Puigdemont no garantiza su apoyo al ‘cuponazo’ catalán pactado entre Sánchez y ERC

El 'caso Cerdán' ha obligado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a mover ficha, con el fin de mantener a sus socios a su lado. El paso que ha dado Sánchez ha sido acelerar la reforma de la financiación para ceder a Cataluña la capacidad de recaudar todos los impuestos.

Este lunes se reúne la comisión mixta Estado–Generalitat, un primer paso que dará pie a la presentación de una proposición de ley conjunta de ERC y el PSOE para reformar la Ley Orgánica de Financiación de la Comunidades Autónomas (LOFCA). Sin embargo, a pesar de la disposición de los socios de Sánchez para despedazar España, la tramitación de esta ley no tiene garantizado un camino de rosas.

Más allá de las reticencias de Compromís –procedente de la Comunidad Valenciana, que tiene un grave problema de infrafinanciación–, hay dos aspectos que embarran la tramitación legislativa. Por un lado, la oposición de dos de las tres comunidades gobernadas por el PSOE que actualmente están dentro del régimen común de financiación: Castilla-La Mancha y Asturias.

Si Sánchez no estuviera en una situación política tan extremadamente débil, la oposición de estas comunidades sería prácticamente anecdótica. Sin embargo, en el contexto político actual, con la sensación de que el sanchismo toca a su fin, desde las propias filas socialistas se busca desmarcarse de las decisiones de Sánchez, para poder seguir en política una vez el actual líder socialista ya no esté ni al frente del PSOE ni del gobierno.

Emiliano García-Page y Adrián Barbón saben que la cesión de toda la recaudación tributaria a Cataluña supone incrementar los recursos de la comunidad presidida por Salvador Illa en 26.500 millones, y que esa cantidad implica un recorte del 16,44 % de los ingresos recibidos desde el estado por parte de las comunidades autónomas.

Puigdemont preocupa

El Gobierno cree que puede asumir el desmarque de las comunidades gobernadas por su partido, pero sí están preocupados por la actitud de Junts, dado que Sánchez ve la tramitación de la reforma de la LOFCA como una oportunidad de que se visualice en el Congreso de los Diputados que la mayoría de la investidura se mantiene en pie.

Los de Carles Puigdemont, por su parte, ven con recelo que el protagonismo de esta medida, que se pactó hace 11 meses con ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Illa como presidente de la Generalitat, recaiga en el partido de Gabriel Rufián y Oriol Junqueras.

No son pocos los dirigentes de Junts que creen que es mejor entorpecer el proceso de tramitación de la reforma de la LOFCA para que sean ellos los que puedan pactar dicha reforma con un futuro gobierno, en este caso, del PP.

ERC ha impuesto al PSOE que la proposición de ley tenga un apartado específico del llamado principio de ordinalidad que, en definitiva, pretende blindar un porcentaje de ingresos para Cataluña, al estilo del artículo que ya anuló la sentencia del Estatuto de Autonomía en 2010.

Con la inclusión del principio de ordinalidad, el Gobierno asume, por un lado, la idea de déficit fiscal, propagada por el nacionalismo, y por el otro recorta los ingresos al resto de comunidades dado que garantiza por ley a Cataluña que aportará a la caja común menos de lo que ingresa.

Feijóo en Barcelona

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de visita en Barcelona este viernes, quiso hurgar en la herida entre Junts y el PSOE. Así, dijo que «sé que Cataluña necesita más financiación y la tendrá».

El presidente popular, eso sí, circunscribió la negociación al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que participan todas las comunidades autónomas, y descartó cualquier negociación bilateral como la que están llevando actualmente a cabo Cataluña y el Gobierno como si se tratara de dos estados.

En la práctica, si este acuerdo se materializa, Cataluña saldrá del régimen común. Han sorprendido algunas voces críticas en Cataluña, que habitualmente son complacientes con la discriminación positiva hacia su comunidad. Por ejemplo, Teresa Garcia-Milà, presidenta del Círculo de Economía ha afirmado en declaraciones al diario ARA que «un sistema al que no se puedan apuntar todas las autonomías no funcionará».

Las dudas sobre el futuro de la reforma de la financiación no han frenado a la Generalitat, que ya hace tiempo que viene dando pasos para que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) tenga los recursos para poder actuar como entidad soberana.

La previsión es que en 2026 la ATC recaude el IRPF integralmente, y gestione la matriculación de vehículos y el IVA de las PYMES. Para lograrlo ya ha lanzado una oferta pública de empleo para contratar a 200 personas y alcanzar así una plantilla de 1.080 efectivos.