Banderas de Cataluña, España y la UE, en una imagen de archivo
Nuevos españoles
¿La inyección de nacionalizaciones por la ley de Memoria Democrática bloqueará mayorías nacionalistas en Cataluña?
El CGCEE contabiliza 2,3 millones de solicitudes para obtener la nacionalidad española al amparo de la ley de Memoria Democrática
Las solicitudes para obtener la nacionalidad española al amparo de la ley de Memoria Democrática se elevan ya hasta los 2,3 millones, de las cuales más de un millón se están tramitando ya y el resto están pendientes de entregar la documentación. Son datos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), recogidos este lunes por El País, que multiplican por 4,5 la cifra alcanzada por la Ley de Memoria Histórica de 2007.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, daba un plazo de dos años –ampliable a tres– para pedir la nacionalidad a «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».
La norma también incluía a los nacidos en el exterior de madres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución y a los hijos mayores de edad de aquellos a quienes se reconoció la nacionalidad de origen en virtud de la ley de 2007.
La abultada cifra de solicitudes que maneja el CGCEE –y que, según explicó la presidenta del CGCEE, Violeta Alonso, en el IV Congreso Mundial de Asturianía hace unos días, podría elevarse hasta superar los 5 millones– ha hecho que se eleven las preguntas sobre el impacto que tendrá esta inyección de nuevos nacionalizados españoles en los resultados electorales, tanto en unos comicios a escala nacional como en los autonómicos.
En el caso de las elecciones generales, los españoles en el extranjero pueden votar, pero su voto se reparte entre las 52 provincias según la última inscripción o la que elijan al inscribirse en el consulado. En el caso de estos nuevos nacionalizados, deberán inscribirse en la provincia española de su elección en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA).
Cabe señalar que, aunque históricamente el voto CERA no suele ser muy alto, supone un número no desdeñable de votos. En las últimas elecciones generales, las de julio de 2023, votó un 9,5% de los españoles inscritos en el extranjero, unos 233.000 personas.
¿Y Cataluña?
En el caso de las elecciones autonómicas, no obstante, es más difícil que este flujo de nuevos nacionalizados españoles tenga un impacto a corto plazo en la política catalana, ya que la normativa electoral de Cataluña –y del resto de comunidades– exige que los votantes estén empadronados en un municipio de la comunidad al menos tres meses antes de la convocatoria electoral, para evitar empadronamientos exprés y fraudulentos.
No se puede, por tanto, votar desde el extranjero, y de ahí que estos nuevos españoles no puedan modificar las mayorías en el Parlament. Sí podría ocurrir que, a medio o largo plazo, estas nacionalizaciones ejerciesen un ‘efecto llamada’ que fomentase las migraciones de estas familias. En caso de producirse e instalarse en Cataluña, sí podría darse un vuelco en las mayorías y, dada la nula simpatía de estos nuevos ciudadanos por la causa independentista, suponer un coto a mayorías de este tipo.
