Primera reunión de la Mesa de coordinación de los puertos de Cataluña.
Infraestructuras
La Generalitat organiza una reunión para escenificar que controla los puertos de Barcelona y Tarragona, de titularidad estatal
La mesa de coordinación portuaria constituida por Ester Capella y sin presencia de Puertos del Estado levanta dudas entre los expertos
Esta semana, la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, constituía la primera Mesa de coordinación de los puertos de Cataluña. El Gobierno catalán busca así poner en contacto a los 45 puertos que gestiona la Generalitat con los de Barcelona y Tarragona, que se consideran de interés general y son gestionados por Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Para Capella, la Mesa ha de servir para abordar los «retos estratégicos» compartidos por todas estas infraestructuras, como la descarbonización, el impulso de terminales intermodales o la necesidad de «disponer de las mejores conexiones ferroviarias», dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión. Este movimiento, no obstante, despierta recelos entre algunos expertos, que lo consideran un intento por parte de la Generalitat de arrogarse un rol de liderazgo simbólico para el que carece de competencias.
«La Mesa parece demostrar una voluntad de querer intentar coordinar algo, pero los puertos de Barcelona y Tarragona no dependen para nada de la Generalitat», considera la jurista Beatriz Pérez del Molino, profesora del Máster en Derecho Marítimo de la Universitat Abat Oliba CEU. «Dentro de cada puerto, la autoridad portuaria es autónoma, pero todas las conexiones entre estos y Adif exceden sus funciones, y las de la Generalitat; todo lo que exceda los límites de los propios puertos ha de aprobarse por el ministerio», explica.
Tomar la delantera
La Mesa está formada por varios cargos de la Generalitat –el secretario general de Territorio, Joan Jaume; el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Marc Sanglas, y la directora general de Ports de la Generalitat, Annabel Moreno–, y también por los presidentes de los puertos de Barcelona y Tarragona: Lluís Salvadó y Saül Garreta, respectivamente. Se suman otros directivos de estos dos puertos y el presidente de Cimalsa, Isaac Albert.
Contenedores de mercancías en el muelle de descarga del Puerto de Barcelona.
Quien no forma parte de este órgano de coordinación es nadie ligado a Transportes, que tiene la última palabra en muchas de las cuestiones puestas sobre la mesa por Capella. «Que hayan invitado a las autoridades portuarias para que estas hablen con Puertos del Estado y esto a su vez escale hasta el ministerio... Se puede hacer, pero quizá no es el camino más corto», ironiza Pérez del Molino.
La abogada y experta en Derecho de Transportes ve extraño el intento de unir los puertos de Tarragona y Barcelona con el resto de puertos catalanes: «No tienen nada que ver, no sé qué es lo que quieren coordinar entre ellos», asegura. Sobre el anuncio de Capella de que la Mesa se reunirá cada seis meses, Pérez del Molino lo ve poco realista si el objetivo es realizar una coordinación con efectos palpables.
«La Generalitat siempre ha querido abanderar temas de contaminación medioambiental, y parece que aquí quieran tomar la delantera al resto de organismos», analiza, recordando el proyecto de impuesto de emisiones portuarias a los grandes buques presentado el año pasado.
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