La consejera de Educación, Esther Niubó, y el presidente catalán, Salvador Illa, en una imagen de archivo
Cataluña
El gobierno de Illa oculta información al Defensor del Pueblo sobre la discriminación del español en las aulas
Así lo denuncia Sociedad Civil Catalana, que asegura que la Generalitat no ha respondido a los requerimientos del Defensor del Pueblo
Sociedad Civil Catalana (SCC) ha denunciado públicamente que el gobierno de Salvador Illa (PSC) no ha respondido a los requerimientos oficiales enviados por el Defensor del Pueblo para recabar información sobre las medidas educativas destinadas a garantizar el aprendizaje en castellano en los centros escolares de Cataluña. En definitiva, acusa a la Generalitat de ocultar datos sobre el uso del español en las aulas.
Según la entidad, la institución dirigida por Ángel Gabilondo ha remitido ya varios avisos formales a la administración autonómica recordándole su «inexcusable deber de colaboración», después de que SCC presentara en 2024 una queja solicitando que se investigara una posible discriminación lingüística hacia alumnos hispanohablantes.
La asociación afirma que recibió el pasado 6 de febrero una notificación oficial en la que el Defensor lamenta el retraso en la obtención de información necesaria para esclarecer los hechos denunciados. Según su versión, el organismo estatal ha tenido que reiterar hasta en dos ocasiones, y posteriormente una tercera, la solicitud de datos al Departamento de Educación ante la falta de respuesta.
Origen de la queja
El escrito presentado por SCC se dirigía contra el Decreto 91/2024 sobre el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario catalán. La entidad alertaba del riesgo de que, pese a la suspensión cautelar inicial dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, la normativa se estuviera aplicando de facto.
Posteriormente, en septiembre de 2025, el alto tribunal estimó parcialmente ese recurso y anuló varios artículos del decreto. Aun así, el Defensor del Pueblo ha mantenido abierta su actuación informativa para determinar qué directrices concretas se trasladaron a los centros educativos.
El presidente de SCC, Alex Ramos, sostiene que la falta de respuesta de la Generalitat «hace temer que se esté ocultando información relevante» y acusa al Ejecutivo catalán de utilizar la política lingüística educativa como una «herramienta de exclusión del español».
Ramos asegura que la entidad ha detectado que el castellano no se estaría garantizando adecuadamente en las aulas y vincula esa situación con tasas más elevadas de fracaso escolar entre alumnos castellanohablantes. En su opinión, el modelo de inmersión lingüística actual vulnera derechos constitucionales, en particular el principio de no discriminación por razón de lengua.
La entidad concluye que continuará impulsando acciones institucionales hasta lograr, según afirma, «un sistema educativo más justo y equitativo» que respete los derechos lingüísticos de todos los alumnos.
