El Gobierno asume el marco mental nacionalista con una ley que considera 'impropio' el español en Cataluña

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que insta al Gobierno a promover planes de formación lingüística para el personal sanitario en las lenguas cooficiales de los territorios donde ejercen su profesión. La iniciativa busca garantizar una atención sanitaria equitativa y sin barreras lingüísticas, reconociendo que la comunicación efectiva entre pacientes y profesionales es clave para un diagnóstico preciso y un tratamiento humanizado.

Pues bien, para el catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rafael Arenas, en una lectura rápida, «puede parecer técnica, pero en realidad supone un paso más en la asimilación completa del discurso nacionalista sobre la lengua».

¿Qué dice el texto? Según la exposición de motivos, el acceso a la sanidad pública en condiciones de igualdad y calidad es un derecho fundamental que debe asegurarse a toda la ciudadanía. En territorios con lengua cooficial, la atención en la lengua materna de los pacientes no solo es un derecho reconocido en los Estatutos de Autonomía, sino también un factor determinante para la seguridad y el bienestar de las personas atendidas.

El texto destaca que la falta de conocimiento suficiente de la lengua cooficial por parte de algunos profesionales puede suponer una barrera en la asistencia, generando incomprensión en el paciente, dificultades en la transmisión de síntomas o instrucciones médicas, y, en consecuencia, una merma en la calidad del servicio.

Esta situación se acentúa en ámbitos como la atención primaria, donde la comunicación cercana con el paciente es fundamental, o en servicios de salud mental, pediatría o geriatría, donde la capacidad de expresión en la lengua propia puede influir de manera significativa en la confianza y la efectividad del tratamiento.

Para garantizar un acceso sanitario igualitario y sin barreras lingüísticas, la proposición considera necesario impulsar planes de formación que permitan a los profesionales adquirir o mejorar sus competencias lingüísticas en las lenguas cooficiales del territorio donde ejercen. La implementación de estos planes debe basarse en criterios de voluntariedad, adaptabilidad y reconocimiento profesional, asegurando que los sanitarios dispongan de recursos suficientes para formarse sin que ello suponga una sobrecarga en su labor asistencial.

«Barreras en la asistencia»

A Rafael Arenas, y tras una lectura más en profundidad, no le acaba de gustar el trasfondo de ese texto. De entrada, asegura, está legitimando la idea de que la falta de conocimiento de lenguas cooficiales genera «barreras en la asistencia por incomprensión del paciente». «¿De verdad? ¿Está diciendo el partido de gobierno que hay españoles que no entienden el español?», se pregunta el catedrático, que también recuerda que el español es la lengua materna de más del 80 % de los españoles y conocida por la práctica totalidad de la población, en virtud del artículo 3 de la Constitución Española, que obliga al sistema educativo a garantizar su dominio al finalizar la enseñanza obligatoria.

En un hilo en X, la antigua Twitter, Arenas argumenta que, si existiera tal incomprensión, el problema radicaría en un fallo del sistema educativo nacional, no en la ausencia de médicos que hablen catalán o euskera. Reconoce que hay ciudadanos cuya lengua materna no es el castellano, pero enfatiza que incluso en comunidades con lenguas cooficiales, excepto en Galicia, el español sigue siendo mayoritario.

En este sentido, señala que el nacionalismo busca desplazar el castellano, tratándolo como «impropio». Pero es que esa proposición no de ley socialista, precisa, adopta este marco, como en iniciativas previas. De ahí que asegure que «supone un paso más en la asimilación completa del discurso nacionalista sobre la lengua».

El profesor cuestiona la coherencia del enfoque, y ha preguntado si se exige el mismo nivel de competencia en aranés para el personal sanitario en el Valle de Arán, como en catalán para el resto de Cataluña. Es decir, si se exige el C1 de aranés, del mismo modo que se quiere exigir el C1 de catalán a los profesionales sanitarios. Por este motivo, concluye que el objetivo político es «debilitar los lazos entre ciertas comunidades autónomas y el resto de España». Y lamenta que no solo los socialistas lo están tolerando, sino que «lo lideran».

Arenas advierte que lo más grave es la afirmación implícita de que hay españoles que no entenderán si se les atiende en español, lo que califica como una deslegitimación del idioma común.