La marca local de Sumar ata en corto al gobierno de Illa: catalán, vivienda, Israel y presión a la escuela concertada

Los Comunes sacan pecho por condicionar la política del ejecutivo de Salvador Illa, por tenerlo prácticamente a sus pies. «Ahora el Govern tiene que hacer avanzar esta Cataluña de los Comunes», aseguraba el portavoz de la formación, David Cid. Y es que en las últimas semanas, efectivamente, han llegado a acuerdos en tres suplementos de crédito (para suplir la falta de presupuestos para este 2025 y que suman 4.000 millones de euros) o para que se pudiera convalidar en el Parlament el decreto por el que se posponía la aplicación del incremento de la tasa turística en Cataluña.

Israel y ferrocarril

Y ahí están las medidas marca «comunes». Ellos han sacado pecho porque están detrás, por ejemplo, del anuncio del presidente de la Generalitat de cerrar la delegación de ACCIÓ en Tel Aviv. Algunos consejeros del Govern, como el de Empresa, Miquel Sàmper, se mostraban a favor de mantenerla, porque «cerrarla no se ajusta a lo que necesitamos», además de defender que se trataba de una oficina «técnica y sin representación política ni institucional». Pero esta era una promesa que hicieron los Comunes en campaña electoral y aprovecharon para presionar al gobierno de Illa en minoría.

Para los Comunes la ampliación del aeropuerto del Prat no es una prioridad. Ni eso ni la continuación de la B-40 gasta Granollers. De hecho, se oponen de forma rotunda. Y lo que han pactado con el Govern es estudiar nuevas líneas ferroviarias, como la orbital, que tiene que unir Mataró y Vilanova i la Geltrú pasando por Granollers y Martorell; el eje transversal, para unir Lérida y Gerona; el tren-tram del Bages entre Manresa y Santpedor o la conexión entre la Seu d’Urgell y Sant Julià de Lòria en Andorra. De momento, se trata solo de estudios, porque hay que ver de dónde se sacarían los recursos para financiar todas esas líneas de ferrocarril, aunque también apuestan por potenciar el metro.

Vivienda

También han conseguido los Comunes acuerdos en materia de vivienda. Así, por ejemplo, para pactar el segundo suplemento de crédito, se acordaron destinar 850 millones de euros de recursos propios de la Generalitat a políticas de vivienda. Y a eso hay que añadir otros 600 en créditos aportados por el Instituto Catalán de Finanzas. Otro de los puntos incluía ampliar en 60 efectivos, antes de que acabe este mes, el cuerpo de inspectores que tiene que velar por el cumplimiento de la ley de contención de rentas de alquiler para llegar al centenar de efectivos antes de finales de 2025. También han acordado con el Govern crear una unidad específica de prevención y actuación contra los desahucios, dotada con un mínimo de 50 personas y evaluar las discriminaciones en el acceso a la vivienda.

El acuerdo para el tercer suplemento de crédito le va a costar al Govern 60 millones de euros en este ámbito de los que, la mitad, el ejecutivo catalán los destinará a la compra de vivienda por tanteo y retracto y en la construcción de alojamientos para enjuagar la lista de espera para acceder a una vivienda, y que es de 2.500 familias. El resto irá al fondo de cooperación local.

Educación y catalán

En materia educativa, el acuerdo entre el ejecutivo catalán y los Comunes incluye destinar 37 millones de euros para desplegar programas y actuaciones de mejora del catalán, el inglés y matemáticas con el compromiso de llegar a dos horas de refuerzo semanal. Se quiere fortalecer, aseguran ambas partes, el conocimiento del alumnado en estas materias en colaboración con el mundo local y agentes educativos.

Reconocen los Comunes que los últimos informes PISA o TIMMS reflejan un descenso del rendimiento de los estudiantes de Cataluña en lengua y matemáticas, pero el esfuerzo económico solo será para el catalán y para el inglés. No se menciona en ningún momento al español.

También han acordado la recuperación «progresiva» de los comedores escolares en todos los centros de máxima complejidad de secundaria –se destinarán 5 millones entre septiembre y diciembre de 2025, y otros 15 en 2026–, así como el aumento de recursos a la «escuela inclusiva».

Y luego está otra cuestión de la que ha hecho bandera los Comunes: la presión a la escuela concertada, y especialmente a la concertada religiosa. En ese acuerdo con el Govern se deja caer que se iniciarán los procedimientos para retirar el concierto educativo a los centros en que «se vulneren derechos fundamentales o difundan discursos de odio, contrarios a los valores democráticos y constitucionales».

Pero también se tiene intención de vetar las reformas, las rehabilitaciones, las obras de mejora de distintos centros educativos o las redacciones de proyecto constructivo de los colegios que entren en esta categoría. Y como trasfondo, está toda la polémica surgida en la escuela Mare de Déu del Carme de Terrassa, porque un grupo de familias ha denunciado una «radicalización religiosa alarmante».

Esta semana está previsto que el Parlament convalide ese tercer suplemento de crédito.