Andorra endurece su política lingüística y empieza a multar a los negocios que no rotulen en catalán

El pequeño estado pirenaico ha dado el paso definitivo en la aplicación de su controvertida normativa lingüística. Las autoridades andorranas han impuesto su primera sanción económica bajo la nueva legislación que exige el uso obligatorio del catalán en el sector comercial.

La medida disciplinaria recayó sobre un establecimiento comercial ubicado en la localidad fronteriza del Pas de la Casa, que fue penalizado con una multa de 2.200 euros tras detectarse que carecía de los formularios de reclamaciones redactados en lengua catalana. Esta infracción ha sido catalogada como grave dentro del nuevo marco regulatorio.

Escalada progresiva de sanciones

El marco punitivo diseñado por el gobierno andorrano establece tres niveles de gravedad. Las infracciones graves, como la detectada, oscilan entre 1.200 y 6.000 euros. Los casos de reincidencia elevan automáticamente la falta a «muy grave», con penalizaciones que pueden alcanzar los 60.000 euros.

Fuentes oficiales confirman que decenas de expedientes permanecen abiertos, sugiriendo que esta primera multa podría ser solo el inicio de una oleada sancionadora más amplia.

Imposición normativa sobre el sector privado

Esta intervención gubernamental se justifica por estudios que revelan el uso natural del castellano en el comercio andorrano. La realidad del mercado muestra que más de la mitad del personal utiliza esta lengua en el primer contacto, reflejando las preferencias espontáneas tanto de trabajadores como clientes.

La nueva reglamentación extiende su control sobre toda la documentación empresarial: desde la rotulación hasta los formularios internos. El sistema de multas progresivas, que arranca en 600 euros y puede llegar hasta 10.000, supone una carga económica adicional para un sector que ya enfrenta múltiples regulaciones.

La primera sanción evidencia que el gobierno ha decidido imponer su agenda lingüística mediante la presión económica, transformando una cuestión de libre elección comercial en una obligación administrativa con costosas penalizaciones.