Sánchez defiende el plan de Illa de construir 50.000 pisos y exige no «boicotear» la Ley de Vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa del plan anunciado por su homólogo en la Generalitat, Salvador Illa, de construir 50.000 viviendas públicas de alquiler asequible antes de 2030. Lo ha hecho en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), tras visitar una promoción de viviendas públicas destinadas al alquiler asequible.

Sánchez ha defendido la intención de Illa como un plan «inteligente», a pesar de las dificultades para llevarlo a cabo, ya que los socialistas no han podido pactar los presupuestos de 2025 y arrastran todavía los prorrogados de 2023. Illa insiste en que podrá conseguirlo, y la semana pasada anunciaba la compra de 743 viviendas del fondo Divarian para nutrir el parque público de la Generalitat.

Obviando las dificultades, Sánchez ha defendido «poner sobre la mesa todos los recursos y toda la potencia del Estado», y ha insistido en que «la Ley de Vivienda funciona». «Frente a la ley de la selva y los fondos buitres, la Ley de Vivienda», ha dicho, instando a no aceptar el «boicoteo» a la norma por parte de «algunas administraciones».

Convocatoria de solares

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el próximo martes el Consell Executiu del gobierno catalán aprobará la primera convocatoria de reserva pública de solares de 2025. Ha detallado que habrá dos convocatorias este año, y que los solares cedidos por los ayuntamientos saldrán en diferentes lotes a concurso para construir viviendas de alquiler social.

Además, también el martes, aprobarán un primer paquete de medidas «para agilizar los trámites administrativos para construir viviendas». Esta simplificación de trámites tiene el objetivo de ser «más rápidos y ágiles» en la construcción, y contempla una modificación de la Ley de Urbanismo de Cataluña que tendrán que negociar con el resto de grupos para su aprobación en el Parlament.

Illa ha señalado que la vivienda es «el principal reto» de los gobiernos español y catalán, y ha insistido en que los socialistas defienden «un modelo de prosperidad compartida, y no de acumulación insolidaria». También ha puesto en valor la «perspectiva de colaboración» entre administraciones.