Agentes inmobiliarios y propietarios ven «inútil y desproporcionado» las multas de hasta 900.000 euros de Illa

La Asociación de Propietarios de Cataluña y los agentes de la propiedad inmobiliaria coinciden en una cuestión: el régimen sancionador aprobado por el Govern para los que incumplan la Ley de Vivienda, no desincentivará el fraude, pero sí lo hará con el mercado de alquiler. En definitiva, solo servirá para empeorar una situación que ya de por sí es muy complicada, por la falta de oferta de vivienda de alquiler.

Este decreto, pactado por el Govern y los Comunes, contempla sanciones de hasta 900.000 euros por infringir la Ley de Vivienda. Incluye tres infracciones consideradas muy graves que pueden comportar multes de entre 90.001 euros y los 900.000 euros. Esto se daría en el caso de que se ponga un alquiler superior al 30 % del que marca el índice de precios de referencia, que no conste la finalidad del contrato o que tenga una finalidad fraudulenta, como el alquiler de temporada.

En este sentido, Carles Sala, que es portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña, reconoce que les ha sorprendido especialmente la norma por su «dureza» y porque afecta sobre todo a los pequeños propietarios, a los que «asusta» mucho esta norma y lo que a su juicio, puede provocar que se «acelere una situación de disminución de la oferta, de que se pongan en venta viviendas que estaban en alquiler habitual, y que personas particulares vendan a fondos de inversión».

También se muestra su sorpresa por el hecho de que se ponga el foco en el llamado alquiler tradicional, de larga duración, pero también en el temporal, y no «diga nada» sobre el alquiler de habitaciones, que, según Sala, es el que contribuye, en buena medida, a que se den situaciones de infravivienda.

El portavoz de los APIS defiende que lo primero que hay que hacer es «devolver la confianza al propietario», pero lo que están haciendo las distintas administraciones con toda la normativa que están aprobando es justo lo contrario. Por este motivo, asegura que «nos ponemos las manos en la cabeza porque tomamos medidas que son lo contrario de lo que se tendría que hacer para estimular y generar confianza en el propietario y disminuir el riesgo que supone poner una vivienda en el mercado de alquiler».

Y recuerda que la administración no podría sustituir, al menos a corto plazo, a la propiedad privada en este mercado, con lo que la situación se agravará.

Multas superiores al valor de la vivienda

Además, Sala advierte sobre la «desproporción» de las sanciones. Salvando las distancias, recuerda que hay muchos accidentes laborales, con resultado de muerte, y la indemnización «está muy por debajo de estos importes» que recoge el régimen sancionador. De hecho, en caso de una sanción grave, los baremos se mueven entre los 90.000 y los 900.000 euros, un «importe superior al coste del contrato de alquiler de 5 o 7 años y, en algunos casos, más grande que el importe del propio precio de la vivienda». De ahí que considere que es «confiscatorio y desproporcionado»

En la misma línea se pronuncian desde la Asociación de Propietarios de Cataluña. Consideran que multarlos «solo agravará el problema» del acceso a la vivienda y acusan a la Generalitat de «criminalizar» a los pequeños y medianos propietarios con este régimen sancionador, que también consideran «inútil y desproporcionado». De hecho, denuncian que solo busca el titular, pero no las «soluciones sólidas que facilitan que haya más pisos de alquiler en el marcado».

Por este motivo, la asociación pide que se aleje el foco de la propiedad privada y que el Estado asuma «de una vez por todas» su «función social en materia de vivienda». Recuerda que es «constitucionalmente el responsable del acceso a la vivienda». Y los propietarios, añaden, «no son responsables de la situación, no está en sus manos ni tienen que pagar las consecuencias de las desacertadas políticas del Estado en esta materia».

Es lo que asegura Sergi Llagostera, presidente de la entidad, que también lamenta que todos los «intentos de regulación» que la Administración ha llevado a cabo en los últimos años «demuestran el caos legislativo que vive el mercado de la vivienda en Cataluña» y provocan «el efecto contrario al deseado», en el que cada vez se complica más el acceso a una vivienda y se reduce todavía más el parque de alquiler. Y un ejemplo, asegura, son normas como esta, que «desincentivan» y «no afrontan el problema real».

Para la asociación, la solución a este problema pasa por hacer un plan de choque que incluye incentivos fiscales para motivar a los propietarios.