La justicia catalana obliga a una escuela del Garraf (Barcelona) a impartir más asignaturas en castellano

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha vuelto a fallar a favor de una familia que pedía más educación en español para sus hijos. El tribunal da un plazo de un mes a una escuela del Garraf (Barcelona) para que aplique la sentencia, para que estos niños «reciban de forma efectiva en castellano, aparte de la asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de dicha lengua, una o unas materias que, por su importancia en el currículo y su carga lectiva, puedan ser consideradas como principales».

De esta forma, el alto tribunal catalán sigue la fórmula que ha adoptado en las sus últimas sentencias respecto a cuestiones lingüísticas. No habla de porcentajes en el uso de lenguas, sino de asignaturas principales o troncales, para sortear la ley y el decreto del Govern que prohíben el uso de porcentajes en la enseñanza de lenguas. Por cierto, el Tribunal Constitucional está a punto de emitir una sentencia sobre la constitucionalidad de ambas normas.

El TSJC también deja claro que la Generalitat y el propio centro escolar deberán adoptar las medidas necesarias para «preservar la identidad y la intimidad» de la familia y de sus hijos.

El proyecto lingüístico del centro

La familia argumenta que el proyecto lingüístico del centro deja claro que el catalán es la lengua vehicular, mientras que uso del castellano queda restringido a la asignatura de lengua castellana «y sin la previsión de impartir otras áreas no lingüísticas en esta lengua». Y eso que la mayoría de los estudiantes, tal y como reconoce el centro, son castellanohablantes.

También los profesores se expresan siempre en catalán y una cuestión que llama la atención, es que a partir de 1º de primaria es cuando se empieza a «trabajar» lengua castellana, pero la clase es impartida por la tutora u otra maestra de la escuela, porque «no hay una especialista en castellano». Y así consta en el apartado 5B del proyecto lingüístico del centro.

La Generalitat, por otro lado, se opuso a que se aplicaran medidas cautelares en esta línea, porque la normativa prohíbe el uso de «parámetros numéricos» en la enseñanza de lenguas; porque tampoco existen ya «materias o asignaturas principales» y porque los alumnos catalanes, al final de su etapa educativa, tienen un nivel de español «equiparable» al de los alumnos de otras comunidades autónomas.

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, ha explicado a El Debate que ya se ha visto qué respuesta da el gobierno del PSC cuándo se trata de la cuestión lingüística. La consejera de Educación, Esther Niubó «se negó a aplicar el bilingüismo a la familia que lo había pedido y ahora la justicia obligará al centro a cumplir con la Constitución y la jurisprudencia, y se tendrán que dar más clases en castellano».

Por este motivo, destaca Losada que la política que siguen los socialistas al frente de la Generalitat «no ha cambiado» respecto, por ejemplo, a los ex consejeros de Educación de ERC, Anna Simó y Josep González-Cambray. En cualquier caso, ha dejado claro que «seguiremos dando la batalla en los tribunales hasta conseguir el fin de la inmersión».