El expresidente de la SEPI detenido por la Guardia Civil disparó su patrimonio hasta los 5 millones tras su paso por el Gobierno

Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, ha sido detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a Leire Díez, la conocida como la fontanera de PSOE, en el marco de una investigación por desviar comisiones ilegales de contratos públicos. Entre las pesquisas que están llevando a cabo los agentes se encuentra el rastreo de su patrimonio inmobiliario y han descubierto que, tras su paso por el Gobierno, Fernández Guerrero ha logrado amasar inversiones que suman más de 5 millones de euros.

Desde que María Jesús Montero lo incorporó al Ministerio de Hacienda en 2018, primero como asesor de máxima confianza y después como presidente de la SEPI, su patrimonio no ha dejado de crecer. Y lo ha hecho, además, en zonas de lujo como Puerta de Hierro (Madrid) o en exclusivas urbanizaciones de Marbella y Sevilla. Las adquisiciones, casi todas posteriores a su llegada al Gobierno, dibujan un incremento patrimonial vertiginoso que coincide exactamente con el periodo en el que la UCO lo investiga como pieza auxiliar en el circuito de cobro de comisiones ilegales en donde los investigadores también ubican a Santos Cerdán.

La pieza central de su patrimonio es un piso de Puerta de Hierro, adquirido en agosto de 2018, dos meses después del desembarco socialista en La Moncloa. Se trata de una vivienda de gran tamaño que hoy alcanza un valor de mercado de 1,4 millones de euros. A partir de ahí, el ritmo de compras se acelera. En 2019, Fernández Guerrero sumó un primer paquete de propiedades en la urbanización Jardines de Don Carlos, en Marbella. Por un lado, un piso valorado en 450.000 euros y después un garaje con trastero por otros 30.000 euros. A partir de 2022, ya en pleno auge de la red que investiga la Guardia Civil, adquirió una nueva vivienda en Carib Playa valorada actualmente en 495.000 euros, junto a plazas de garaje y trasteros por un total de 34.000 euros. Ese mismo año compró otra vivienda en Lance de las Cañas, con un valor actualizado de 540.000 euros.

El ritmo volvió a intensificarse en 2024, cuando sumó un chalet pareado en la exclusiva urbanización La Juliana, en Sevilla, estimado en 390.000 euros. Y en mayo de 2025, volvió a comprar en Jardines de Don Carlos otro piso valorado en 495.000 euros y dos plazas de garaje adicionales por un total de 67.000 euros. En conjunto, un total de 3.951.000 euros en patrimonio inmobiliario, casi todo adquirido mientras trabajaba para el Gobierno o para empresas que ahora aparecen en la investigación policial, entre las que se encuentra la constructora Servinabar. En paralelo, dispone de otro tipo de inversiones que los agentes cifran en 1.045.000 euros.

El análisis de la documentación que manejan los investigadores, a la que ha tenido acceso este periódico, revela que parte del patrimonio fue abonado al contado. El resto se financió mediante hipotecas o fórmulas que podrían encajar con el «mecanismo de financiación encubierta» que la UCO está investigando. Los agentes sospechan que Vicente Fernández Guerrero actuó como «persona interpuesta» para permitir que Cerdán recibiera dinero procedente de comisiones ilegales mediante la relación laboral que el expresidente de la SEPI tuvo con Servinabar entre 2021 y 2023. En ese periodo, la empresa obtuvo un contrato de 72 millones para la reforma del túnel de Belate, del que salieron al menos seis millones hacia la propia Servinabar, matriz desde la que se regaba la trama que investiga el Tribunal Supremo.

La tesis policial es que Cerdán necesitaba una figura con apariencia de independencia política para canalizar parte del dinero, justificar relaciones económicas y articular pagos periódicos. Esa figura, siempre según las pesquisas de la Guardia Civil, es Fernández Guerrero. Su papel se ubica en la rama encargada del cobro de mordidas junto a Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, mientras que una segunda rama del entramado se dedicaba a manipular concursos públicos mediante altos cargos de Transportes y directivos de empresas adjudicatarias.

La coincidencia temporal entre el incremento del patrimonio inmobiliario y el funcionamiento de la red no pasa desapercibida para los investigadores. En el trabajo que están llevando a cabo los investigadores, la UCO señala la necesidad de analizar en profundidad el origen de los fondos utilizados para las adquisiciones y la relación entre los ingresos declarados y las operaciones inmobiliarias ejecutadas durante su estancia en el Gobierno.