El gobierno catalán aún se resiste al traslado de los murales de Sijena pero descarta acudir al Constitucional

El Gobierno catalán aún se resiste a la ejecución plena de las sentencias que ordenan el traslado de los murales románicos de Sijena desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) hasta el monasterio aragonés, pero ha decidido descartar la vía del Tribunal Constitucional con el argumento de que en este caso no se ha vulnerado ningún derecho fundamental.

La consejería de Cultura se aferra a los informes técnicos sobre la extrema fragilidad de las pinturas y a la necesidad de evaluar «todos los riesgos» antes de cualquier movimiento, mientras los tribunales de Huesca avanzan en la fase de ejecución y autorizan a los representantes de Sijena a acceder a los almacenes del museo para preparar el traslado.

La consellera de Cultura ha dejado claro que la Generalitat no presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra las resoluciones que ordenan la devolución de los murales, al considerar que se trata de un litigio de legalidad ordinaria y no de derechos fundamentales.

Al renunciar a esa vía, el Govern asume de facto que el recorrido judicial está prácticamente agotado y centra su estrategia en el terreno técnico, intentando condicionar los plazos y las condiciones del eventual traslado, a lo que dictaminen los expertos en restauración y conservación. Esta postura le permite presentar su resistencia no como un pulso político directo a los tribunales, sino como una defensa del patrimonio artístico bajo criterios especializados.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo catalán mantiene un discurso de respeto a las resoluciones judiciales, pero insiste en que no adoptará ninguna decisión que pueda poner en peligro la integridad de las pinturas. En esta línea, el MNAC y la propia conselleria han esgrimido reiteradamente informes que alertan del alto riesgo que supondría desmontar y mover unos murales de más de ocho siglos de antigüedad, que ya sufrieron graves daños por el incendio y saqueo del monasterio en 1936 y que fueron restaurados en Barcelona décadas después. Esta dualidad entre acatamiento formal y resistencia práctica marca la actual posición del Govern.

Desde Huesca

En paralelo, los tribunales de Huesca continúan dando pasos para hacer efectiva la devolución, reforzando la posición del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena como impulsores del proceso. La juez encargada de la ejecución ha rechazado recursos presentados por la Generalitat y por el MNAC y ha avalado que los técnicos aragoneses puedan entrar en los almacenes del museo barcelonés para examinar las obras y planificar el operativo.

Este acceso, largamente reclamado desde Aragón, supone un nuevo revés para la parte catalana y acerca el momento de un traslado que el Supremo ya ha considerado ajustado a derecho.

La sentencia del Tribunal Supremo, dictada en primavera, ha consolidado la tesis de que Aragón, como cesionario de los derechos de la comunidad religiosa de Sijena, está legitimado para exigir el regreso de los murales a su ubicación original.

El alto tribunal ratificó decisiones previas que ordenaban al MNAC la restitución de las pinturas, cerrando el núcleo del debate jurídico sobre la propiedad y dejando la discusión centrada en la forma y los plazos de la ejecución. Para el Ejecutivo aragonés, se trata de una reparación histórica y de un paso decisivo en la recuperación íntegra de su patrimonio.

El MNAC se ha convertido en el eje técnico de la resistencia catalana, al defender que su principal obligación es garantizar la conservación de las obras que custodia. La dirección del museo recuerda que las pinturas llegaron gravemente dañadas a Barcelona tras la Guerra Civil, fueron restauradas con recursos públicos y han sido exhibidas durante décadas en condiciones de seguridad y estabilidad ambiental muy difíciles de replicar en un monasterio de la España interior. Desde esta perspectiva, el traslado no solo implicaría un complejo desmontaje, sino un cambio radical en el entorno de conservación, con riesgos añadidos para su pervivencia.

Impaciencia

En los últimos meses, el museo ha aportado nuevos dictámenes de especialistas y ha intentado, sin éxito, que la justicia autorizara una pericial independiente amplia antes de fijar plazos estrictos para la devolución. La insistencia en un cronograma más largo y en controles técnicos adicionales ha chocado con la impaciencia de la parte aragonesa y con la voluntad de los jueces de evitar dilaciones indefinidas.

Este choque entre el criterio conservacionista del gran museo nacional de Cataluña y la reivindicación territorial de Aragón concentra buena parte del trasfondo del conflicto.

En Aragón, tanto el Gobierno autonómico como las instituciones locales implicadas presentan el caso Sijena como un símbolo de recuperación de un patrimonio expoliado y dispersado durante décadas. Para el Ejecutivo aragonés, la decisión del Supremo confirma que los murales deben volver al monasterio, al igual que en su día regresaron otras piezas procedentes de Sijena que estaban en colecciones catalanas. El Senado y distintos actores políticos han reclamado al Gobierno de España que garantice el cumplimiento de las sentencias y, si fuera necesario, impulse una ejecución forzosa.

El abogado de Sijena y los responsables aragoneses insisten en que el monasterio dispone ya de condiciones adecuadas para acoger las pinturas y niegan que el traslado sea una operación temeraria, recordando que el patrimonio no puede quedar sometido sine die a decisiones unilaterales de un museo autonómico. Esta narrativa conecta con una sensibilidad extendida en buena parte de la opinión pública aragonesa, que ve en el caso Sijena un ejemplo de agravio histórico y de desequilibrio entre el mundo rural y los grandes centros urbanos y museísticos.

El litigio por los murales de Sijena se ha convertido con los años en un caso paradigmático de tensión entre varias lógicas: la legalidad judicial, los criterios técnicos de conservación y la disputa territorial entre comunidades autónomas. La Generalitat intenta presentarse como garante del patrimonio que ha custodiado durante casi un siglo, pero carga con la imagen de un Govern que se resiste sistemáticamente a cumplir resoluciones desfavorables cuando afectan a bienes ubicados en Cataluña. Aragón, por su parte, capitaliza la idea de reparación y de defensa de su identidad histórica frente a lo que considera décadas de centralidad cultural catalana.

En este contexto, la renuncia del Govern a acudir al Tribunal Constitucional confirma que la batalla ya no se libra en el terreno de los grandes principios jurídicos, sino en el de la ejecución práctica y los plazos concretos.

Mientras los informes técnicos se utilizan como última trinchera para frenar o dilatar el traslado, la justicia acelera el calendario y permite que los técnicos aragoneses se preparen sobre el terreno.

El desenlace del caso Sijena marcará un precedente relevante para otros conflictos patrimoniales y volverá a poner a prueba la capacidad del Estado para garantizar, sin equívocos, el cumplimiento efectivo de las sentencias en todo el territorio nacional.