Junts confirma a Trabajo que mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral y mantiene la enmienda a la totalidad

El intento del Gobierno de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales se ha visto frenado tras la decisión de Junts per Catalunya de mantener su enmienda a la totalidad. Con este movimiento, el proyecto de ley será devuelto al Ejecutivo al sumar el rechazo de PP y Vox, lo que impide que la norma continúe su tramitación parlamentaria.

El propio Ministerio de Trabajo ha confirmado el escenario, aunque insiste en que la medida «está ganada en la calle» gracias al respaldo social acumulado durante meses de debate público y movilización sindical. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, aseguró en declaraciones a la Cadena SER que el Gobierno ha cumplido con su deber y actuado con flexibilidad en la negociación, pero lamentó que «hay grupos políticos que no quieren facilitar la vida a los trabajadores de este país».

Según Pérez Rey, lo ocurrido refleja una «alianza contranatural de derechas contra los derechos de las personas trabajadoras», en referencia a la coincidencia de Junts, PP y Vox en bloquear la tramitación. Pese al varapalo, el Ministerio de Trabajo mantiene que el objetivo de reducir el tiempo de trabajo sin merma salarial sigue siendo irrenunciable para el Gobierno de coalición.

Por su parte, Junts justificó su decisión alegando que la propuesta elaborada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no ofrece garantías suficientes. Josep Rius, portavoz y vicepresidente de la formación, advirtió que existe «un riesgo real de que, buscando reducir la jornada laboral, algunos empleados pasen de trabajar 40 horas a quedarse sin empleo» debido a un posible cierre de empresas, especialmente en Cataluña. Rius señaló también que no han recibido ninguna propuesta que contemple mejoras salariales ni medidas que aseguren la continuidad de las empresas.

La relación entre el Gobierno y Junts se ha tensado aún más tras lo que los independentistas consideran un error de procedimiento en la junta de portavoces, lo que obligó a acelerar las conversaciones en un contexto ya difícil. Según Rius, la precipitación generada por Sumar ha complicado aún más el escenario.

Yolanda Díaz confirmó que ha mantenido contactos directos con Carles Puigdemont para intentar desbloquear la votación prevista para este miércoles, aunque las conversaciones no han dado frutos. Desde el Ministerio insisten en que la reforma laboral responde a una necesidad social y económica: mejorar la productividad, conciliar la vida familiar y laboral y acercar a España a las prácticas de otros países europeos donde la reducción de jornada es ya una realidad.

El fracaso de la medida en esta fase parlamentaria abre un nuevo frente en la relación entre el Ejecutivo y Junts, socio clave para la gobernabilidad. El desenlace refleja también la dificultad de articular consensos amplios en torno a reformas laborales profundas, que, pese al apoyo ciudadano, se enfrentan a la resistencia de parte del arco parlamentario y a las dudas del empresariado sobre su impacto económico.