Niños en un colegio con un ordenador (Foto de archivo)
Cataluña
Vox pide la suspensión de las subvenciones a la fundación Bofill, responsable del fracaso educativo en Cataluña
El diputado Manuel Acosta recuerda que, desde el año 2020, esta entidad ha percibido más de 15 millones de euros en ayudas públicas
La Fundació cuenta con once pisos turísticos
Vox ha presentado en el Parlament una Propuesta de resolución en la que pide que se suspendan las subvenciones a la Fundación Bofill, entidad a la que considera una de las responsables del fracaso educativo en Cataluña por ser impulsora de «la implementación de tesis pedagógicas de dudosa eficacia».
La escuela catalana, recoge el texto, «ha sufrido la caída de nivel más pronunciada de toda España». Y este «descalabro» responde a una política educativa «errática» aplicada durante los últimos años por la Generalitat. Política basada en «premisas pedagógicas sin evidencias científicas de éxito: la imposición de la inmersión lingüística y el menosprecio del aprendizaje de conocimientos, de la memorización, del esfuerzo, de la exigencia, de la búsqueda de la excelencia, de los exámenes y de los deberes».
También se recuerda que el informe TIMMS ya puso de manifiesto que un 41,8% de los alumnos de 4º de primaria de Cataluña tienen un nivel bajo o muy bajo en matemáticas. Y estos resultados, evidencian que «el nivel de asimilación de contenidos curriculares por parte del alumnado catalán se encuentra por debajo de la media tanto del resto de España, como de la Unión Europea».
Pero hay otros indicadores que también posicionan a esta comunidad autónoma en la parte inferior del ranquin educativo. Es el caso del informe PISA, que recogió «la caída más pronunciada de toda España, con una pérdida de 30 puntos en matemáticas, 27 en ciencias y 38 en lectura respecto a la edición anterior». Y esa tendencia, denuncian desde Vox, «no es casual ni aislada, sino que responde a una política educativa errática aplicada durante los últimos quince años».
El diputado de Vox Manuel Acosta, ha destacado que la Fundación Bofill, que lleva años promocionando las premisas pedagógicas que han contribuido al declive de la educación en Cataluña, sigue influyendo «decisivamente» en las decisiones del Departamento de Educación. Y a pesar de los «nefastos resultados» derivados de estas políticas, la entidad «sigue ejerciendo una influencia desmesurada sobre el diseño de las estrategias educativas».
«Gestión económica opaca»
Pero, además de esta responsabilidad en el ámbito pedagógico, Acosta destaca que ha recibido numerosas subvenciones por parte de diferentes administraciones públicas. Desde el 2020 ha recibido más de 15 millones de euros. Y el diputado de Vox lamenta que «este flujo de dinero público no ha conllevado ninguna mejora tangible en la educación, sino que, al contrario, ha contribuido a consolidar un modelo pedagógico fallido que perjudica el futuro de las nuevas generaciones».
Y no solo eso. Hay que tener en cuenta, según Acosta, la «gestión económica y opaca especulación» de la Fundación. Y apunta: «a pesar de su condición de entidad teóricamente sin ánimo de lucro, posee once pisos turísticos en Barcelona, hecho que la convierte en un ‘gran tenedor’ según la legislación catalana de vivienda».
Para Vox es un contrasentido que se destinen fondos públicos para mejorar el sistema educativo y que, a la vez, se «acumule» patrimonio ara «obtener rendimientos económicos, contradiciendo los principios éticos que deberían regir una entidad de estas características».
Por todo ello, además de pedir que se suspendan las subvenciones a la Fundación Bofill, desde la formación exigen una auditoria independiente que analice la gestión de ese dinero público que recibido la entidad durante los últimos 10 años, «para determinar si ha habido un despilfarro o una utilización fraudulenta de los recursos».
Pero también pide revertir las actuales políticas educativas por otras que premien la excelencia y la meritocracia; que se promueva una investigación sobre la actividad inmobiliaria de la Fundación y, en su caso, que se emprendan acciones legales para determinar la compatibilidad de estas actividades con su condición de entidad sin ánimo de lucro; y que se revise si las entidades que reciban dinero público están cumpliendo con los objetivos para los que se otorgaron esos fondos.