El Gobierno de Andorra quiere forzar a la Iglesia para que el obispo de Urgell firme una ley abortista

El Gobierno de Andorra, encabezado por Xavier Espot, está moviendo sus hilos para conseguir que salga adelante una ley abortista, pero eso sí, intentando buscar equilibrios para forzar o como mínimo intentar que el obispo de Urgell, que es copríncipe de Andorra, pueda aceptar esta ley.

Para ello, el ejecutivo del país pretende sacar adelante una norma que despenalice el aborto, pero eso sí, el matiz vendría en que en Andorra no se llevarían a cabo estas interrupciones del embarazo, sino «cerca», y todo ello lo financiarían los servicios públicos andorranos, según recoge el medio local La Veu Lliure. Básicamente, esto quiere decir que los abortos se harían en España o en Francia.

Hay que tener en cuenta que Andorra, junto al Vaticano y Malta, es uno de los tres países europeos donde el aborto sigue prohibido en todos los supuestos, incluido el riesgo para la vida de la madre, violación o malformación fetal. Cada año, unas 130 mujeres andorranas cruzan la frontera para interrumpir embarazos, según datos del Departamento de Salud de la Generalitat de 2022, con costes que oscilan entre los 300 y 6.000 euros.

Con la nueva norma, se pretende eliminar las penas de prisión, de hasta dos años para las mujeres que lleven a cabo un aborto y de hasta tres años de prisión y cinco de inhabilitación para los médicos que lo practiquen. En su lugar, se derivaría a las mujeres a clínicas en España o Francia, con acompañamiento público y compensación económica para casos de vulnerabilidad, según ha explicado Xavier Espot.

De hecho, el jefe de Gobierno de Andorra explicó en una entrevista en televisión, en mayo de este año, que el actual sistema político del país, en el que se alternan como copríncipes el presidente de Francia y el obispo de Urgell, que actualmente es Josep-Lluís Serrano Pentinat, condiciona la posibilidad de aplicar una «legislación laica» sobre el aborto.

Y también reconoció que el hecho de legalizar esta práctica «haría entrar en contradicción» al obispo, teniendo en cuenta que para la Iglesia «la defensa del derecho a la vida» es un «dogma de fe». De ahí, precisaba, que se estuviera trabajando «discretamente» en ese cambio normativo con la Santa Sede. Pero hay otra cuestión a tener en cuenta. Y es que el artículo 8 de la Constitución «reconoce el derecho a la vida y la protege plenamente en sus diferentes fases». Ambos copríncipes han jurado esta norma fundamental, y ahí podría haber otro escollo.

Años de conversaciones

Todo esto arranca en 2019, cuando Espot era ministro de Justicia e Interior y Antoni Martí era el jefe del Gobierno andorrano. Entonces se encargó un informe que pudiera dar a esta cuestión «una respuesta jurídica aceptable para la mayoría social de los andorranos y asumible por el jefe de Estado». Y, desde entonces, se han sucedido los informes, las reuniones y las negociaciones a varias bandas.

Así, por ejemplo, en septiembre de 2023, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, visitó el Principado con motivo del Día de la Mare de Déu de Meritxell. Entonces, se le preguntó por esa reforma. Parolin admitió que la del aborto era una cuestión «delicada» y también «compleja» que había que tratar «con mucha discreción y sabiduría».

Dejó claro que la Iglesia defiende la vida en todas sus etapas, desde el inicio de la concepción, y aseguraba que también pretende «estar cerca y ayudar a todas las personas que se encuentran en dificultad», como, por ejemplo, «en tener el hijo». Para el gobierno andorrano, esta visita supuso, en cierta manera, un aval para tratar la cuestión.

Pero eso fue ya hace un par de años y las cosas también han cambiado desde entonces, entre otras cosas porque hay un nuevo Papa y un nuevo obispo de Urgell. Y se abre la puerta a otra posibilidad: que la ley en cuestión sea firmada solo por uno de los copríncipes. Ya ha ocurrido en otras ocasiones con reformas complejas. En este caso, se recurriría al presidente francés para sacar adelante la ley. El objetivo es que este otoño se pueda presentar el borrador, en 2026 se lleve a cabo la tramitación parlamentaria, antes de que acabe la legislatura en 2027.