La UCO acumula pruebas contra el expresidente de la SEPI y sospecha que fue «una muleta» de Cerdán para cobrar los sobornos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando el método que llevaba a cabo Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, que actualmente está encarcelado, para poder cobrar las comisiones ilegales. Tal y como ha podido saber El Debate en exclusiva, una de las personas que se encuentra en el radar de los investigadores es Vicente Fernández Guerrero, que fue, hasta que dimitió por corrupción, la mano derecha de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. En concreto, ocupó durante varios meses la presidencia de la SEPI.

Según las pesquisas policiales, a las que ha tenido acceso este periódico, Fernández Guerrero pudo ser una de las personas que Cerdán usó como nexo para percibir las comisiones ilegales de la trama que investiga el Tribunal Supremo. El ex ‘dos’ de Montero trabajó entre 2021 y 2023 en la constructora Servinabar, que recibió el contrato de 72 millones de euros para llevar a cabo la reforma del túnel de Belate, en Navarra. De ese dinero, al menos seis millones acabaron en la constructora, de la que Cerdán llegó a tener el 45 % de las participaciones.

Los agentes de la Guardia Civil manejan la tesis de que el expresidente de la SEPI actuó como «persona interpuesta» para que Cerdán pudiera, al mismo tiempo, percibir fondos económicos de la nómina que Fernández Guerrero tenía en la constructora. La hipótesis es que la constructora pudo servir como plataforma para nutrir a la red de comisiones ilegales, pero hacía falta una segunda figura con apariencia de ajenidad política para justificar pagos periódicos vinculados, en realidad, al presunto cobro de sobornos. Vicente Fernández Guerrero niega que Cerdán mediase para que le fichara Servibanar ni que le hiciera ningún pago en una conversación con este periódico. En cambio, reconoce que estuvo trabajando para la constructora con un sueldo de 6.000 euros al mes.

La UCO ha ido encajando piezas de un puzle que expone la estructura interna de la supuesta organización criminal. Según consta en los informes policiales, la red operaba con una tarifa estándar, que ascendía al 2 % de cada contrato público amañado. Las empresas interesadas en obtener adjudicaciones estratégicas abonaban ese porcentaje a través de Servinabar 2000 SL, la empresa creada en 2015 de la que Cerdán pasó a controlar casi la mitad del capital desde 2016, aunque manteniendo esa participación oculta durante años.

La principal pagadora, tal y como reflejan los registros, fue Acciona, que transfirió casi seis millones de euros a Servinabar entre 2015 y 2024. Esas inyecciones económicas coincidieron con un periodo de intensa obra pública adjudicada a la multinacional en Navarra y a nivel estatal. La UCO sospecha que estas cantidades servían para asegurar un flujo constante de contratos públicos, especialmente en administraciones controladas por el PSOE, tanto en el Gobierno central como en Navarra. La propia documentación intervenida revela que la trama necesitaba que el partido mantuviera el control político para seguir operando sin obstáculos.

Una parte sustancial de los fondos permaneció en Servinabar, pero otra fue supuestamente desviada mediante un entramado de cooperativas opacas diseñadas para ocultar el rastro del dinero. La primera de ellas, Noran, recibió al menos 732.000 euros procedentes de Servinabar. Dentro de su cúpula figuraba Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, al que los investigadores señalan como posible testaferro de Cerdán. La segunda, Erkolan, percibió otros 258.000 euros entre 2019 y 2024, gran parte de los cuales acabaron en cuentas bancarias de Belén Cerdán, hermana del exsecretario de Organización y concejala socialista en Navarra, que incluso llegó a cobrar una nómina mensual de la cooperativa por supuestas labores administrativas.

Las pesquisas dieron un salto cualitativo el pasado viernes, cuando por orden del instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, la UCO irrumpió en varias sedes de Acciona en Madrid y Bilbao y se incautó de documentación y material informático del director de Zona Sur y África de la compañía, Manuel José García Alconchel. En paralelo, se registraron otras empresas beneficiadas por adjudicaciones vinculadas a la trama Tecade y Freyssinet, ambas adjudicatarias junto a Acciona de la reforma del Puente del V Centenario de Sevilla por un valor de 88 millones de euros.

Los agentes investigan igualmente a un empresario muy próximo al PNV, Jon Iñaki Alzaga Etxeita, exconsejero de Euskaltel y presidente del Grupo Noticias, que logró un contrato para construir un colegio público en Navarra gracias a una colaboración con Acciona y con el socio de Cerdán. Ese proyecto también figura bajo sospecha por la posible manipulación del concurso público. La trama, según la investigación, estaba segmentada en dos ramas: la encargada del cobro de comisiones y otra orientada a la manipulación material de los concursos públicos. En esta segunda estructura destaca la figura de Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, y de Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes y expresidenta de Adif. Ambos habrían intervenido para dirigir adjudicaciones hacia empresas colaboradoras con la red de sobornos.