Impulso Ciudadano recurrirá el decreto de Illa que margina el español en la actividad de los Mossos

«La lengua propia y habitual de trabajo y de relación con la ciudadanía de los miembros de la PG-ME es el catalán, sin perjuicio del derecho de las personas a ser atendidas en castellano. En Arán, el aranés tiene que contar con los medios necesarios para ser lengua de trabajo y de atención ciudadana. En todo caso, los servicios dirigidos al público tienen que garantizar los derechos lingüísticos de las personas que establece la legislación en esta materia».

Es el redactado del artículo 37 del Decreto 269/2025 del Gobierno de la Generalitat, que regula la imagen corporativa de los Mossos de Esquadra, y que se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) este viernes. Aunque, como decíamos, el objeto principal de la norma es establecer criterios comunes sobre la identidad visual y corporativa del cuerpo policial, uno de sus preceptos ha llamado la atención, y es el dedicado a la lengua de trabajo. Y, también en este ámbito, el gobierno de Salvador Illa quiere imponer el catalán.

Por este motivo, la asociación Impulso Ciudadano va a presentar un recurso contencioso-administrativo contra este artículo al considerar que el decreto «desborda claramente su objeto». A su juicio, una norma destinada a regular la imagen institucional no puede introducir una regulación lingüística de carácter estructural que afecta directamente al funcionamiento interno de un cuerpo policial y a los derechos de sus miembros.

Según la entidad, la redacción del artículo 37 configura el catalán como lengua preferente y habitual tanto en el ámbito interno como en la relación con la ciudadanía, lo que, en su opinión, entra en contradicción con el régimen constitucional de cooficialidad lingüística recogido en el artículo 3 de la Constitución.

Impulso Ciudadano sostiene que esta formulación relega la condición del castellano como lengua oficial de la Administración y vulnera los derechos lingüísticos de los propios agentes, que tienen derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en sus comunicaciones internas y en el ejercicio de sus funciones.

La asociación subraya que no se trata de una cuestión meramente organizativa o simbólica, sino de una regulación con efectos jurídicos, profesionales y eventualmente disciplinarios para los miembros del cuerpo. En este sentido, advierte de que fijar una lengua como «habitual» de trabajo introduce una preferencia obligatoria que puede condicionar evaluaciones internas, relaciones jerárquicas y el desempeño profesional.

Impulso Ciudadano recuerda, además, que existe una doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impide imponer una lengua oficial como única o preferente de uso obligatorio en la Administración.

El TSJC ya ha anulado en el pasado regulaciones similares, como los protocolos lingüísticos de la Generalitat y del sector público o el reglamento de uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona, al considerar contrario a derecho relegar el castellano a una posición subordinada y condicionada a una solicitud expresa de los ciudadanos.

La entidad considera especialmente grave que esta regulación afecte a un cuerpo policial, donde, señala, la neutralidad institucional y el respeto a los derechos fundamentales deben ser principios irrenunciables. En este contexto, acusa al actual Govern de mantener una política lingüística de carácter identitario que, a su juicio, no garantiza una convivencia lingüística equilibrada ni respetuosa con la pluralidad social de Cataluña.

Por todo ello, Impulso Ciudadano acudirá a los tribunales para solicitar la anulación del artículo 37 del decreto, al entender que la cooficialidad lingüística no consiste en promover una lengua y relegar otra, sino en garantizar que ambas sean lenguas normales de trabajo en la Administración y en los servicios públicos.

Otras iniciativas en materia lingüística

El debate jurídico en torno al uso del catalán en el ámbito institucional y administrativo se produce en un contexto más amplio de impulso de la política lingüística por parte de la Generalitat. En los últimos días, el Departamento de Política Lingüística ha anunciado nuevas ayudas públicas destinadas a promover el uso del catalán tanto dentro como fuera de Cataluña.

En el marco de una visita oficial a Perpiñán, el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha anunciado que se van a conceder varias subvenciones a entidades del sur de Francia, con el objetivo de reforzar el conocimiento, la enseñanza y la presencia social de la lengua catalana.

Entre ellas, destaca la ayuda a la Associació per a l’Ensenyament del Català (Aplec), que recibirá 80.000 euros para desarrollar un proyecto de fortalecimiento del catalán dentro y fuera de la escuela. La iniciativa prevé ampliar la oferta de clases de lengua y cultura catalanas en varios municipios del Rosellón, el Conflent y el Vallespir, con la incorporación de nuevos docentes y la previsión de llegar a más de un millar de alumnos.

Pero el Govern ha concedido también 17.000 euros a la Fundació Arrels para el proyecto de consolidación del catalán en Ràdio Arrels, una emisora con sede en Perpiñán que emite íntegramente en catalán desde hace más de cuatro décadas, y que combina informativos diarios con la renovación de su archivo musical.

En paralelo, el Departamento de Política Lingüística, junto con el Consorcio para la Normalización Lingüística, ha iniciado el despliegue del programa de acogida lingüística «Benvinguts a Catalunya, benvinguts al català» (bienvenidos a Cataluña, bienvenidos al catalán), dirigido a personas recién llegadas.

La iniciativa tiene como objetivo informar sobre la importancia de aprender catalán y facilitar el acceso a los recursos formativos disponibles, mediante la entrega de materiales de bienvenida y orientación personalizada. El programa ya se ha puesto en marcha en 21 municipios, con 31 puntos de distribución, once de ellos en Barcelona.