artur Mas, se fomentó la llegada de inmigración, especialmente de países del Magreb y de África subsahariana. Se priorizó los inmigrantes de estas zonas, en detrimento de los países de América Latina, para poder imponerles el catalán con menos dificultad.
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