La Fiscalía pide inhabilitar a los exconsejeros catalanes que retrasaron la vacuna de la covid a los policías

La Fiscalía de Barcelona pide 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público para los exconsejeros de Salud del gobierno catalán Alba Vergés y Josep Maria Argimon por un presunto delito de prevaricación al retrasar la vacunación contra el Covid-19 de guardias civiles y policías nacionales, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press

Vergés era consejera de Salud entre 2018 y 2021, durante los gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonès, mientras que Argimon era entonces director general del Instituto Catalán de la Salud (ICS). El ministerio público solicita lo mismo para el exsecretario general de Salud, Marc Ramentol, y para el exdirector del Servicio Catalán de Salud, Adrià Comella. También pide el sobreseimiento para el director de servicios de la Consejería de Salud, Francesc Xavier Rodríguez.

Priorizar a los policías

Según el escrito, el 9 de febrero de 2021 se decidió por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con competencia estatal, priorizar la vacunación con AstraZeneca de los colectivos con funciones especiales, entre los que se encontraban los miembros de cuerpos policiales.

El 12 de ese mismo mes, la Conselleria de Salud inició la vacunación de dichos colectivos, si bien la vacuna estaba restringida al margen de edad de entre 18 y 55 años, y el 15 de marzo se decidió, por el Consejo Interterritorial, la paralización de todas las vacunaciones con AstraZeneca al haberse detectado varios casos de trombosis.

El 22 de marzo, el Consejo dijo que podía volver a administrarse la vacuna de AstraZeneca y que ya no estaba restringida a ese rango de edad, sino que «ya se podía utilizar para inmunizar a las personas de entre 60 y 65 años», incluyendo a los policías, tanto locales, como autonómicos y estatales.

La Fiscalía sostiene que los acusados «a pesar de ser conocedores» de que todavía estaban sin vacunar los policías estatales -en la Guardia Civil eran el 2,8 % y en la Policía Nacional eran el 3,6 %, mientras que en los Mossos eran el 77% y en la Guàrdia Urbana de Barcelona eran el 77,9%- decidieron que se priorizaría a la población de entre 60 y 65 años en detrimento de los funcionarios, salvo los que tuviesen ese rango de edad.

Eran «plenamente conscientes de que con tal decisión se estaba, de hecho, discriminando a los policías de los cuerpos policiales estatales», que se quedaban sin vacunar y desprotegidos del virus, frente al resto de cuerpos policiales locales y autonómicos.

Ante esta situación, los sindicatos Jucil y Jupol acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ordenó la medida cautelar de vacunar de forma inmediata a los agentes, «debiendo alcanzar en un plazo máximo de diez días la misma proporción de vacunados que en el cuerpo de Mossos d'Esquadra».

Los sindicatos lo celebran

En una nota de prensa este lunes, el sindicato de Policía Nacional Jupol «celebra» el avance en el caso de lo que considera que fue «una discriminación» sufrida por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña durante la campaña de vacunación.

El portavoz nacional de JUPOL, Ibón Domínguez, ha afirmado que la imputación de estos altos cargos no hace más que confirmar la denuncia presentada por Jupol y Jucil y añade que se trató de una «discriminación real, deliberada y gravísima por parte de las instituciones catalanas contra los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».