Los defensores del español en las aulas catalanas pasan al ataque ante el «no» de Illa a aplicar la sentencia

La batalla judicial por el modelo lingüístico en las aulas catalanas entra en una nueva fase. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha activado un plan de actuación con el objetivo de forzar la aplicación efectiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló parcialmente el decreto lingüístico aprobado por la Generalitat en 2024.

La iniciativa llega después de que el propio tribunal haya avalado la ejecución provisional del fallo, lo que, en la práctica, implica que los artículos anulados, hasta once, no pueden seguir aplicándose mientras el caso se resuelve definitivamente en el Tribunal Supremo. Para la AEB, este escenario obliga a una adaptación inmediata del sistema educativo y deja sin cobertura legal los elementos centrales del modelo de inmersión lingüística.

El fallo judicial considera contrarios a derecho diversos preceptos que situaban el catalán, y el aranés en su ámbito, como lenguas «normalmente vehiculares» en todos los ámbitos de la vida escolar: docencia, comunicaciones, actividades y evaluación. Según la resolución, este planteamiento relega el castellano a un papel subordinado, sin reconocimiento efectivo como lengua vehicular, lo que vulneraría el principio de cooficialidad y derechos fundamentales como la igualdad o la educación.

La anulación afecta tanto a los principios generales del decreto como a su aplicación práctica en los centros: desde los proyectos lingüísticos hasta los criterios de evaluación o los protocolos de acogida del alumnado recién llegado. El tribunal aprecia que el modelo diseñado configuraba, en la práctica, un sistema monolingüe incompatible con el marco constitucional.

En este contexto, la AEB solicitó la ejecución provisional de la sentencia para evitar, según argumenta, que se mantuviera un régimen ya declarado ilegal durante la tramitación de los recursos. El TSJC ha aceptado parcialmente esta petición, permitiendo que los efectos anulatorios tengan aplicación inmediata.

La entidad sostiene que no aplicar el fallo supondría consolidar situaciones contrarias a derecho: desde posibles sanciones a docentes por usar el castellano hasta la continuidad de proyectos lingüísticos basados en normas ya invalidadas. A su juicio, esto generaría inseguridad jurídica para profesores, centros y familias, además de limitar el derecho del alumnado a recibir enseñanza en ambas lenguas oficiales.

Un plan de presión jurídica y educativa

El plan diseñado por la AEB combina medidas institucionales, acciones legales y apoyo directo a la comunidad educativa. De hecho, va más allá de una declaración de intenciones y establece una hoja de ruta concreta. En primer lugar, la entidad requerirá formalmente al Departamento de Educación que dicte instrucciones urgentes para adaptar el sistema al nuevo marco jurídico. Entre las medidas exigidas figuran la suspensión inmediata de los artículos anulados, la revisión de los proyectos lingüísticos y la paralización de cualquier expediente sancionador vinculado al uso del castellano.

Pero el foco principal está en los propios centros educativos. La AEB ha anunciado que revisará uno a uno los proyectos lingüísticos de las escuelas e institutos para detectar aquellos que sigan respondiendo a un modelo monolingüe en catalán. A estos centros se les exigirá que introduzcan cambios para reconocer expresamente el castellano como lengua vehicular de enseñanza junto al catalán. El aviso es explícito: si no se produce esa adaptación, la entidad acudirá a los tribunales.

La AEB deja claro que no se limitará a recomendaciones. En los casos en los que los centros no modifiquen sus proyectos lingüísticos o mantengan prácticas contrarias a la sentencia, interpondrá recursos administrativos y contencioso-administrativos contra esas escuelas.

Esta estrategia supone trasladar el conflicto directamente al terreno judicial centro por centro, con el objetivo de generar jurisprudencia y obligar a la Administración a aplicar el fallo de forma efectiva. La entidad también contempla impugnar programas específicos como el de usos lingüísticos (ULAE) si considera que perpetúan el modelo anulado.

En paralelo, el plan incluye la suspensión de cualquier sanción o expediente disciplinario relacionado con el uso del castellano. La AEB considera que mantener este tipo de procedimientos, basados en normas anuladas, podría constituir una vulneración de derechos y abrir la puerta a acciones legales adicionales.

La estrategia incorpora también un despliegue de apoyo jurídico a la comunidad educativa. La entidad proporcionará modelos para que las familias soliciten enseñanza en castellano, así como asistencia legal a profesores y alumnos que denuncien discriminación lingüística.

En los casos más extremos, la AEB no descarta acudir a la vía penal. El plan contempla acciones por presunta prevaricación administrativa o coacciones si se detectan conductas sistemáticas de persecución o abuso de autoridad vinculadas al uso de la lengua.

La presidenta de la AEB, Ana Losada, ha enmarcado este plan como una respuesta a lo que considera una resistencia del Govern a acatar la sentencia. Según su valoración, la ejecución provisional no puede quedar en papel mojado y debe traducirse en cambios reales en las aulas.

Losada ha subrayado que la prioridad es «proteger» a los docentes que, según denuncia, han sido sancionados o presionados por utilizar el castellano, así como a los alumnos que se sienten discriminados por su lengua. Y ha dejado claro que la entidad utilizará todos los instrumentos a su alcance para garantizar el cumplimiento del fallo.