El gobierno de Illa busca un «dinamizador lingüístico» para fomentar el catalán en la Ciudad de la Justicia

El Departamento de Justicia de la Generalitat oferta una plaza de dinamizador lingüista, del Grupo B1, para dar servicio a los partidos judiciales de Barcelona y de Hospitalet de Llobregat. Es decir, esta persona trabajará en la Ciudad de la Justicia.

¿Y a qué se dedica un dinamizador? Según consta en la convocatoria, su función es la de «promover» el uso del catalán en la Administración de justicia; también tiene que apoyar a las oficinas judiciales para que trabajen en catalán; «velar» por el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos ante la Administración de justicia e informar de las incidencias.

Pero además, deberá impartir cursos de lenguaje jurídico y de catalán para el personal; evaluar los conocimientos impartidos en estos cursos; llevar a cabo tutorías y hacer un seguimiento de los alumnos; traducir leyes, protocolos, convenios y otros textos legales del castellano al catalán; corregir documentos desde un punto de vista lingüístico y elaborar materiales didácticos de lengua jurídica.

De hecho, para poder acceder a la plaza, tanto si se trata de personal laboral fijo de la Generalitat como de alguien externo, además de estar en posesión de una diplomatura o grado universitario, se pide el certificado de nivel de suficiencia de catalán, es decir, el C1, del Departamento de Política Lingüística o equivalente.

No hay que perder de vista que el uso del catalán en la Administración de Justicia continúa siendo uno de los grandes retos del sistema judicial en Cataluña. Según los últimos datos de la Consejería de Justicia, solo el 6,5% de las sentencias dictadas en Cataluña están redactadas en catalán.

Ante esta situación, el Govern ha puesto en marcha varias iniciativas para fomentar su uso en los juzgados. Entre ellas destaca un sistema de incentivos económicos dirigido a profesionales del derecho. En el turno de oficio, por ejemplo, los abogados reciben un complemento de 25 euros por cada actuación realizada en catalán, una medida que forma parte de un convenio entre el Departamento de Justicia y el Consejo de la Abogacía Catalana. Este plan ha tenido cierto impacto: las actuaciones en catalán en el turno de oficio se han duplicado en tres años, pasando de 7.483 en 2021 a 15.348 en 2024.

La Generalitat también estudia recuperar incentivos dirigidos específicamente a jueces y magistrados. En el pasado se ofrecían compensaciones económicas por redactar sentencias en catalán, y el Govern ha planteado reactivar este sistema para aumentar la presencia de la lengua en las resoluciones judiciales.

Faltan jueces

Sin embargo, el problema del catalán en la justicia no se explica solo por factores lingüísticos. El propio Departamento de Justicia reconoce que el sistema judicial catalán arrastra un déficit estructural de personal. El consejero de Justicia ha señalado que Cataluña necesitaría alrededor de 100 jueces más para alcanzar los módulos de trabajo previstos, una carencia que contribuye al colapso de algunos juzgados y a la lentitud de los procedimientos.

Las previsiones institucionales apuntan precisamente en esa dirección. En la actualidad, Cataluña cuenta con unos 870 jueces, y los planes del Gobierno prevén elevar la cifra hasta unos 1.050 en los próximos años para aproximarse a los estándares europeos y responder al aumento de la población y de la carga judicial. Aunque no solo faltan jueces, también funcionarios.

Y en esta cuestión incide el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano. Recuerda que, «con los juzgados colapsados por falta de medios y personal», la Generalitat ha convocado plazas de dinamizador lingüístico. Escolano añade: «Traduzco: inquisidores lingüísticos y chafarderos fisgones pagados con dinero público para vigilar si hablamos catalán o no».