Miembros de Caixa de Solidaritat en una rueda de prensa
La entidad que pagaba las fianzas del 'procés' con dinero de donantes se niega a devolver 16 millones de euros
La organización independentista cambia de discurso y paraliza la restitución de fondos alegando «prudencia judicial»
La promesa de transparencia financiera del independentismo catalán enfrenta su mayor prueba de credibilidad. Mientras la amnistía avanza en los tribunales, una decisión inesperada de la Caixa de la Solidaritat genera tensiones entre quienes apostaron económicamente por el proyecto secesionista.
La historia se remonta a 2014, cuando las consecuencias judiciales de la consulta no autorizada alcanzaron directamente el bolsillo de Artur Mas. El expresident necesitaba reunir casi tres millones de euros para su fianza, revelando una realidad incómoda: el coste del proceso independentista recaía sobre los ciudadanos que lo respaldaban.
Aquella experiencia catalizó la creación de la Caixa de la Solidaritat como paraguas económico para los dirigentes independentistas. Dieciséis millones de euros fluyeron desde los ahorros de particulares comprometidos con la causa, sirviendo para blindar económicamente a los líderes del procés mediante depósitos judiciales y costosos equipos legales.
Giro estratégico ante la amnistía
La llegada de la ley de amnistía debería haber marcado el cierre del ciclo. Pep Cruanyes, responsable actual, había sido categórico: el dinero regresaría a sus propietarios originales. La entidad disponía de registros detallados que facilitarían las devoluciones.
Sin embargo, el discurso ha experimentado una transformación radical. Donde antes existía una promesa clara de restitución, ahora prevalece un mensaje de cautela indefinida.
El cambio se justifica mediante una estrategia de «prudencia extrema» ante posibles contratiempos judiciales. Cruanyes argumenta que mantener los fondos disponibles constituye una responsabilidad, anticipándose a eventuales reveses legales.
La organización reconoce que ninguna fianza ha sido recuperada aún bajo la amnistía, manteniendo el dinero inmovilizado. Particularmente compleja resulta la situación del 9-N: de los más de cinco millones depositados en el Tribunal de Cuentas, la Caixa aportó aproximadamente tres, cantidad que la amnistía excluye expresamente de recuperación.
La situación plantea interrogantes sobre los compromisos con los donantes, quienes confiaron sus ahorros bajo la premisa de solidaridad temporal, no de contribución permanente a un fondo indefinido.
El mensaje de «irresponsabilidad» asociado a la devolución contrasta con los principios de transparencia que el independentismo ha reivindicado. Esta crisis se perfila como prueba definitiva para la credibilidad de las instituciones independentistas ante su base social.
