La consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella.
Cataluña
El Govern lleva al Gobierno a los tribunales por el tope del alquiler
El objetivo de la Generalitat es que se puedan combinar el índice estatal y el catalán
La Generalitat ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra el tope a los alquileres que aprobó el Gobierno. En concreto, contra la resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que establece un solo índice de referencia para contener los precios del alquiler. Y es que, el objetivo del Govern, es que se puedan aplicar ambos índices, que se puedan combinar y que sean complementarios.
La consejera de Territorio, Ester Capella, ha explicado que no se piden medidas cautelares, y, por lo tanto, que se suspenda el índice estatal. Pero eso sí, ha dejado claro que «no hacemos otra cosa que cumplir la ley y lo que habíamos acordado con la ministra antes de que se descolgaran publicando un único índice, mientas que no dan respuesta al requerimiento. Nos obligan a ir a los tribunales».
En este sentido, Capella ha lamentado la actitud «uniformante» del Ministerio, además de que considera «inverosímil», que aún no haya respondido precisamente al requerimiento, incumpliendo sus propias leyes. Según la consejera, el que no se apliquen ambos índices simultáneamente va contra la Ley de vivienda, cuyo texto incluye que «se promoverán los mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas» que hayan desarrollado sistemas de referencia de precios. Aunque Cataluña es la única autonomía que va a aplicar este tope.
En cualquier caso, recuerda Capella que la ley habla de «sistema de índices» y no de «índice», de ahí que haya pedido que «no nos inventemos las cosas, sabemos cuál es el debate que tiene que haber en paralelo a la elaboración de la ley. Los acuerdos políticos se mantienen y si te has equivocado, mala suerte», sentenciaba la consejera de Territorio.
El Gobierno aprobó a mediados de marzo un sistema de rango de precios homogéneo para todo el territorio nacional que establece precios máximos y mínimos para una vivienda a partir de las características de ésta. En cambio, la Generalitat defiende un índice con una cifra única.
Otra de las diferencias está en que el sistema estatal utiliza datos tributarios, mientras que el catalán utiliza datos del Institut Català del Sòl (Incasòl), y que el ámbito geográfico que se tiene en cuenta es distinto en cada caso. Y la propuesta de la Generalitat para compatibilizar los sistemas, es que el tope escogido siempre sea el que favorezca al arrendador. Según el Govern, en el 57% de los casos, la aplicación combinada de los índices comportaría una reducción del precio del alquiler que se está pagando actualmente.
Capella también ha lamentado el retraso en la publicación de los municipios que se incorporan a las llamadas zonas de mercado tensionadas. Y ha recordado que hay 131 municipios que estarán listos para entrar a finales de junio o principios de julio. Por este motivo, pide al ejecutivo central que «no tarde más de seis meses en hacer la oportuna publicación».
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