El presidente de Junts, Carles Puigdemont, en un acto en el sur de Francia hace unos días
Tribunales
Puigdemont sigue peleando por volver a España y exige al Supremo que revise su orden de detención
Boye ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones alegando una «triple vulneración» de derechos
El líder de Junts, Carles Puigdemont, no se resigna y pretende seguir dando la batalla para volver a España lo antes posible. El expresidente catalán había presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) solicitando como medida cautelarísima la suspensión de la orden de detención y prisión dictada contra él en julio de 2024 y que actualizaba la de 2017.
Sin embargo, dado que el TC no prevé pronunciarse sobre esta cuestión hasta septiembre, la defensa de Puigdemont ha decidido intentar acelerar el proceso llamando a la puerta del Tribunal Supremo. En un escrito presentado este martes, les insta a pronunciarse sobre esta orden dictada por el juez Pablo Llarena, ya que consideran que no tiene «sustento legal válido» ni «posibilidad de revisión judicial efectiva».
En concreto, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones ante el TS en el que le pide revocar su resolución del 18 de junio en la que no quiso examinar la orden de detención por «pérdida sobrevenida del objeto de pleito». Esta decisión se comunicó a raíz de un recurso de apelación contra la decisión de mantener la orden de detención por los delitos de malversación, que han quedado fuera de la amnistía.
«Triple vulneración»
El TS argumentó que el objeto solicitado desaparecía al interpretar que la malversación continuaba vigente, pero Boye insiste en que esta decisión vulnera de forma «frontal» los derechos de Puigdemont e insiste en separar la instrucción por el referéndum ilegal de 2017 y la aplicación de la amnistía.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en marzo de este 2025
«Con esta actuación se ha generado una situación procesal en la cual una persona aforada se encuentra bajo amenaza de verse privada de libertad por decisión de un juez que no tenía competencia para resolver sobre la amnistía, sin audiencia previa y sin posibilidad de control jurisdiccional efectivo ante la negativa de esta sala de resolver el recurso interpuesto», argumenta Boye.
El abogado habla incluso de una «triple vulneración» de derechos, ya que se le niega «el derecho a ser entregado, a ser juzgado o a ser amnistiado». Boye exige, por tanto, que el Supremo declare nula la resolución impugnada y dicte una nueva que vaya al «fondo» del recurso de apelación.
