La metamorfosis de Illa con el catalán: de criticar la inmersión lingüística a defenderla ante la justicia

En los pasillos del Parlament y en los plenos municipales, el PSC ha tejido durante años un discurso ambivalente sobre la inmersión lingüística que, en los últimos años, especialmente desde 2022, ha mutado a una defensa a ultranza de este modelo educativo, en línea con el separatismo.

El actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no ha sido ajeno a estos cambios. En los últimos días, y tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anula una parte importante del decreto que blindaba el catalán como lengua vehicular exclusiva, ha dejado claro que actuaría «con toda la contundencia» para «defender un modelo existoso», dejando claro que «no permitiremos que nadie haga un uso político de la lengua, porque es lo peor que se puede hacer para la convivencia». No hay ninguna diferencia de este Salvador Illa a otros presidentes de la Generalitat independentistas.

Pero no hace tanto, en 2021, tras la sentencia del Tribunal Supremo que ratificaba el 25 % de español en las aulas de Cataluña, aseguró, de entrada, que «siempre hemos defendido que las resoluciones judiciales hay que cumplirlas, y ésta en particular, también». Y apuntaba que el hecho de dar una asignatura más en español «no ataca el catalán», sino que exige un equilibrio.

En 2022 insistía en esta idea: «no pasa nada, además, porque se dé una materia, adicionada a la de lengua y literatura castellana, en castellano». Y también matizaba que «nosotros pensamos que el catalán tiene que continuar siendo el centro de gravedad de la enseñanza en la escuela catalana», pero que «defender el catalán, como lo defendemos nosotros, no implica atacar el castellano como me parece que algunos hacen».

E incluso, en la campaña electoral para las elecciones catalanas de 2024, Illa parecía que hacía una declaración de intenciones cuando todas sus intervenciones eran bilingües, e incluso recibió numerosas críticas de los separatistas, porque se refería a Lérida o a Gerona, con sus nombres en español, y no utilizaba la versión catalana de Lleida y Girona. Pero él aseguraba que «me planteo abrir una nueva etapa con el catalán» en la próxima legislatura y también apostaba por «apartar el catalán de la disputa partidista».

En su programa de educación, el PSC aseguraba que uno de sus objetivos, en este ámbito, era «garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, tanto en catalán como castellano, occitano-aranés en Aran y la lengua catalana de signos, asegurando la atención pública en la lengua escogida por cada uno, fomentar el uso del catalán, en tanto que lengua propia de Cataluña y garantizar la escuela común para todos, la que no separa a los alumnos por razón de lengua, sino que debe asegurar a todo el alumnado el conocimiento del catalán, el castellano, el occitano-aranés en Arán y el inglés u otra tercera lengua, y que se convierte en matriz de la igualdad de oportunidades y de la unidad civil del pueblo de Cataluña».

Es más, el gobierno de la Generalitat, durante una reunión con entidades defensoras del bilingüismo, se comprometió a respetar la sentencia del Constitucional (y que está pendiente aún de resolver) sobre la ley del Parlament y el decreto de la Generalitat que se aprobaron para sortear la aplicación de la sentencia del 25 % de castellano. Eso fue a finales de 2024. Pero el 8 de abril de 2025 se comprometía con ERC a buscar los subterfugios que fueran necesarios para eludirla.

La «flexibilidad» de Iceta

En el XIV Congreso de 2019, bajo el liderazgo de Miquel Iceta, el documento marco socialista rompió el tabú y pedía más «flexibilidad» en la aplicación de la inmersión lingüística. Se decía en la ponencia que se debatió en esa cita, que el «pacto de convivencia lingüística» se había roto por la «instrumentalización» del catalán por los nacionalismos y el procés, con un uso «partidista» en las aulas.

Eva Granados, entonces portavoz parlamentaria, lo resumió: «Nos sentimos orgullosos de haber promovido la inmersión y de su utilidad, pero la sociedad es distinta y es oportuna una revisión». El objetivo: un modelo «plurilingüe» y «flexible», adaptado a la «realidad sociolingüística» de cada centro, para que los alumnos dominen catalán, castellano e inglés sin rigideces.

Miquel Iceta, fue aún más directo en 2021: «¿Si se ha producido un retroceso de la lengua catalana, no habrán tenido algo que ver los gobiernos que ha tenido Cataluña en los últimos años? Que nos lo dejen hacer a nosotros, que sabemos». Alícia Romero, diputada socialista, y ahora consejera de Economía, también admitió hace unos años que el PSC se siente «padre de la inmersión lingüística», pero defendió revisarla para evitar enquistes: «Nada se tiene que perpetuar».

Y ahí también están las declaraciones de Lluïsa Moret, viceprimera secretaria de Organización del PSC: «Las sentencias se tienen que cumplir, nos gusten o no». Lo decía al desmarcarse en 2022 de un decreto del Govern que esquivaba el fallo del TSJC, acusándolo de «improvisación» y de no mencionar el «uso curricular del castellano».

Pero lo cierto, es que ese mismo año, en 2022, el PSC, junto con los partidos separatistas, aprobó en el Parlament una ley que prohibía expresamente el uso de porcentajes en la enseñanza de lenguas para eludir la llamada sentencia del 25 % de castellano.

Disparidad en el ámbito municipal

A nivel municipal, donde el PSC ha gobernado y gobierna en ciudades importantes, sus posiciones han sido un mosaico de ambigüedades ante la inmersión lingüística y las sentencias del TSJC. Así, por ejemplo, en Hospitalet, bastión socialista liderado entonces por Núria Marín, el Ayuntamiento aprobó en 2021 una moción que defendía el modelo de inmersión, pero admitía «con flexibilidad» la realidad sociolingüística y el cumplimiento de la sentencia del 25 %, pese a repetir «mentiras del nacionalismo» sobre su éxito.

En otros municipios, como en El Prat de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, Sant Feliu de Llobregat y Sant Just Desvern, el PSC se ha adherido a mociones de rechazo al fallo del TSJC. Un caso paradigmático fue el de Castelldefels en 2017, donde la alcaldesa socialista María Miranda apoyó una moción contra familias que reclamaban castellano, acusándolas de «politizar» la educación; años después, Dafne Almansa, una de esas madres repudiadas, lamentó que «el PSC jamás nos pidió perdón» y que «dice una cosa y hace otra».

Esta ambivalencia culminó en 2022 con el pacto de Illa con ERC, Junts y comunes para una ley de lenguas que evita cuotas fijas de castellano, adaptándose al «entorno sociolingüístico». PP, Cs y Vox lo tildaron de «burla» a la Justicia, pero el PSC lo vio como cumplimiento: «Facilita ejecutar la sentencia sin atacar el modelo», defendió entonces Esther Niubó.

Y, a partir de ahí, los socialistas son capaces de decir y votar una cosa y la contraria. En abril de este año, el PSC rechazó una moción de Junts para desobedecer fallos, priorizando la «unidad» y el respeto judicial. En febrero de 2025, junto a PP y Vox, bloqueó una propuesta de la CUP para hacer del catalán la única lengua vehicular y desobedecer sentencias, aunque respaldó supervisar el uso del catalán y aumentar cursos de formación. Y ahora, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, parece dispuesto, una vez más, a utilizar subterfugios para no cumplir un fallo judicial.