Varios municipios catalanes reclaman ahora al Gobierno el «dinero rojo» expoliado durante el franquismo

La lucha por la recuperación de la memoria histórica en España ha tomado una nueva dimensión: la vía económica y patrimonial. Tras décadas centradas en la identificación de fosas y la reparación moral, varios ayuntamientos, encabezados por iniciativas pioneras en Cataluña, han decidido llevar al Gobierno central a los tribunales internacionales para reclamar los fondos públicos que el régimen franquista incautó ilegalmente tras la Guerra Civil.

Este movimiento utiliza la nueva Ley de Memoria Democrática como palanca legal para sentar un precedente crucial para cientos de municipios y miles de familias en todo el país.

El caso que ha acaparado recientemente la atención mediática es el de Caldes de Montbui (Barcelona). El ayuntamiento no descarta acudir a la Audiencia Nacional (AN) y, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para recuperar 48.000 euros, equivalentes a unas 29.000 pesetas de la época, expoliados después de la Guerra Civil.

La singularidad de la reclamación de Caldes radica en su enfoque. Se centra en la restitución de patrimonio público municipal. Un estudio pericial, puesto en marcha por la Concejalía de Memoria Local, logró certificar la trazabilidad de los fondos, demostrando que procedían de cuatro entidades que dependían directamente del consistorio: un comedor infantil, el antiguo sindicato agrícola, y fondos de sectores urbanístico y militar.

Esta meticulosa documentación ha permitido al alcalde, Isidre Pineda, dirigir una reclamación formal al Ministerio de Política Territorial, advirtiendo que, ante el silencio administrativo, el siguiente paso será la vía judicial, con el objetivo de destinar los fondos recuperados a iniciativas de memoria histórica local.

Otros casos

Si bien Caldes de Montbui ha generado el impulso reciente, el municipio de Sant Julià de Ramis (Gerona) ostenta el mérito de haber sido el pionero en iniciar la batalla legal contra el Estado por el dinero espoliado, el conocido como dinero rojo o moneda republicana incautada.

En 2019, Sant Julià de Ramis anunció una demanda contra el Gobierno de España que, aunque incluía fondos municipales, se centró especialmente en la restitución de los ahorros confiscados a 134 vecinos. La cifra total de la reclamación se cuantificó en unos 11,5 millones de euros, 818.784,50 pesetas de la época.

El expolio se produjo a gran escala y se formalizó mediante la ilegalización de la moneda emitida por la República en 1938. El régimen de Franco consideró esta moneda del enemigo y obligó a su retirada y confiscación. Muchos ayuntamientos habían actuado como intermediarios, recogiendo el dinero de sus vecinos para intentar depositarlo en el Banco de España, y es esta documentación, los recibos de entrega, la que ahora se utiliza para acreditar el espolio.

Aunque el Tribunal Supremo tumbó un recurso inicial de Sant Julià de Ramis, la nueva Ley de Memoria Democrática, con su reconocimiento del derecho a la restitución de bienes y sanciones económicas (Artículo 31), ha revitalizado este caso, permitiendo a este municipio reactivar su lucha legal y sentar las bases para una reclamación colectiva.

El dinero reclamado por Caldes de Montbui y Sant Julià de Ramis es solo una fracción de un universo de deuda pública y privada mucho mayor. No existe una cifra total consolidada del dinero expoliado por el franquismo a entidades locales y particulares en toda España. Sin embargo, el interés generado por los casos catalanes ha destapado la existencia de documentación en otros municipios listos para seguir el mismo camino.

Camós (Gerona) tiene en su poder recibos que demuestran la entrega al Banco de España de 1.306.201 pesetas, correspondientes a 143 vecinos. Municipios como Vilajuïga, Bordils, Bellcaire d'Empordà, y Sant Miquel de Fluvià han manifestado su intención de emprender los mismos pasos al disponer de documentación que acredita la incautación de fondos a sus habitantes.

«Dinero rojo»

A la lucha de los municipios se suma la de las familias y asociaciones de afectados. Más de 300 familias se han unido a través de la Asociación de Perjudicados por las Incautaciones del Gobierno Franquista para reclamar sus ahorros, el llamado «dinero rojo» confiscado a particulares y organizaciones.

La esperanza de estos ayuntamientos reside en la Ley de Memoria Democrática de 2022. El artículo 31 es clave: reconoce el derecho a la restitución de bienes y derechos incautados, multas y sanciones económicas producidas por el régimen.

Este reconocimiento, sumado a la jurisprudencia que puedan generar los casos de Caldes de Montbui y Sant Julià de Ramis, podría desencadenar una ola de reclamaciones de patrimonio público y privado a nivel estatal.