La 'ONG del catalán' lleva al TSJC a la Generalitat y al hospital de Can Ruti por «discriminación lingüística»

Plataforma per la Llengua ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para forzar que se abra un expediente sancionador contra la doctora que, en diciembre de 2023, según denuncia esta entidad, expulsó a una paciente de urgencias de Can Ruti (Badalona) por negarse a hablar en castellano. Para la llamada ONG del catalán es un caso claro de «discriminación lingüística» y advierte que van a llegar «hasta el final» y, si es necesario, se pueda sancionar a la facultativa.

Según explica la entidad, ya presentó un recurso de alzada en la Subdirección General de Evaluación e Inspección Sanitarias y Farmacéuticas, después que desde el centro se archivara la denuncia. Pero ninguna de estas reclamaciones prosperó.

Los hechos se remontan al 14 de diciembre de 2023, cuando una paciente y su acompañante, que estaban en urgencias, se dirigieron en catalán a una doctora. Y ya dentro de la consulta, siempre según la versión de Plataforma, esta les intentó obligar a hablar en español: «hablen en castellano», les dijo.

La paciente se negó, pero según su versión, la doctora insistió en echarlos de la consulta, asegurándole que ya les atendería alguien que entendiera el catalán. La única alternativa que se les ofreció fue que rellenaran una hoja de reclamaciones, puesto que la facultativa no llamó al coordinador de Urgencias para derivarlos a otro doctor. Para conseguir ser atendida, tuvo que esperar dos horas más, hasta que otra profesional «que, de entrada, no se dirigió en catalán, a pesar de hablarlo, les acabó atendiendo».

Plataforma insisten en las sanciones

Para Plataforma per la Llengua, la doctora cometió varias faltas administrativas y su conducta podría ser considerada «una falta muy grave», porque, según la entidad, habría vulnerado la ley de igualdad de trato y no-discriminación y el estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Desde la entidad lamentan que desde el hospital no se haya abierto un expediente sancionador, a pesar de que consideró que la situación que se denunció «no era tolerable». De ahí que haya denunciado que no se cuentan con suficientes mecanismos para hacer cumplir la ley, «situación que afecta directamente a los usuarios catalanohablantes en su día a día».

Por este motivo, insisten en que, para impulsar el catalán en la sanidad, es necesario implantar varias medidas: sesiones «obligatorias» de asertividad lingüística; exigencia de B2 de catalán el primer año, y acreditación del C1 en el segundo año; tratamiento «correcto» de las quejas por vulneración de derechos lingüísticos con la apertura de expedientes; y la aplicación de sanciones cuando corresponda.