Andorra asume la realidad y rebaja la exigencia del catalán para los médicos extranjeros

Una de las líneas maestras del actual gobierno de Andorra –liderado por Demòcrates per Andorra, una formación afín al espacio de Junts– es el endurecimiento de su política lingüística, cosa que les ha granjeado el aplauso del nacionalismo en Cataluña. Aunque el catalán es el único idioma oficial en Andorra, la realidad geográfica y sociológica se impone, y tanto el español como el francés son idiomas de uso común en el pequeño país pirenaico, algo que desde el actual ejecutivo se intenta revertir.

De ahí que en abril de 2024 se aprobase una polémica ‘ley del catalán’ que establecía, entre otros aspectos, la obligación de acreditar un cierto conocimiento del idioma para renovar los permisos de residencia y de trabajo. La ofensiva contra el español o el francés también afectaba, por ejemplo, a la rotulación y la atención al público de los comercios: hace dos meses Andorra puso su primera sanción por este motivo, al detectar que un negocio no tenía los formularios de reclamaciones en catalán.

En 2024 también se aprobó una Ley de Profesiones Sanitarias que incluía la obligación de que el personal sanitario acreditase un nivel B2 de catalán para trabajar en Andorra. Se trata de una exigencia que ya estaba contemplada por los diversos colegios profesionales de estos colectivos, pero que la ley mantenía y reforzaba. Sin embargo, de nuevo, la evidencia ha obligado a ceder, y el gobierno andorrano ha tenido que dar marcha atrás en este aspecto.

Rebajan exigencias

La semana pasada, el Consell General –el parlamento andorrano– aprobó por unanimidad una reforma legislativa para rebajar la exigencia del B2 a los sanitarios, dada la falta de profesionales en el sector y la urgencia que tiene la sanidad andorrana por cubrir las vacantes. En concreto, permitirán que médicos, enfermeros y demás profesionales del ramo puedan trabajar hasta dos años sin necesidad de acreditar el conocimiento del idioma.

En concreto, el objetivo es atraer talento de Hispanoamérica. Con todo, este plazo de dos años –que amplía en un año el previsto en el proyecto de ley– sólo se conseguirá en el caso de que el trabajador acredite «progresos en el aprendizaje de la lengua catalana», algo que puede justificar, por ejemplo, apuntándose a cursos de este idioma.

La modificación de la ley también amplía los días incluidos en un permiso de trabajo de corta duración para profesionales foráneos de 30 a 90 días anuales, una ampliación que será aplicable también a los médicos que ya hayan agotado sus 30 días este 2025. Además, los médicos foráneos que se instalen en Andorra con permiso para ejercer por cuenta propia podrán hacer guardias en el sistema público de salud, el SAAS.

En el debate parlamentario, el diputado de Ciutadans Compromesos –que forma parte de la mayoría gubernamental– Carles Naudi destacó que la salud «tiene que estar por encima de la ideología» y que «si te estás muriendo, da igual que te hablen en francés, porque lo que quieres es que te salven la vida». Desde el partido Andorra Endavant (AE), en la oposición, también han celebrado la medida, pero piden que se amplíe también a otros sectores.

La consejera Noemí Amador, de AE, señala que «no es justo» aplicar criterios distinto según el ámbito, ya que esto «genera desigualdad» y «agrava la falta de mano de obra cualificada» en campos como la ingeniería o la construcción. En declaraciones al digital La Veu Lliure, desde el partido señalan que «nadie va contra el catalán», pero que discuten «una ley que se ha vuelto más rígida de lo que el país puede soportar, y que está generando problemas reales a empresas y autónomos».